CEOE ha vuelto a la mesa del diálogo social....pero lo ha hecho con condiciones. Una de las prioritarias es renegociar la cláusula de salvaguarda del empleo que acompaña a los ERTE por causa de fuerza mayor y que obliga a las empresas a mantener en su plantilla a los trabajadores cuya relación laboral quedo suspendida total o parcialmente por ser incluidos en esta figura durante los seis meses siguientes a su reincorporación al tajo. El presidente de la organización empresarial, Antonio Garamendi, se ha hartado de repetir que se trata de una cláusula de imposible cumplimiento en un contexto de tanta incertidumbre como el actual y ahora que ha vuelto a la mesa de negociación con Gobierno y sindicatos está decidido a forzar la negociación para que se acepte un aligeramiento de esta disposición.
La patronal aspira a que la nueva prórroga de los ERTE, que ya se ha empezado a tratar dentro del diálogo social, deje regulados varios aspectos. El primero de ellos es que se decrete su prórroga automática y sin fecha de caducidad en tanto persista el 'shock' económico causado por la Covid-19. Por otra parte, pretende que se habiliten una serie de vías de escape para que las empresas con una situación financiera más complicada puedan ajustar sus plantillas sin verse penalizadas por ello, una posibilidad que a día de hoy sólo se prevé para las que acrediten una situación financiera que las acerque al concurso de acreedores.
Además, quieren mejorar la flexibilidad de la herramienta para que las empresas con una solvencia reconocida puedan rescatar y reintegrar alternativamente a los trabajadores en los ERTE según evolucione la demanda en un mercado. Por último, exigen suavizar el duro régimen sancionador dispuesto por el Ministerio de Trabajo, que sobre el papel obliga a las empresas a reintegrar todas las ayudas recibidas - en forma de exoneraciones sobre las cotizaciones sociales de sus trabajadores - en caso de prescindir en los seis meses siguientes a la reanudación de su actividad siquiera de uno solo de los empleados y empleadas incluidos en los ERTE por causa de fuerza mayor.
La Información ha tenido acceso a un documento interno de CEOE en el que se concretan las propuestas de la patronal respecto a los ERTE por causa de fuerza mayor. En el mismo, que recoge las reivindicaciones planteadas por los diversos sectores, se plantea una mayor delimitación del concepto de 'salvaguarda de empleo', es decir, del principio que obliga a las empresas acogidas a esta herramienta subvencionada de mantener a todos los trabajadores incluidos en la misma durante seis meses. CEOE solicita no aplicar esa cláusula cuando las suspensiones de empleo respondan a "causas objetivas ajenas a la Covid-19", es decir, a las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que prevé la normativa y que Trabajo suspendió en los primeros compases de la pandemia, ni tampoco en los casos en que esas suspensiones estén relacionadas con subrogaciones de plantilla o finalizaciones de periodo de prueba.
La propuesta elevada por los empresarios al Gobierno pretende también modular el duro régimen sancionador previsto por el departamento de Yolanda Díaz. Según la interpretación general de lo aprobado por el Ejecutivo - hay cierto debate jurídico al respecto-, las empresas acogidas a un ERTE por causa de fuerza mayor que prescindieran de alguno de sus trabajadores, saltándose la cláusula de 'salvaguarda del empleo' prevista en su regulación y que Yolanda Díaz vendió en su día como una 'prohibición de despedir' en toda regla, serán obligadas a reintegrar a la Seguridad Social todas las ayudas recibidas en forma de exoneración de pago sobre las cotizaciones sociales de los trabajadores incluidos en el ERTE y también las prestaciones especiales por desempleo percibidas por éstos.
CEOE exige un régimen sancionador más contenido, que penalice posibles fraudes, pero que especifique de forma expresa que las cotizaciones dejadas de pagar y las prestaciones efectivamente abonadas se exigirán "exclusivamente respecto de los trabajadores en los que dicho compromiso no se hubiera respetado" y no respecto de toda la plantilla incluida en el ERTE. En última instancia, reclama que la ley define de manera clara el alcance del compromiso de mantenimiento del empleo, que según los empresarios debería vincularse al mantenimiento de una relación de equilibrio entre el nivel de facturación de la empresa y el volumen de su plantilla, de modo que los ajustes de personal que simplemente traten de amoldar el tamaño de la plantilla al volumen de la cifra de negocio en la era 'post-Covid' no puedan ser penalizados por la Autoridad Laboral.
El Gobierno allana la reconciliación con la CEOE con medidas
El documento de CEOE es más amplio. Solicita que se facilite la transición del ERTE por causa de fuerza mayor al ERTE por causas económicas sin prolongar, facilitar el trámite administrativo para que los trabajadores en suspensión total pueda pasar a un régimen de actividad parcial sin tanto papeleo; o suspender la regla por la que el Gobierno prohíbe resolver los contratos temporales de los trabajadores incluidos en los ERTE a la finalización de éstos.
Algunas de las peticiones incluidas en el documento de CEOE ya han sido aceptadas 'de facto' por el Gobierno que las ha desarrollado a través de los criterios de aplicación de la norma formulados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Seguridad Social ha aceptado, por ejemplo, flexibilizar la consideración como Parcial de los ERTE por causa de fuerza mayor. Sectores como el del transporte, con la patronal Confebús a la cabeza, se habían quejado de que Trabajo activaba la consideración de ERTE parcial - que conlleva de forma automática la reducción de la exoneración de cuotas reconocida por el Gobierno - en cuanto un departamento de la empresa iniciara la actividad.
De este modo, la empresa en su conjunto perdía la exoneración prevista para los ERTE totales (entre un 75% y un 100% de exoneración en el pago de cuotas según se tengan menos de 50 trabajadores o más), en cuando un área de la empresa reiniciara la actividad, aún cuando ésta solo estuviera preparando la empresa para la vuelta a la actividad y no tuviera incidencia alguna sobre la facturación de la misma. La decisión de la Administración implica que la exoneración de cuotas sobre el conjunto de los trabajadores de la empresa pasara automáticamente a un nivel más reducido (entre un 70% y un 45%) , aún cuando no se ha reiniciado la actividad de manera efectiva.
La Seguridad Social ha cambiado este criterio y ha asegurado que la desafectación parcial de trabajadores para tareas preparatorias será compatible con el mantenimiento de la empresa en el ERTE total y, por tanto, con la percepción de las ayudas previstas en el mismo. Seguridad Social también ha admitido que las empresas puedan incorporar de manera parcial al trabajo a toda su plantilla sin perder la protección de los ERTE.
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