El abatimiento inicial dio paso a la indignación. Rosa Santos, la directora del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE y principal negociadora de la organización empresarial en la mesa de diálogo social, había acudido a la Comisión de Diálogo Social y Empleo de la patronal para explicar el planteamiento inicial que sólo unos días antes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le había trasladado respecto a sus intenciones en lo que se ha dado en denominar la primera fase de la acción laboral del nuevo Gobierno de coalición de las izquierdas: la reversión de los aspectos más lesivos de la reforma laboral.
No les gustó escuchar que Trabajo pretendía reimplantar la ultraactividad perpetua de los convenios colectivos; tampoco que, como se preveía, el nuevo Gobierno quiere recuperar la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa -un aspecto sobre el que, sin embargo, hay cierta división de opiniones a nivel interno en la organización empresarial-, y torcieron el gesto cuando el equipo de negociadores de CEOE les trasladó que lo que en principio se preveía abordar en verano se quería acelerar para tenerlo aprobado en un plazo de dos meses, pero si algo les alarmó de verdad fue escuchar los planes del nuevo equipo del Ministerio de Trabajo respecto a la regulación de la subcontratación, según aseguran varias fuentes internas conocedoras de lo tratado en la reunión.
A los empresarios les había tranquilizado en cierto sentido escuchar las primeras declaraciones públicas de la nueva ministra de Trabajo en las que hablaba de "pequeñas modificaciones" en la regulación de la subcontratación orientadas a "mejorar en un corto lapso temporal la precariedad”. Pero lo que se les trasladó en esa reunión estaba lejos de ser una 'pequeña modificación'. Según las fuentes consultadas, el equipo de negociación de CEOE les comunicó que la intención de Trabajo es limitar la subcontratación a los servicios ajenos a la actividad principal de la empresa y que se plantea también establecer una limitación extra para que sólo se pueda hacer en servicios que requieran de un elevado nivel de especialización; que este criterio se aplicará a toda la cadena de subcontratación; y que, además, se estipulará que la relación laboral de los trabajadores de la subcontrata no podrá estar vinculada en exclusiva al trabajo encomendado, para evitar un 'efecto acordeón' en las plantillas vinculado a la contratación de la empresa para un determinado servicio.
"Es una ruptura con el consenso que ya habíamos alcanzado con la gran mayoría de los grupos parlamentarios, incluido el Partido Socialista, y con el anterior equipo del Ministerio de Trabajo para que el asunto se abordara desde el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores -el que regula las materias de los convenios de sector y de los de empresa- y no se tocara el artículo 42 -el que regula la subcontratación-", señalan desde una de las organizaciones sectoriales a las que afectaría un escenario de esa naturaleza.
Se refiere a las negociaciones de la subcomisión parlamentaria a la que se le encomendó, entre otras cuestiones, la resolución de la controversia surgida con situaciones como las de las 'kellys' o las empresas multiservicios. Pese a las presiones del colectivo de camareras de piso para abordar el asunto desde la reforma de la subcontratación, los partidos alcanzaron un principio de acuerdo para abordarlo desde la reimplantación de la prioridad aplicativa del convenio de sector sobre el de empresa, para evitar que hubiera empresas que abonaran sueldos inferiores a los del sector para ganar volumen de negocio.
Misión: recuperar el consenso
Varios de los representantes empresariales presentes en la reunión hicieron ver que el planteamiento realizado por Trabajo supone tirar a la basura más de dos años de negociación para alcanzar un consenso en ese punto y que reabrir la redacción del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores supondría una amenaza para los beneficios de ciertos sectores e incluso para la supervivencia de algunas de sus empresas.
Según las fuentes consultadas, el mensaje que las empresas lanzaron al equipo directivo de CEOE en la reunión fue contundente en orden a persuadir al Ministerio de Trabajo para regresar a una fórmula de consenso y a no permitir que el debate se deslice hacia una restricción de la libertad de las empresas para organizar su actividad, como entienden que sí hace la propuesta inicial del departamento de Yolanda Díaz. También les advirtieron de que CEOE no debería ni aceptar ni amparar una reforma de la subcontratación con ese 'aspecto'.
"Se ha acordado el Salario Mínimo en aras del consenso y para no entrar con mal pie en el diálogo social, pero por ahí no se puede pasar. La regulación que pretenden de la subcontratación no se puede encajar en el diálogo social porque pone en riesgo a empresas y sectores importantes, y si no se puede frenar en la mesa de diálogo social, habrá que hacerlo en el Parlamento", dice una fuente de otra organización sectorial.
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