CEOE ha realizado una primera aproximación de la cifra de nóminas que los empresarios se verían obligados a revisar si, como parece, el Gobierno de Pedro Sánchez decide abordar, de acuerdo con sus socios de Unidas Podemos, una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional en su objetivo de aproximar el suelo salarial en España al entorno de los 1.000 euros. La 'cifra del pánico' que ya se ha empezado a manejar a nivel interno en la organización habla de que un nuevo 'decretazo' gubernamental en ese ámbito obligaría a las empresas a revisar al alza desde principios de año el sueldo a más de un millón de trabajadores, 1.072.000 para ser concretos, según aseguran a La Información fuentes de la Junta Directiva de la patronal.
La previsión se ha calculado sobre un escenario de subida del suelo salarial en España a los 1.000 euros, pese a que éste es un escenario cada vez más remoto según reconocen fuentes al tanto de las negociaciones para conformar Gobierno. Según estas mismas fuentes, los equipos negociadores de PSOE y Podemos han alcanzado un acuerdo para modular a lo largo de varios ejercicios el salto del SMI desde los 900 euros actuales hasta los 1.000 euros, lo que implica la renuncia explícita de las partes a imponer la llegada a esa meta del salario mínimo 'mileurista' ya en 2020 y su retraso a un ejercicio posterior.
La relajación de los ambiciosos objetivos iniciales de los negociadores no ha tranquilizado a la cúpula de CEOE. Antonio Garamendi fue tajante en la reunión de la Junta Directiva de este miércoles respecto a la intención del Gobierno de negociar el asunto en la esfera política y no en el diálogo social. El presidente de la principal organización empresarial del país trasladó a sus asociados su convicción de que deben ser los agentes sociales (patronal y sindicatos) quienes acuerden una cifra y trasladársela al Ejecutivo, y no al contrario. En declaraciones a los periodistas aseguró que es el procedimiento ideal para que no se produzcan "interferencias" y la cifra se concrete "sin presiones". El líder empresarial no olvida la "traición" del año pasado, cuando Sánchez e Iglesias acordaron subir el SMI a 900 euros en 2019 sin consultarles.
Fuentes de la patronal sostienen que Garamendi está receloso respecto al pacto que han alcanzado los líderes del PSOE y UP de manera bilateral para subir progresivamente el SMI hasta que alcance el 60% del salario medio en 2023, hasta llevarlo al entorno de los 1.000 euros. "Es una barbaridad, porque llevaría a mucha más gente a la economía sumergida", dijo ayer el empresario vasco tras hablar con Sánchez.
Garamendi ha logrado el respaldo unánime de la Junta para abrir la vía del diálogo con los sindicatos y negociar con ellos la cifra. Pero la realidad es que CCOO y UGT ya han enviado por su cuenta una carta a la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, para pedirle que suba el SMI a 1.000 euros ya a partir del 1 de enero, una opción que la negociación del PSOE con Unidas Podemos ya ha descartado. Fuentes de la cúpula de la CEOE aseguran a La Información que "en ningún caso" aceptarán esa cantidad porque "rompería" la negociación colectiva. Y van más allá al insinuar que si el Gobierno ya trabaja en base a ese nivel que le han pedido los sindicatos no se sentarán a negociar con ellos: "No tiene sentido ir a una mesa de negociación solo a ser informados".
Interlocución directa con Nadia Calviño
Pero a los empresarios no les preocupa solo el SMI sino el todo del contenido del programa económico del eventual gobierno de coalición. Por eso, ayer Garamendi transmitió a los suyos que durante la próxima legislatura tendrán interlocución directa con la futura vicepresidenta económica, Nadia Calviño. La actual ministra de Economía y Empresa en funciones es vista por los empresarios como contrapeso a las políticas de corte "bolivariano" que pueda impulsar Iglesias y su perfil moderado es garantía de ortodoxia frente a planteamientos radicales de la formación morada en materia laboral como la liquidación total de la reforma vigente, según transmiten fuentes empresariales a La Información.
La 'Operación Ibex' empieza a dar sus frutos. La propia Calviño está levantando el teléfono estos días para transmitir a los empresarios mensajes de tranquilidad sobre el rumbo que tomará la política económica del Gobierno de coalición progresista. No solo ella, también el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, y la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, han desplegado sus redes de contactos en diversos sectores para trasladar esa sensación. El mensaje está calando y los empresarios se encomiendan a la Vicepresidencia Económica.
Tal y como está diseñado el Ejecutivo PSOE-UP en estos momentos –la estructura final se dará a conocer junto con el programa, justo antes de la celebración del debate de investidura– Podemos se va a quedar con el Ministerio de Trabajo y desde allí va a impulsar la derogación completa de la herencia legislativa del PP en materia laboral. Era el mayor miedo de los empresarios. Sánchez les ha prometido que la política económica la va a manejar el PSOE y que Calviño va a conservar el control de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Y es a lo que se agarran los directivos.
Hay que recordar que la ministra de Economía en funciones ha declarado en público que no ve "productivo" revertir toda la reforma laboral. Mientras Podemos reclama la derogación completa, Calviño defiende la vía de modificar los aspectos "más lesivos", como los abusos en las subcontratas, y luchar contra la precarización y la dualidad del mercado de trabajo, así como abordar nuevas realidades, como los 'riders'. En definitiva, avanzar hacia el 'Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI', abordando en el diálogo social asuntos en los que sí podrían encontrar el beneplácito de la patronal.
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