Tras otra de las maratonianas reuniones a las que acostumbra el diálogo social -en esta ocasión, de más de cuatro horas- el sindicato CCOO comunicaba este miércoles a la prensa una importante novedad en la negociación sobre los repartidores de plataformas digitales: "Las organizaciones empresariales acceden a la laboralidad de los riders". Fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaban el consenso en este aspecto, pero inmediatamente después desde la CEOE matizaban la avalancha de titulares sobre la coincidencia de las partes acerca de considerar al colectivo como trabajadores asalariados: "La reunión ha terminado sin acuerdo, pero con el compromiso del Ministerio de Trabajo de remitir un nuevo texto. Se va a seguir trabajando para poder alcanzar un acuerdo". Lo que sucedió tanto en la mesa tripartita como en las horas previas al encuentro entra bambalinas de las patronales es clave para comprender el baile de declaraciones.
Los empresarios pusieron una propuesta sobre la mesa este miércoles, por primera vez en más de tres meses de negociaciones en los que se han sucedido una decena de reuniones. El planteamiento se limita a acatar la sentencia del Tribunal Supremo, que ha dictaminado que la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo es laboral y, por tanto, el rider es un falso autónomo. Aunque desde la patronal aseguran que ese es el enfoque desde el que se ha abordado esta negociación desde el principio, fuentes del diálogo social afirman que, hasta el momento, la CEOE nunca había oficializado esa postura en ninguna de las reuniones anteriores. Se entiende, de este modo, que los empresarios han accedido a laboralizar a los riders estableciendo por ley su condición de asalariados.
La organización empresarial llevaba días preparando su posicionamiento en la que estaba previsto que fuera la última reunión, la celebrada este miércoles. Los contactos se intensificaron en las horas previas, según explican fuentes conocedoras de estas conversaciones. No en vano, Antonio Garamendi ha tenido que afanarse por lograr un consenso dentro de su propia organización, dividida entre los partidarios de la regulación para salvar las desventajas competitivas con sus modelos laborales de reparto y logística tradicional y las empresas que defienden el escaso marco regulatorio actual. "La presión de las plataformas digitales ha sido fuerte", desvelan las fuentes consultadas, lo que ha provocado que, hasta ahora, la CEOE se hubiera mantenido en el 'no' rotundo a regularizar el sector.
Pero el Ministerio de Trabajo también ha presionado desde su flanco. Según se acercaba la fecha de la última reunión, dirigentes ministeriales como el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, dejaban claro que no van a renunciar a su responsabilidad legislativa si no se logra un acuerdo en el seno del diálogo social. La CEOE, no obstante, siempre ha contado con el comodín de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, quien ha venido frenando algunas de las pretensiones de Yolanda Díaz por irrumpir en sus competencias en aspectos como el registro de plataformas digitales, inicialmente planteado en los borradores. En consecuencia, Trabajo ha rebajado el alcance de la regulación hasta prácticamente trasladar al BOE la sentencia del Supremo, como se detalló en estas páginas. Pero sigue sin convencer a los empresarios.
A la espera de conocer el texto final que Trabajo tiene previsto remitir a los agentes sociales, que promete recopilar las propuestas de patronal y sindicatos y sobre el que se harán solo retoques técnicos, fuentes de la patronal muestran sus reticencias. Para empezar, critican que el último borrador emplea "términos ambiguos" en la definición del colectivo que se pretende incluir en el ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores y de la concurrencia de condición de empleador. Esto, a su juicio, debe clarificarse, porque supone "una gran inseguridad jurídica". Pero no solo eso. La CEOE considera que esa ambigüedad podría dar cabida a que se contemple la laboralización forzosa de trabajadores de plataformas en entornos ajenos a los repartidores de comida a domicilio, que es en los que se centra la sentencia del Supremo y hasta donde ellos están dispuestos a llegar.
Más allá, la patronal rechaza cualquier otra modificación del Estatuto de los Trabajadores. Es más, los empresarios van a apoyar al Ministerio en la laboralización de los riders siempre que se mantenga, como por otro lado no puede ser de otra manera, la posibilidad de que las plataformas cuenten con trabajadores autónomos cuando éstos sean necesarios, en base a la legalidad vigente. De modo que, dentro del modelo laboral por cuenta ajena generalizado, empresas como Glovo, Deliveroo, Just Eat o Uber Eats mantengan una cierta flexibilización para compaginar a los asalariados con otros modelos de contratación. Lo que rechaza la CEOE, en definitiva, es que se "encorsete" en la misma ley a todo un colectivo con diversas situaciones laborales solo por prestar sus servicios a plataformas digitales.
Las fuentes consultadas dentro del ámbito empresarial zanjan el debate: "La legislación ya tiene mecanismos suficientes para determinar dónde hay un falso autónomo, desde la Inspección de Trabajo hasta los tribunales, por lo que todo lo que sea ir más allá supone limitar la libertad de empresa y eso es inadmisible". De este modo, la CEOE lanza una advertencia al Ministerio de Trabajo: "El acuerdo no está cerrado y si el texto final va más allá de laboralizar, con cierta flexibilidad, a los repartidores de delivery, no estaremos en la foto". Otras fuentes son más contundentes y hablan de un "desencuentro pactado" para justificar, entre la fuerte división interna en la patronal, el principio de acuerdo basado simplemente en el cumplimiento de la sentencia del alto tribunal. "No habrá acuerdo final", vaticinan.
Descontento sindical
En el lado opuesto, las organizaciones sindicales manifestaron este miércoles al término de la reunión su confianza en que el documento final de Trabajo "reconozca la condición de empresarios y trabajadores por cuenta ajena, trasladando a la normativa lo establecido por la sentencia del Tribunal Supremo", pero lamentaron "la intención expresada por el Gobierno de que este reconocimiento de la relación laboral se limite a los repartidores y no abarque a quienes, en las mismas condiciones descritas por la sentencia, realizan su trabajo para otras plataformas digitales que están utilizando de forma fraudulenta el trabajo autónomo".
Con todo, Garamendi aseguraba ayer a última hora de la tarde que los empresarios tienen voluntad de llegar a un acuerdo para cerrar el texto de la ley que fijará, como es intención del Ministerio de Trabajo, la laboralidad de los repartidores de las plataformas digitales. Todo esto, mientras asociaciones de riders como la Asociación Autónoma de Riders (AAR), la Asociación Profesional de Riders Autónomos sostienen que la laboralidad les aboca a la precariedad y el paro y defienden su condición de autónomos.
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