CEOE ha detectado que los planes del Gobierno pasan por canalizar hacia el sector público más de la mitad de los fondos que previsiblemente llegarán de Europa a partir del próximo año y no ha querido dejar pasar la oportunidad de poner de manifiesto los riesgos que ello conlleva. Lo ha hecho este miércoles en la presentación del 'Documento Marco para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia de la economía española', que plasma a grandes rasgos la orientación que la organización empresarial entiende que se le debe dar a estos fondos, y lo ha hecho para advertir de que los retornos que generará esa inversión masiva de fondos en el sector público no alcanzarán para sostener los ambiciosos objetivos de recuperación que el Gobierno se ha planteado para los próximos años.
El vicepresidente de CEOE y presidente de la Comisión de Economía de la organización empresarial, Íñigo Fernández de Mesa, ha tirado de los cálculos del Banco de España para avalar la preocupación de la organización empresarial. A la luz de esa referencia, cada 10.000 millones de euros que se invierten en el sector privado multiplican por tres su potencial y aportan tres décimas al PIB, en tanto que esa misma inversión realizada en el sector público apenas genera potencial de crecimiento porque diluye la consolidación de ese gasto al dedicarse a aspectos diferentes a la inversión. Bajo esa premisa, la decisión de orientar hacia el sector público la mayor parte de los fondos europeos convertirían en inalcanzables los objetivos de crecimiento y reducción del déficit del Ejecutivo, construidos sobre unos multiplicadores de la actividad y la recaudación sin precedentes en la historia de España.
Fernández de Mesa entiende que aunque haya una porcentaje de inversión hacia lo público que es necesario para digitalizar la Administración o potenciar la formación en nuevas tecnologías de los recursos humanos, al menos dos tercios de los fondos que llegarán de Europa deberían canalizarse hacia el sector privado si lo se quiere es optimizar su capacidad de generar actividad económica y empleo. En este sentido, sostiene que esos recursos deben emplearse en primer término para evitar una destrucción del tejido productivo mayor a la que se haya podido generar ya y en segunda instancia para asegurar ese efecto multiplicador deseado sobre la economía.
"El plan debería priorizar las necesidades más acuciantes de la economía española, priorizando proyectos liderados por el sector privado como garantía de generación de valor, inversión y empleo", señala el documento presentado este miércoles por CEOE.
Incentivos fiscales para multiplicar el efecto económico
La hoja de ruta que defiende CEOE para estos fondos europeos no pasa únicamente por una aplicación adecuada de los fondos europeos en los vectores identificados por el Gobierno, que la organización empresarial dice compartir, sino por acompañar la misma con una serie de reformas estructurales y también con medidas fiscales que multipliquen su impacto. Fernández de Mesa ha insistido en la preferencia empresarial porque los fondos europeos, al igual que ya sucede en otros países, se utilicen no tanto para repartir subvenciones como para ofrecer incentivos fiscales que estimulen a las empresas a invertir en los ámbitos que se quieren potenciar dentro del Plan de Recuperación: digitalización, sostenibilidad ambiental..."Los incentivos fiscales son más eficientes, son más transparentes que las subvenciones y evitan, además, que parte de esos fondos europeos acaben en 'empresas zombi' sin viabilidad económica", ha asegurado el vicepresidente de CEOE.
Para la principal organización empresarial del país es básico, además, que el efecto tractor de los fondos europeos se acompañe de reformas estructurales que apuntalen la transición de la economía española. El documento plantea en este ámbito una reforma fiscal que contribuya al objetivo de la consolidación fiscal tras el elevado déficit con el que España saldrá de la crisis; una reforma de la Administración, para reducir la complejidad administrativa y la burocracia; una reforma de pensiones, al objeto de garantizar su sostenibilidad a futuro; una reforma laboral, para garantizar la necesaria flexibilidad del mercado de trabajo; y una reforma de la educación.
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