España necesitará cerca una década para revertir el déficit en "infraestructuras prioritarias" generado como consecuencia de la crisis. Al menos eso es lo que consideran las empresas, que han calculado en 114.00 millones de euros la inversión que España necesitaría para poner al día su red de infraestructuras. El sector de la construcción es consciente, y así lo ha dejado claro cada vez que ha tenido que expresar su opinión en público, de que la inversión presupuestaria exclusivamente pública no alcanza para conseguir ese objetivo y por eso ha decidido 'quemar las naves' en intentar fomentar la colaboración público-privada.
El problema es que en las actuales condiciones regulatorias conseguir financiación se ha convertido en una misión imposible. Las empresas del sector han concluido que el motivo principal es la operativa de la Ley de Desindexación aprobada por el PP en 2015, que opera como una suerte de techo a la rentabilidad de los grandes proyectos de inversión a largo plazo y que en los últimos años ha actuado como elemento disuasorio para los fondos de inversión que financian este tipo de obras.
La última Junta Directiva de CEOE analizó un informe interno, al que ha tenido acceso La Información, que atribuía al efecto disuasorio de la ley en cuestión sobre los fondos de infraestructuras "la paralización de importantes proyectos concesionales" que en su conjunto hubieran generado un volumen de negocio de unos 7.000 millones de euros. El informe incluía en esa relación la relicitación de las radiales rescatadas por el Gobierno (en torno a 1.000 millones de euros), el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) lanzado en su día por el ministro De la Serna (entre 2.000 y 5.000 millones), varios proyectos de carreteras en la Región de Murcia (400 millones) o el plan de depuradoras de Castilla-La Mancha (600 millones de euros).
Con estos datos encima de la mesa y con el respaldo explícito del resto de sectores empresariales que contratan regularmente con las Administraciones Públicas, afectados también por esta norma, la Junta Directiva de la principal organización empresarial del país 'mandató' a Antonio Garamendi y su equipo para promover la supresión o, como mínimo, la modificación sustancial de la actual Ley de Desindexación, según han confirmado fuentes presentes en la reunión.
El presidente de la organización empresarial ya mencionó el asunto en su primer discurso ante la Asamblea General de CEOE y según fuentes de la organización empresarial ya ha situado el tema entre las prioridades 'políticas' de la organización de cara a la próxima legislatura.
Derribar los techos de rentabilidad
Para las constructoras el elemento más crítico es la modificación del parámetro de 'rentabilidad razonable del proyecto' que prevé la norma y que vincula la rentabilidad ofrecida por el Estado en los grandes proyectos de infraestructuras al rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años, más un diferencial de 200 puntos básicos. En un escenario en el que el Reino de España coloca uno de cada cinco euros de deuda en tipos negativos esta referencia limitaba el potencial de rentabilidad por debajo del 3%, cuando los grandes fondos de infraestructuras están ofreciendo a sus accionistas rentabilidades de entre el 10% y el 12%.
"Ello hace en la práctica inviables la realización de contratos de concesión a más de cinco años al ser insuficiente el plazo contractual máximo para poder obtener la recuperación real y efectiva de las inversiones", concluye el informe de CEOE, que propone como mínimo suspender la aplicación de esta norma sobre los contratos de concesión de obras...si se quiere seguir desarrollando infraestructuras.
Los perjuicios de romper con el IPC
Durante años el entonces secretario de Estado de Economía, un joven Luis de Guindos, se pasó las ruedas de prensa mensuales para dar cuenta del último dato del IPC advirtiendo de los llamados 'efectos de segunda ronda' derivados de la vinculación al IPC de las cláusulas de revisión salarial, la actualización de los contratos públicos, etcétera. Cuando tuvo mando en plaza como ministro de Economía arrambló con las primeras y después promovió una norma, la tan controvertida Ley de Desindexación, para romper el vínculo de los precios y contratos públicos con este indicador, que según su punto de vista lo único que conseguía era realimentar la espiral inflacionista en España.
La solución que encontró fue prohibir las revisiones automáticas de los precios acordados en los contratos públicos según el IPC, restringir incluso esas actualizaciones salvo en casos muy concretos y puntuales en los que se hubiera puesto de manifiesto un incremento de costes ajeno al riesgo y ventura de cualquier contrato entre partes y la creación de un nuevo indicador de actualización, el Índice General de Competitividad, que ajustara el incremento de los precios de los contratos públicos en España al IPCA europeo, corregido a la baja para recuperar la competitividad perdida desde 1999. El resultado, como muestran los datos del INE, es que ese índice ha estado en negativo de manera permanente desde su instauración y por tanto ha impedido cualquier actualización en los contratos de servicios firmados por la Administración bajo esa referencia.
"Así, este tipo de contratos de servicios se ven abocados, no sólo a no revisar sus precios, sino a tener que soportar cualesquiera incrementos salariales producidos no solo por la negociación colectiva, sino por decisiones legislativas. El ejemplo más claro lo constituye la reciente subida sin precedentes del SMI", denuncia CEOE en su informe.
El informe visto por la Junta Directiva de la organización empresarial dibuja un escenario insostenible, de contratos que se someten a concurso público en unas condiciones inviables, -cada vez son más las convocatorias de concursos públicos que quedan desiertas, y "con un déficit tarifario de partida".
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