La CEOE se ha puesto en guardia para mitigar los daños que puedan ocasionar a las empresas las decisiones que adopte Pedro Sánchez en sus últimos días en La Moncloa. Según ha podido saber La Información, los empresarios se preparan para hacer más 'lobby' que nunca ante la amenaza de que, en los días que restan hasta las elecciones generales del 28 de abril, el Gobierno pueda aprovechar las vías legislativas de que dispone para introducir cambios 'in extremis' en ámbitos especialmente sensibles como el laboral o el tributario.
No es ningún secreto que a los empresarios les gusta la estabilidad. Como tampoco lo es que la incertidumbre política infunde serias dudas entre los agentes económicos. Antonio Garamendi lo dejó claro hace unos días. Si bien el presidente de la CEOE suele evitar pronunciarse en términos políticos, es también sabido que a la patronal nunca le agradaron los Presupuestos que elaboraron los socialistas y que su caída (la de las cuentas públicas) ha sido aplaudida entre los directivos, que echaban en falta "rigor presupuestario" y criticaban que, en los PGE de Sánchez, "la fiesta la pagan las empresas", en boca del propio Garamendi.
Fuentes de la patronal advierten del "problema" que generarían en la actividad de las empresas y, por ende, de la economía, modificaciones normativas que pudiera intentar impulsar el Ejecutivo hasta la disolución de las cámaras el 5 de marzo y después, durante el limbo político de 54 días que transcurrirán hasta la cita con las urnas."Vamos a trabajar hasta el último minuto", ha advertido el todavía presidente del Gobierno.
Ante este aviso, la CEOE se ha puesto en modo 'grupo de presión' y ha activado toda la maquinaria para "hacer lo que siempre debemos hacer, 'lobby' para evitar o mitigar" algunas de las reformas que, sospechan, podrían intentar introducir los Consejos de Ministros que restan hasta la convocatoria electoral adelantada por el presidente Sánchez. Así lo confirman desde las altas esferas de la confederación, donde se han encendido todas las alarmas ante cualquier paso en falso del Ejecutivo.
Los representantes de los empresarios españoles temen, sobre todo, cambios que afecten al mercado laboral. Los sindicatos han elevado la presión para que los socialistas aprueben todo lo que puedan en el tiempo que les quede. Y, en esta línea, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya ha avisado de que sigue en tiempo de juego y aún tiene margen para modificar algunos aspectos de la reforma laboral del PP. Su Ministerio tiene pendiente, entre otras cuestiones, acabar con la prevalencia del convenio sectorial o aprobar el registro de jornada obligatorio. Esta última, una polémica medida que supondría "un grave problema en el siglo XXI", advierten fuentes de la patronal que consideran que "no es viable en muchos sectores".
No hay tanto temor, en cambio, a alteraciones en el sistema fiscal, pues la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido que con su proyecto presupuestario también murió la subida de impuestos masiva que pretendía imponer a las empresas, y que, en la situación actual, no es partidaria de alterar en exceso el panorama tributario por la vía del decreto. "El Gobierno aún tiene la capacidad de poner sobre la mesa algunos decretos leyes, pero tendrían que ser limitados", admitió la ministra al entender que el uso de esta herramienta legislativa solo se justifica para cuestiones de urgente necesidad.
Del mismo modo, Montero puso pocas esperanzas en que el impuesto a las transacciones financieras y la tasa digital, que se aprobaron al margen de los Presupuestos, finalicen con éxito su tramitación en el Congreso. "Veremos hasta dónde llegan, pero me temo que no van a ir muy lejos", dijo la ministra ante la inminente disolución de las cámaras que implica que decaen absolutamente todas las iniciativas en marcha.
Los costes laborales, disparados
No obstante, la CEOE se mantiene en guardia, pues pesa la experiencia de haber visto cómo han repuntado los costes laborales de las empresas a golpe de decreto tras la entrada en vigor el 1 de enero de la mayor subida de la historia del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), del consecuente incremento de las bases mínimas de cotización y del repunte de las máximas en un 7%. Son medidas que, a diferencia de los Presupuestos, sí han sido aprobadas y están ya en funcionamiento.
La patronal ha llegado a cifrar en 2.100 millones de euros el coste anual para las empresas del nuevo sueldo mínimo y en 1.500 millones el alza de las cotizaciones sociales. En total, 3.600 millones de euros de desembolso adicional en términos de contratación que ya han impactado en la creación de empleo, con la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo el pasado mes de enero. "Los datos de coyuntura son una segunda derivada", indican desde una patronal que se muestra más preocupada en estos momentos por las cifras de inversión ante eventuales decisiones que puedan mermar la confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales. "La inversión ya se está ralentizando", sentencian.
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