Los empresarios ya tienen preparada su respuesta al 'megadecreto' de medidas laborales que el Gobierno aprobó por la vía de urgencia el pasado 28 de febrero y que dio poco más de 72 horas a las empresas para digerir 65 páginas de novedades regulatorias que según las propias estimaciones del Ejecutivo aportarán -unidas a otras medidas igualmente lesivas para las empresas como la subida del 22% del Salario Mínimo o la subida del 7% en la bases máximas de cotización- 3.150 millones de euros extra a las arcas de la Seguridad Social o, visto desde la otra perspectiva, 3.150 millones de cargas extra a la cuenta de gastos de personal del tejido empresarial doméstico.
CEOE ya había anunciado -antes incluso de conocer el alcance real del decreto gubernamental- que 'quemaría las naves' en el Congreso para revertir las medidas más lesivas para sus intereses que aprobara el Ejecutivo. Ahora, la tramitación como proyecto de ley del controvertido decreto le ha abierto la posibilidad de hacerlo y, según confirman fuentes de la organización, la Comisión de Empleo de la patronal ya ha rematado el documento de 'enmiendas' que el responsable de Relaciones con las Cortes de CEOE, Josep Sánchez Llibre, negociará en las Cámaras y que sustentará la ofensiva parlamentaria de la organización para suavizar la política económica, fiscal y laboral del Gobierno de Pedro Sánchez.
En el punto de mira de la organización empresarial, la subida sin precedentes de las cotizaciones sociales que pagan las empresas que el Gobierno les ha propinado para sufragar la subida de las pensiones. Los empresarios españoles se han visto obligados a afrontar de una tacada subidas sin precedentes en el Salario Mínimo Interprofesional (22%), la base máxima de cotización (7%) y todo un inventario de pequeños ajustes a beneficio de las arcas de la Seguridad Social: incremento de la cotización por contingencias profesionales (accidente laboral) para tres de cada cuatro trabajadores, obligación de cotizar por los estudiantes que realicen prácticas en la empresa, sobrecotización del 40% para los contratos de duración inferior a cinco días.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el documento elaborado por la Comisión de Empleo de CEOE y que se remitirá en los próximos días a las diferentes fuerzas parlamentarias pone especial énfasis en revertir una de ellas, la nueva obligación de que las empresas coticen por los estudiantes que realicen prácticas en alguno de sus departamentos, reciban estos una retribución o no.
Según los cálculos realizados por el Gobierno, la medida alcanzará a un universo de 534.000 potenciales beneficiarios y su aplicación generará unos ingresos extra de 74 millones de euros a la Seguridad Social, sobre el bien entendido de que las universidades quedarán exentas de ese pago.
El plan del Ejecutivo prevé que las empresas abonen a la Seguridad Social una cuota mensual de 51 euros como fórmula para 'laboralizar' la relación de la empresa con los estudiantes en prácticas. Desde el ámbito empresarial no se entiende que se les obligue a cotizar por la realización de prácticas no remuneradas, lo que les ha llevado a calificar la iniciativa de 'impuesto a la formación' y a deslizar que las empresas no emplearán a estudiantes en prácticas si eso se traduce en un coste extra.
El movimiento de CEOE se produce en un momento en que desde el ámbito universitario y desde los gobiernos autonómicos se ha criticado con dureza la medida gubernamental por entender que bloquea uno de los canales más atractivos para que sus estudiantes acumulen una cierta experiencia laboral antes de salir al mercado de trabajo.
CEOE peleará también la retirada de otras de las medidas incluidas en el Real Decreto del 28 de febrero, la elevación hasta el 40% de la sobrecotización que pesa sobre los contratos de menos de cinco días de duración, activada bajo el argumento de tratar de inhibir el empleo de este tipo de contratos por parte de la empresas y bajo la certeza de que se utilizan de forma masiva de modo fraudulento.
La medida impacta de lleno sobre el segmento de las agencias de colocación, que han sido históricamente las que han canalizado la contratación de trabajadores por parte de empresas para cubrir necesidades puntuales y muy acotadas en el tiempo. El impacto económico de la medida se estima en 50 millones de euros y desde la organización empresarial se entiende que no tiene mucho sentido -más allá del recaudatoria- esta medida cuando ya pesaba sobre estos contratos una penalización del 36%.
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