En el 'pacto de las pensiones'

CEOE arranca a Escrivá un acuerdo para abaratar las bajas a partir de los 62 años

Seguridad Social acepta sufragar el 75% de la cotización empresarial en las bajas por enfermedad común de mayores de 62 años a cambio del apoyo de CEOE a las medidas de prolongación de la vida laboral.

garamendi escrivá
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá
EFE

Hay ocasiones en que lo que es bueno para el sistema no tiene por qué ser bueno para todas sus partes. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, tenía muy claro que uno de los objetivos clave de su reforma de las pensiones tenía que ser asegurar que la edad real de jubilación se aproximara a la edad legal y que para evitar la medida impopular de tener que subir ésta, como nos acaba de recomendar la OCDE,  uno de los caminos más rectos era incentivar la permanencia en el empleo de los trabajadores que así lo quisieran más allá de la edad prevista en la norma, que es de 65 años para los que acrediten una carrera laboral con más de 37 años y tres meses cotizados y de 66 años para los que estén por debajo de ese umbral. 

El reverso de esta estrategia, que se va a concretar en el pago por parte de la Seguridad Social de un cheque de hasta 12.000 euros a los trabajadores que decidan prologar su vida laboral,  es que conseguir tal cosa va contra la estructura de costes de las empresas que de alguna manera se ven forzadas a mantener en plantilla a trabajadores más caros y con más propensión a tener bajas, en lugar de sustituirlos por trabajadores jóvenes con nóminas menos gravosas y mayor vigor en términos de salud. CEOE ha puesto de manifiesto el sobrecoste que para las empresas tiene esta estrategia desde el inicio de las negociaciones para la reforma de las pensiones, según confirman fuentes del diálogo social, y ha conseguido que el Gobierno asuma parte de esta eventual factura a futuro por la vía de sufragar con cargo al erario público parte del coste que el mantenimiento de trabajadores de edad avanzada puede tener para las empresas.

El principio de acuerdo alcanzado por Gobierno, patronal y sindicatos para la reforma de las pensiones, al que ha tenido acceso La Información y que previsiblemente se ratificará este lunes por parte de los agentes sociales, recoge en su punto séptimo, bajo el epígrafe 'Reducción en la cotización para trabajadores mayores de 62 años en procesos de IT', una nueva cláusula en virtud de la cual la Seguridad Social asumirá el 75% de la cotización empresarial en los procesos de baja por enfermedad común que afecten a trabajadores por encima de los 62 años. 

El texto del acuerdo señala que esta medida se adopta "con el fin de favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo". Fuentes conocedoras de la negociación aclaran, sin embargo, que esta medida ha sido solicitada por CEOE para compensar parte del sobrecoste que tendrán que asumir las empresas por la previsible mayor carga salarial y mayor coste en términos de jornadas de trabajo perdidas que tendrán que afrontar por una eventual mayor permanencia de los denominados 'trabajadores silver' en el mercado de trabajo a partir de las medidas de incentivo a la prolongación de la vida laboral que prevé el acuerdo.

Incentivos y medidas legales para retrasar la jubilación

El departamento que dirige José Luis Escrivá ha decidido afrontar el asunto desde una doble vertiente. La primera de ellas hace referencia a los incentivos que tienen los trabajadores para continuar trabajando más allá de la edad de jubilación. Escrivá manifestó desde su aterrizaje en el Ministerio que los incentivos a la prolongación de la vida laboral existentes en el sistema eran escasos y mal alineados, una impresión inicial que se ha ratificado posteriormente tanto por informes del Banco de España, que han puesto de manifiesto la ineficacia financiera de continuar trabajando más allá de la edad legal, como por las encuestas internas encargadas por el Ministerio, que han convencido al equipo de Seguridad Social de la inclinación de la población cercana a jubilarse a continuar trabajando en el caso de que existieran incentivos suficientes para ello.

A partir de esas evidencias, el Ministerio ha planteado un paquete de incentivos entre los que el principal sería el abono de una cantidad a tanto alzado que alcanzaría los 11.000 euros al año en el caso de la pensión máxima y que podría incrementarse otro 10% adicional (hasta los 12.000 euros) para los trabajadores con largas carreras de jubilación (más de 44 años y medio). En opinión del ministro Escrivá, este  nuevo esquema de incentivos hará "mucho más atractiva" la permanencia en el empleo a aquellos trabajadores que puedan y deseen seguir trabajando. Como ejemplo ha planteado que los ingresos de un pensionista al que le correspondería una pensión anual de 15.000 euros si se jubilara a la edad ordinaria se verían incrementados hasta los 21.285 euros con una demora de un año y hasta los 27.570 euros con una demora de dos años.

El otro flanco en el que actúa el acuerdo de pensiones se sitúa en la negociación colectiva. Hace apenas dos años, el Ministerio de Trabajo, entonces con Magdalena Valerio al frente, decidió recuperar la posibilidad de que los agentes sociales pactaran en la negociación colectiva acuerdos para forzar la jubilación de trabajadores a los 65 años, una posibilidad que desde entonces se han incorporado a más de 200 convenios colectivos y que ya afecta a cientos de miles de trabajadores.

El equipo de José Luis Escrivá ha puesto esta cláusula en el punto de mira desde el primer momento pero, lógicamente, al tratarse de una disposición respaldada tanto por sindicatos como por empresarios, ha tenido que ceder en las condiciones. El acuerdo alcanzado respeta las cláusulas de jubilación forzosa vigentes hasta el año de vencimiento del actual convenio y renuncia a su prohibición, habilitando la posibilidad de que se pacten pero solo a partir de los 68 años, no de los 65 años.

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