Los agentes sociales han vuelto a levantarse sin acuerdo de la mesa de negociación que mantiene abierta el Ministerio de Trabajo para abordar la regulación de las plataformas digitales. El motivo, según apuntan a La Información fuentes conocedoras del encuentro mantenido este jueves, es que la patronal ha manifestado su rechazo a abordar la cuestión en lo que queda de año y se ha mostrado partidaria de trasladar las negociaciones a principios de 2021, coincidiendo con el periodo en el que deberá tratarse una eventual prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que el esquema actual caduca el 31 de enero y los empresarios ya han pedido al Gobierno que lo amplíe y mejore las condiciones.
Según detallan las fuentes consultadas por este medio, la CEOE -que hasta ahora no ha presentado una propuesta negro sobre blanco para las plataformas digitales, pero que en declaraciones públicas ha mostrado su rechazo a abordar su regulación en el modo que plantea la ministra Yolanda Díaz- se ha plantado en la reunión de este jueves, asegurando que no aportará su visión sobre este asunto hasta el próximo mes de enero. Las mismas fuentes indican que los empresarios están maniobrando dentro del diálogo social para dilatar las negociaciones, de manera que coincidan con la mesa que aborde la eventual prórroga de los ERTE y puedan así arrancar al Ejecutivo alguna mejora, como ampliaciones en las exoneraciones de cotizaciones sociales, en un momento en que las empresas, en particular sectores relacionados con el turismo, atraviesan una situación crítica.
Otro de los motivos que esgrimen fuentes conocedoras de las conversaciones tripartitas es que en estos momentos existe una gran división dentro de la propia patronal entre el sector de la logística, representado por UNO, partidario de una regulación que favorezca la competencia leal, y el de las plataformas digitales, que aúna Adigital, que defiende la posición de empresas como Glovo, que están ejerciendo una gran presión y labor de lobby para mantener su modelo laboral basado en un entramado de falsos autónomos, tal y como ha sentenciado el Tribunal Supremo y ha dejado en evidencia en numerosas ocasiones la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El choque interno en la CEOE, indican estas fuentes, es notorio y va a más en las últimas semanas, lo que está bloqueando el eventual pacto con el Gobierno y los sindicatos.
La intención del Ministerio de Trabajo era cerrar cuanto antes la mesa sobre los 'riders' para poder abordar en lo que queda de año cuestiones no menores como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021 o los primeros retoques a la reforma laboral de 2012. Sin embargo, la negativa de la patronal está retrasando el acuerdo más de lo esperado. Fuentes del departamento de Díaz, no obstante, indican que existe una "clara intención" de seguir negociando. "Se continuará trabajando en los detalles técnicos con el objeto de alcanzar un acuerdo", aseguran. Podría convocarse, según las citadas fuentes, una próxima reunión en la semana del 14 de diciembre.
El registro, clave para los sindicatos
A la negativa de la patronal se suma el rechazo de los sindicatos a la postura que ha mantenido este jueves el Ministerio en la mesa de negociación. En la anterior reunión, Trabajo presentó un nuevo borrador del texto en el que eliminó el registro de plataformas digitales y, con él, la obligación de estas empresas de revelar sus algoritmos, puntos que chirriaban especialmente a los lobbies del sector. Las organizaciones sindicales respondieron al Gobierno con un planteamiento conjunto, pero, según explican las fuentes consultadas, este no se ha traducido en una nueva propuesta del Ejecutivo. "Parece que el Ministerio esté dando cancha a la patronal para intentar atraer su postura", apuntan desde el flanco sindical.
Hay que recordar que, en un primer momento, al Ministerio de Trabajo le pareció una buena idea incorporar en su borrador de proyecto de ley la propuesta sindical de crear un registro donde debían inscribirse todas las entidades que funcionen como plataformas digitales, coordinando transacciones mediante el uso de algoritmos. De lo contrario, se enfrentarían a multas de hasta 224.830 euros, que es la cuantía máxima que alcanzarán las sanciones por infracciones muy graves a partir del 1 de enero. Sin embargo, en el último borrador que puso Trabajo sobre la mesa no hay ni rastro ni del registro ni de los algoritmos.
El registro, tal y como estaba planteado, sobrepasaba las competencias del Ministerio de Trabajo y entraba en el terreno de Asuntos Económicos, al constituir prácticamente un registro mercantil. El equipo de Díaz sí estaría dispuesto a abordar una iniciativa similar, siempre que se centrase exclusivamente en condiciones laborales, pero no es así. Se exigían datos como: la actividad y sector en el que se integra la plataforma y el convenio sectorial y empresarial aplicables; el modelo de organización del trabajo; la descripción de los diferentes puestos de trabajo; el número de trabajadores de la plantilla; el capital inicial y la procedencia del mismo, incluidas las ayudas económicas públicas; y lo más importante, el algoritmo aplicado para la organización de la actividad, incluyendo el pseudo código o diagrama de flujo, así como los sistemas de reputación utilizados.
Fuentes gubernamentales indican que la Vicepresidencia económica de Nadia Calviño no es partidaria de crear este registro de plataformas ni de obligar a las compañías a revelar sus algoritmos. Desde el flanco sindical interpretan que la presión ejercida por los lobbies cala especialmente en el área económica del Ejecutivo, más sensible con el posicionamiento de las empresas multinacionales. Públicamente, la vicepresidenta se ha mostrado partidaria de "regular adecuadamente" al colectivo de riders, pero sin entrar al barro del asunto. Estas fuentes aseguran que Calviño no comparte la intención de Díaz de laboralizar al conjunto de estos trabajadores, como ha marcado el Supremo, y es partidaria de una solución más flexible e incluso de un modelo mixto, como se ha llegado a plantear desde distintas organizaciones empresariales.
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