La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la patronal nacional que preside Antonio Garamendi, irá de la mano con Foment del Treball, la organización catalana que pilota Josep Sánchez Llibre, en la estrategia de presión para conseguir los suficientes apoyos parlamentarios para llevar al Tribunal Constitucional el nuevo impuesto a las grandes fortunas que el Gobierno aprobará previsiblemente de manera definitiva antes de que acabe el año, para su entrada en vigor en 2023.
Así lo confirman fuentes de la CEOE a La Información, después de conocerse la intención de Foment de impulsar ese recurso de inconstitucionalidad por el impuesto a los ricos. Desde la confederación nacional aseguran que, pese a las diferencias que han marcado la relación entre ambas organizaciones en los últimos meses, que culminaron con la reelección de Garamendi para otros cuatro años de mandato, CEOE y Foment harán un "frente común" en este asunto, porque comparten "la esencia de la reivindicación".
No en vano, desde la CEOE llevan tiempo impulsando este recurso en la sombra. Desde que arrancara el proceso de enmiendas a la proposición de ley que articula los nuevos impuestos a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas, la confederación ha venido promoviendo su modulación o supresión, según en qué casos, a través de los distintos grupos parlamentarios. "La labor de lobby se ha hecho desde el minuto uno, el proceso está lanzado", insisten fuentes de la cúpula de la patronal que añaden que en estos momentos están pendientes de cómo finalice la tramitación, una vez que el Senado ha rechazado los dos vetos y las 72 enmiendas presentadas por los grupos.
Sánchez Llibre anunciaba formalmente el pasado miércoles que la patronal catalana está buscando el apoyo de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados para poder impugnar el nuevo tributo ante el alto tribunal. El movimiento se interpretaba como un intento de Foment de "adelantar por la derecha" a Garamendi en esta iniciativa, pero fuentes oficiales de la CEOE restan importancia a esta maniobra del catalán e insisten en que desde la confederación ya estaban "en esa línea" desde el inicio de la tramitación parlamentaria del tributo.
Foment ya ha encargado un informe al bufete RocaJunyent que se asienta en tres "vicios claros" de inconstitucionalidad, según adelantó el abogado y asesor de la patronal Manuel José Silva Sánchez. El argumentario se basa en que vulnera la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, porque se solapa con el impuesto autonómico de Patrimonio, así como el principio de seguridad jurídica, ya que se prevé aplicar a 31 de diciembre, cuando se aprobará apenas unos días antes, sin margen de reacción, y el principio de capacidad económica de los contribuyentes, porque la denominada "tasa de solidaridad" es, a su juicio, un impuesto "confiscatorio".
En la CEOE comparten de manera generalizada los tres puntos del argumentario, aseguran las fuentes consultadas en el seno de la patronal, si bien se muestran más prudentes que Foment al respecto de anunciar formalmente que promoverán el recurso de inconstitucionalidad. "Hay que esperar a que finalice la tramitación parlamentaria y se apruebe definitivamente", insisten. A partir de ese momento, se formará ese frente común para combatir el tributo, en base a las previsiones que manejan los equipos jurídicos de ambas organizaciones empresariales asociadas.
Lo previsible es que tanto la CEOE como Foment del Treball busquen el apoyo del Partido Popular para que ponga a su disposición los diputados necesarios para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional, como ya sucedió en 2021 con el Impuesto de Patrimonio. Si bien desde ambas organizaciones afirman que todavía no se han producido contactos previos con el grupo parlamentario del PP, a la espera de que la nueva normativa quede definitivamente aprobada (previsiblemente en el pleno del Senado que se celebrará el jueves 22, si no tiene que volver al Congreso).
En Foment se da por descontado ese respaldo de CEOE para aunar apoyos parlamentarios y de comunidades autónomas, como Madrid o Andalucía, que ya han avanzado que recurrirán el impuesto ante el TC. La organización catalana pondrá su informe jurídico a disposición de la CEOE, de los partidos políticos y de los particulares que lo soliciten, con el objetivo de "buscar el máximo de complicidades" y batallar en los tribunales con todos los argumentos posibles, tal y como avanzó Silva en rueda de prensa.
De este modo, CEOE y Foment dejan a un lado sus diferencias por un interés común. Después de que Sánchez Llibre impulsara una candidatura alternativa a Garamendi, que encabezó la vicepresidenta de la patronal catalana, Virginia Guinda, el reelegido empresario vasco va a apostar por una gestión conciliadora e integradora y no por pasar cuentas al flanco opositor, según garantizan desde su equipo más cercano. La reunión de la Junta Directiva del próximo miércoles, en la que Garamendi comunicará la nueva composición, será clave para adoptar decisiones en esta y otras materias.
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