El Gobierno está negociando a varias bandas la fórmula para poner en marcha un permiso retribuido para los padres que no puedan asistir a sus puestos de trabajo por tener que permanecer al cuidado de sus hijos menores ante brotes de Covid en las aulas y eventuales cierres de los colegios. Es el Ministerio de Educación y Formación Profesional el que está pilotando las conversaciones con varios departamentos potencialmente involucrados, incluidos Sanidad, Trabajo y Seguridad Social, por razones obvias, pero también Función Pública, porque estas situaciones también pueden afectar a los más de dos millones y medio de funcionarios que hay en España, según avanzan a La Información fuentes del equipo de Isabel Celaá.
Al igual que los empleados públicos quedaron incluidos en el "permiso retribuido recuperable" que se activó a principios de la pandemia como respuesta al cierre de toda actividad no esencial -el Real Decreto ley 10/2020 afectó "a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado" y cuya actividad no hubiera sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma- el Gobierno planea ahora incluir a los funcionarios en la nueva fórmula que busca dar cobertura jurídica a los padres trabajadores que se vean en la situación de tener que quedarse en casa, al cargo de sus hijos, ante la suspensión de las clases por positivos entre los compañeros.
En este sentido, fuentes del Ministerio de Educación explican que, en paralelo a las conversaciones que se mantienen con las comunidades autónomas para ajustar los parámetros de la vuelta al cole a nivel nacional, algunas regiones han solicitado a Celaá que estudie la posibilidad de habilitar una especie de "subsidio de conciliación" que permita a los padres cuidar de sus hijos en caso de brote en el colegio. Como esta cuestión no depende de Educación, sino que afecta directamente a Trabajo y Seguridad Social, la ministra se ha comprometido a tratar el asunto con los departamentos correspondientes, abriendo el abanico a Función Pública para dar cobertura al colectivo de los funcionarios, según las fuentes consultadas.
La ministra confirmó ayer que el Gobierno está estudiando contrarreloj las opciones que podrían dar cobertura a los padres que se vean en esta situación a partir de septiembre, como adelantó La Información. Celaá contempló un permiso retribuido, si bien no concretó si implicaría la recuperación de las horas de trabajo perdidas, como sucedió con la herramienta puesta en marcha durante el cierre de toda actividad no esencial. Y también hizo referencia a la baja por enfermedad, sin profundizar más. Hasta ahora, el Gobierno ha aprobado bajas laborales por Covid-19 en los casos de cuarentenas preventivas, asimiladas a accidentes de trabajo y, por tanto, mejor retribuidas que las bajas por enfermedad común. "Son fórmulas que hemos de articular", zanjó la titular de Educación sin aportar más datos.
Críticas de la patronal
El anuncio, vago en concreción, no ha sentado nada bien en la patronal. Fuentes de la CEOE denuncian que el Gobierno no se ha puesto en contacto con los agentes sociales para tratar este asunto y, de nuevo, se han enterado por la prensa de una cuestión tan relevante para las empresas, que son las que tendrán que asumir el coste de este permiso, si es así como finalmente se articula. Desde la vicepresidencia de la patronal, Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, lamenta que el Gobierno "ha vuelto a saltarse el diálogo social" al anunciar una medida que "supondrá un coste adicional para las empresas que no vamos a aceptar". Amor recuerda que ya existen mecanismos como la baja laboral para los trabajadores que tengan que permanecer en cuarentena y rechaza un permiso como el puesto en marcha en Semana Santa porque "fue catastrófico para las empresas".
Desde Educación insisten en que no hay nada cerrado, porque el tema todavía se está tratando con los ministerios implicados. Por su parte, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones descartan tomar parte en este asunto hasta que el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas tomen una decisión al respecto en su reunión sectorial. Sin embargo, el equipo de Celaá afirma que no está previsto que en la cita de este jueves se aborde la cuestión concreta de la cobertura a los trabajadores que sean padres y se vean afectados por suspensiones de las clases por Covid. Mientras, el Ministerio de Trabajo, responsable del permiso retribuido recuperable aplicado durante el parón económico decretado entre el 30 de marzo y el 9 de abril no se ha pronunciado al respecto.
Fuentes conocedoras de las conversaciones que mantienen estos días entre distintos ministerios explican que una de las opciones que se ha valorado es la aprobación de un "subsidio de conciliación" al que puedan acogerse los trabajadores que, sin tener opción de teletrabajar, se vean obligados a quedarse en sus casas para cuidar de sus hijos ante el cierre de su centro escolar. Se trataría de poner en marcha una prestación extraordinaria como la que ya anunció el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en pleno estallido de la pandemia, pero que nunca llegó a desarrollarse porque poco después se procedió al cierre de toda actividad no esencial y se impuso el teletrabajo con carácter general en las empresas.
Más opciones sobre la mesa
Ahora, fuentes del departamento de Escrivá adelantan que, una vez se despejen las incógnitas de la vuelta al cole a nivel nacional, tocará "evaluar la posibilidad de reactivar esta ayuda". El ministro planteó el 11 de marzo, tres días antes de la imposición del estado de alarma, que los progenitores que tuvieran que quedarse al cargo de sus hijos y no obtuvieran una solución de trabajo no presencial por parte de la empresa podrían solicitar una "compensación de ingresos" por el tiempo que tuvieran que pasar en casa "a través de una prestación de la Seguridad Social". Cinco meses después y ante la inminente reapertura de las aulas, el Ministerio se abre a estudiar esta opción, si bien, como se ha matizado, todavía no está claro cuál va a ser la fórmula final ni sobre qué departamento va a recaer esta ayuda.
Desde el Ministerio de Trabajo, otro de los potencialmente implicados en el diseño de esta eventual prestación, recuerdan que Yolanda Díaz puso en marcha el plan 'Me cuida', que fija el derecho de los trabajadores a reorganizar su trabajo a efectos de facilitar el cuidado y a reducir su jornada con pérdida proporcional del salario y sin que su ausencia pueda implicar sanciones. Pero los sindicatos exigen que esa reducción de jornada tenga aparejada una prestación. También existe la opción de implantar una especie de "cheque" que permita a las familias contratar personal para cuidar de sus hijos. Se trataría de una iniciativa similar a la puesta en marcha en Italia a través del "cheque niñera" ('bonus babysitter') y que todavía no está claro si dependería del Ministerio de Hacienda o de las comunidades autónomas.
