El Reino de España tiene el dudoso honor de ser el país que ha recibido la multa más alta de la historia de la Unión Europea. Alcanzó tal 'distinción' en febrero del año pasado cuando la Comisión Europea comunicó al Gobierno la imposición de una sanción de 32,7 millones de euros por las carencias del sistema nacional de depuración de aguas urbanas residuales en una decena de municipios del país y, como consecuencia de ello, por el incumplimiento recalcitrante de una directiva europea de hace 30 años, que aspiraba a establecer el estándar mínimo en este ámbito que debía regir en todo el territorio de la Unión. España incumplió ese estándar y fue multada de manera severa. Es más, el Gobierno admitió entonces que era muy probable que la cuantía de la multa, que contempla una sanción fija y penalizaciones semestrales mientras persista el incumplimiento de la norma, continuara creciendo hasta 2023 cuando preveía que el problema estaría resuelto.
Así se maneja Bruselas cuando un país incumple una norma de obligado cumplimiento en todo el territorio europeo y así quiere CEOE que actúe el Gobierno de España cuando una administración territorial infrinja el principio de la unidad de mercado y establezca barreras o trabas que entorpezcan de manera arbitraria o contraria a la legislación la actividad de las empresas. La principal organización empresarial del país ha aprovechado el trámite de consulta pública del anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, que el Gobierno ha rebautizado como 'Crea y Crece', para reclamar a la Vicepresidencia de Asuntos Económicos una apuesta mucho más decidida por la unidad del mercado español y, en línea con ese objetivo, la instauración en España de un régimen sancionador similar al que opera en Europa para penalizar económicamente a las comunidades autónomas y ayuntamientos que aprueben normas que dificulten el normal desarrollo de los negocios, según figura en el documento de aportaciones de CEOE al que ha tenido acceso La Información.
CEOE constata que la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado ha fracasado a la hora de alinear a las administraciones territoriales con la defensa de ese principio que consideran básico para el desarrollo de la actividad empresarial y el crecimiento de las empresas, y que se hace necesario establecer 'incentivos' que fomenten "el respeto a las garantías constitucionales de las empresas españolas" por parte de todas las administraciones públicas. En este sentido, abogan por establecer sanciones a las autoridades que incumplan las reglas de la unidad de mercado "tal y como sucede en el ámbito de la UE" y establecer mecanismos de reparación para las empresas que no hayan podido desarrollar su actividad con normalidad "debido a una mala práctica de las propias administraciones".
Sanciones para las administraciones incumplidoras y una reparación para las empresas afectadas, un esquema muy alejado de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. CEOE denuncia que no son pocos los casos en los que la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado - el órgano creado en la ley del año 2013 para valorar las denuncias presentadas por los operadores afectados ante presuntos casos de restricción al mercado interior - resuelve un expediente a favor del operador y la administración afectada incumple su deber de modificar la norma o el acto administrativo contrario a la unidad de mercado. La organización empresarial entiende que esto sucede porque la ley no dispone de régimen sancionador, lo que hace que las administraciones no tengan problema alguno en no cumplirla y lo que puede hacer que en el futuro el Consejo para la Unidad de Mercado pierda el interés en realizar informes que luego no se cumplen.
La trampa del 'silencio negativo'
La principal preocupación de la organización empresarial es que el anteproyecto de ley del Gobierno no resuelve ese problema. Según el informe elaborado por CEOE, el texto gubernamental modifica la ley original para obligar a las administraciones 'denunciadas' a comunicar en un plazo no superior a quince días tanto la resolución adoptada como las medidas que se van a adoptar para dar resolución a la reclamación de turno, en busca de agilizar el proceso. Pero mantiene el 'silencio negativo', de modo que si la Administración no contesta se entiende que ha rechazado la recalamación, y tampoco obliga a argumentar ese rechazo.
La propuesta trasladada por la principal organización empresarial del país a la Vicepresidencia de Asuntos Económicos aboga por convertir en obligatoria la respuesta a las reclamaciones planteadas y, en caso de respuesta negativa, obligar también a la administración a sostener de forma motivada cual es el principio de interés general que se invoca para establecer una restricción al normal funcionamiento de la actividad empresarial. Plantea también establecer el 'silencio positivo', de modo que si la Administración requerida no contesta en tiempo y forma se entenderá que asume la reclamación presentada y deberá adoptar las medidas necesarias para revocar la norma o acto administrativo que impidió operar al operador.
Una preocupación europea
La denuncia de las grietas de la unidad de mercado en España son un clásico de las recomendaciones al país de la Comisión Europea, que la sitúa entre los déficits estructurales que el país tiene pendientes de cubrir. "La eficiencia económica, medida por la productividad total de los factores, sigue siendo moderada debido a la escasa innovación en muchas empresas y comunidades autónomas, la fragmentación de la reglamentación, las barreras de mercado, la segmentación del mercado laboral y las carencias en materia de capacidades profesionales", señalaba la Comisión Europea en su último informe sobre la economía española.
Bruselas señalaba en ese informe de manera explícita el lastre que esa fragmentación suponía para el desarrollo de los proyectos empresariales en España y sugería al Gobierno de Pedro Sánchez que "una aplicación más eficaz de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado favorecería la competencia y la mejora de la legislación y reduciría la fragmentación normativa”. CEOE ya ha planteado al Gobierno cómo hacerlo.
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