"Se exige un mantenimiento del empleo durante seis meses y va a ser complicado que un empresa pueda mantener la plantilla al arranque de su actividad, sobre todo en el sector servicios". Hace ya un mes que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, puso sobre la mesa la necesidad de replantearse la controvertida cláusula que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz impuso en la regulación de los ERTE por causa de fuerza mayor para conseguir, como se encargó de subrayar la ministra tanto tras la aprobación del instrumento como durante los días siguientes, que ninguna empresa despidiera a sus trabajadores alegando como causa las consecuencias del coronavirus.
La regulación de los ERTE por causa de fuerza mayor fue una de las primeras medidas del Gobierno para hacer frente a las consecuencias del coronavirus y, aunque se hizo esperar, se puso en marcha cuando todavía se pensaba que la paralización de la actividad económica sería una cuestión pasajera y que ésta se reactivaría sin mayores problemas en cosa de semanas. El tiempo ha demostrado que la crisis dejará cicatrices permanentes en el tejido productivo y CEOE ha estimado que en este contexto ya no tiene ningún sentido el mantenimiento de una cláusula que de alguna manera 'encadena' a las empresas en ERTE a sus plantillas pese al desplome real de la actividad.
CEOE ya ha expuesto tanto en el diálogo social como en las mesas de negociación con el Gobierno que ve necesario que se flexibilice la regulación de los ERTE para evitar que el levantamiento del estado de alarma se traduzca en una ola de despidos, pero por si sus argumentos no fueran lo suficientemente persuasivos ha activado la 'vía parlamentaria' para tratar de arramblar con la regla que conmina a las empresas a mantener sus plantillas durante los seis meses siguientes a la reanudación de su actividad so pena de algún tipo de penalización.
CEOE ha incluido la supresión de esta cláusula dentro de un documento de propuesta de enmiendas al primer Real Decreto de medidas económicas del Gobierno -el publicado el pasado 18 de marzo- que se acordó a nivel interno hace unos días y que la organización acaba de remitir a los grupos parlamentarios, según confirman fuentes de la organización empresarial. El documento plantea, en concreto, la eliminación de la disposición adicional sexta del mencionado real decreto en la que se concreta que las medidas extraordinarias en el ámbito laboral "estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad", es decir, desde el levantamiento del 'estado de alarma', momento en el que el ERTE decaería según su regulación actual.
La avalancha de consultas sobre el alcance real de esta salvaguarda y la presión de los empresarios -que ya habían advertido en su día que si se introducía esa cautela debía ser por un periodo más amplio, como mínimo de un año- aconsejaron al Gobierno matizar su alcance apenas dos semanas después, como recogió La Información. El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aclaró que la mencionada disposición "debe entenderse como la voluntad de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la finalización de las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos basadas en el Covid-19". La "voluntad", no la "obligación".
CEOE no se fía
Las fuentes empresariales consultadas admiten que la nueva redacción planteada por el Gobierno suaviza la versión inicial...pero no les termina de convencer. Según estas mismas fuentes, y tras el debate que se produjo dentro de la organización empresarial respecto a este medida, CEOE llegó a la conclusión de que el mantenimiento en la norma de cualquier referencia a esa salvaguarda durante un periodo de seis meses es susceptible de ser utilizada en contra de las empresas en el futuro y que la alternativa es eliminarla del texto legal para evitar cualquier asomo de inseguridad jurídica sobre el asunto.
Desde CEOE recuerdan que según las propias estimaciones del Gobierno son ya más de cuatro millones los trabajadores incluidos en un ERTE y que el deterioro de la situación económica hará bastante complicado que el tejido empresarial sea capaz de reabsorber por mucho que quiera todo ese empleo en el momento en que se levante el 'estado de alarma'.
El responsable del área de Relaciones Institucionales de CEOE, Toni Picó, ya ha empezado a mover el documento entre los grupos parlamentarios y según el 'feedback' que se ha recibido en Diego de León, 50, la medida tiene garantizado el respaldo de buena parte del ala más moderada del hemiciclo, incluido el relevante apoyo de los nacionalistas vascos. Un respaldo insuficiente en cualquier caso para sacar adelante la enmienda, pero en CEOE confían que sea suficiente para transaccionar un solución con el grupo socialista en el Congreso.
No será el único aspecto relativo a los ERTE que CEOE va a tratar de introducir en el debate parlamentario en torno al primer paquete de medidas económicas aprobado por el Ejecutivo. La organización empresarial también confía en poder abrir a debate en el Congreso la posibilidad de que los ERTE puedan alargarse más allá del 'estado de alarma' -actual 'deadline' según la regulación aprobada por el Gobierno- y que el Gobierno se comprometa a asumir una parte del pago de las cotizaciones de los trabajadores, aunque sea inferior a la actual, en que el Estado asume el 100% de las cuotas sociales de los trabajadores afectados por ERTE en empresas de menos de 50 trabajadores y el 75% en las de más de 50 empleados.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios