La presión empresarial ha obligado a los sindicatos y al Gobierno a aparcar las prisas por derogar la reforma laboral del PP. Sin acuerdo entre los agentes sociales, el Ejecutivo ha terminado por descartar la opción de aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes, el último antes de la disolución de las Cortes, el mini paquete de medidas que buscaba tumbar los aspectos "más lesivos" de la legislación que introdujo Mariano Rajoy en el año 2012.
El objetivo es consensuar las alejadas posturas en torno a tres aspectos concretos y complejos: la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad de los convenios (vigencia indefinida mientras no se negocie otro) y el establecimiento de un control horario.
La patronal lleva meses manifestando su oposición frontal a estas tres medidas y, finalmente, los sindicatos han visto frustradas sus aspiraciones. Fuentes de UGT lamentan que "todavía no hay suficiente acuerdo" en estos aspectos, "ni consensos parlamentarios para su apoyo posterior", comentan a La Información.
El propio secretario general Pepe Álvarez se ha resignado esta mañana al admitir que la aprobación del decreto ley que derogará parte de la reforma laboral de 2012 "se va a alargar un poquito", porque el Gobierno aún no tiene garantizados los apoyos para que sea convalidado por la Diputación Permanente del Congreso.
No hay que olvidar que en esa especie de Parlamento de guardia que empezará a funcionar una vez se disuelvan las Cortes el próximo martes se reproduce la composición del Congreso, por lo que Pedro Sánchez debe esforzarse en buscar los votos en el bloque de la moción de censura y, ante la última fractura a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, por el momento, no los tiene atados.
Álvarez ha explicado que la negociación social y política está en la fase de ver si en el decreto ley entran esos tres aspectos contemplados inicialmente. De momento, los empresarios han ganado algo de tiempo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió recientemente esperar a la formación de un nuevo Gobierno tras las elecciones generales del próximo 28 de abril para poner en marcha reformas en materia laboral y de pensiones.
Tampoco habrá reforma de las pensiones 'in extremis'. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, la ha descartado hoy por la falta de acuerdo en el Pacto de Toledo y con la patronal y los sindicatos. "Como Gobierno tenemos que valorar la situación, pero no tenemos la voluntad de hacer una reforma unilateral", ha dicho. Quedan así, por el momento, en el cajón, la revalorización de las prestaciones con la inflación y la derogación del factor de sostenibilidad que implantó la reforma de 2013.
Lo que sí se aprueba este viernes
En la jornada de hoy estaba prevista una reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para terminar de cerrar algunos flecos y definir qué va y qué no va finalmente a la reunión de los ministros y ministras de este viernes. Pero el Ministerio de Trabajo ha dado 'plantón' a patronal y sindicatos por "motivos de agenda", según justifican fuentes del entorno de Valerio.
Lo que ya está ultimado es un paquete de medidas de protección social, que incluirá una ayuda de hasta 588 euros por hijo o menor a cargo al año a las familias en situación de pobreza severa y la puesta en marcha de un convenio especial para los cuidadores no profesionales de personas dependientes, según el borrador al que ha tenido acceso La Información.
Además, la ministra Valerio ha anunciado su intención de poner en marcha un plan de retorno y otro de empleo para desempleados de larga duración mayores de 45 años, y otras medidas sociales como la recuperación del subsidio de mayores de 52 años, antes de que acabe la legislatura. Esta última medida, junto con la ampliación de los permisos de paternidad de cinco a ocho semanas, ya cuentan con el apoyo de ERC, el PDeCAT y EH-Bildu, que mantienen estos días "contactos informales", tanto con el Gobierno como con el Grupo Parlamentario Socialista de cara a la aprobación del real decreto ley que verá la luz el viernes, según ha confirmado el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano.
Valerio también va a impulsar este viernes un decreto ley de medidas urgentes para favorecer la igualdad laboral entre hombres y mujeres, una importante baza electoral de cara al 8 de marzo. Según ha podido saber este diario, el texto incluirá el polémico registro salarial por sexo y grupo profesional que rechaza la patronal y la exigencia de planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores.
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