CEOE ha pedido una reunión de última hora con el máximo responsable de Moncloa para los fondos europeos, Manuel de la Rocha, para intentar que el Gobierno reconsidere el modelo de gestión exclusivamente público que ha diseñado para la operativa y distribución de los 140.000 millones en fondos europeos que el país va a recibir en los próximos años y lo abra al menos en parte a la participación del sector privado. En la organización empresarial están convencidos de que los medios con los que cuenta la Administración del Estado no son suficientes para garantizar una gestión ágil del aluvión de fondos que van a entrar en España en los próximos meses y temen que las carencias del sector público se conviertan en "un cuello de botella operativo" a la hora de aplicar de forma efectiva los mismos a los proyectos elegidos.
El modelo diseñado por el Gobierno, plasmado en un borrador de Real Decreto que el Ejecutivo no ha presentado formalmente pero que sí ha distribuido entre grandes empresas, despachos, agentes sociales y todos los actores concernidos en el asunto, reserva la gestión del 'superfondo europeo' en exclusiva al sector público. Señala como principal órgano de gobernanza a la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que estará formada por un puñado de altos cargos del Gobierno - incluida la práctica totalidad de los ministros tras el revuelo causado por la exclusión de Pablo Iglesias y el resto de ministros de Podemos salvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz - y a la que corresponderá no solo el diseño del Plan de Recuperación - que el Gobierno prevé remitir a Bruselas a finales de enero - sino también su coordinación. El resto de la estructura de gobernanza del 'superfondo' se estructura en varias capas de comités ministeriales, conferencias sectoriales con las comunidades autónomas y grupos de trabajo gubernamentales, dejando al sector privado únicamente un papel consultivo en los denominados 'foros de altos nivel'.
CEOE entiende que el sector privado debe tener un papel más relevante en esa estructura si lo que se quiere es garantizar la aplicación efectiva y óptima de esos fondos. La organización empresarial no oculta su decepción por el escaso reflejo que sus aportaciones para eliminar del marco legal las barreras a la contratación y a la colaboración público-privada, perfiladas en un grupo de trabajo formado por algunos de los principales expertos en Derecho Público de España a instancias de Moncloa, han tenido en el Real Decreto gubernamental y por el nulo peso que se da a la iniciativa privada en la gestión de los fondos.
La organización empresarial defiende que, como ya ha ocurrido con las líneas de liquidez con garantía pública gobernadas por el ICO - que desde el Gobierno se han defendido como un éxito sin paliativos -, la banca podría desempeñar un papel importante en la asignación de recursos de los fondos europeos especialmente para pequeñas y medianas empresas, por su mayor conocimiento del mercado y por su capacidad para distribuir esos recursos económicos de manera más ágil que las Administraciones Públicas y así lo planteó en su propuesta. Sin embargo, el Real Decreto del Gobierno nada regula sobre esta posibilidad, como tampoco parece abrir la puerta a la opción de que sea el sector privado bien a través de las propias empresas o bien a través de consultoras las que gestionen determinados programas de inversión, previa adjudicación por parte del sector público en un proceso transparente y con concurrencia competitiva.
"Si no se refuerzan de manera muy significativa las estructuras de la Administración va a ser difícil que el Plan de Recuperación tenga éxito", advierten desde Seopan, la organización empresarial que agrupa a los gigantes de la construcción, que a su vez son los mayores contratistas de las Administraciones Públicas. "Se ha puesto todo el foco en las Administraciones Públicas, pero los organismos que tienen que encargarse de la gestión operativa del gran volumen de fondos europeos que supuestamente van a llegar a España no tienen medios suficientes y eso va a generar cuellos de botella operativos, que son casi más peligrosos que los legales", advierte uno de los juristas que ha colaborado en la propuesta de CEOE para mejorar los mecanismos de contratación.
El plan del Gobierno: interinos y apoyo en empresas públicas
En Moncloa son conscientes de que afrontan un problema de escasez de recursos en su desafío por ejecutar ya en 2021 en torno a 27.000 millones de euros de los fondos europeos. El borrador del Real Decreto que regulará la gestión de éstos habilita a los ministerios a reforzar sus plantillas con el nombramiento de funcionarios interinos o personal laboral con contratos de duración determinada debido al incremento de la carga de trabajo que se espera. Y no sólo eso, sino que además prevé la regulación de mecanismos para facilitar la movilidad de personal funcionario desde otros ámbitos hacia los departamentos que van a estar más directamente implicados en la gestión de los fondos, como por ejemplo la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda.
El Gobierno pretende ofrecer incentivos salariales para estimular a los funcionarios para abandonar transitoriamente (hasta cinco años) sus actuales responsabilidades y enrolarse en los departamentos que van a gestionar los fondos europeos, lo que puede conllevar cambios en la categoría o el nivel profesional. El asunto no va a resultar tan sencillo y sindicatos como Comisiones Obreras ya han advertido al Gobierno que no se pueden modificar las condiciones laborales de los empleados públicos de esa forma sin negociación previa con los sindicatos, sin garantizar algún procedimiento reglado de acceso a esos puestos mejor retribuidos y sin dar garantías de todo tipo a los funcionarios que se vayan a trasladar. Los 'cuellos de botella operativos' de los que se habla desde CEOE...
Otra de las estrategias que pretende activar el Gobierno para paliar esa falta de recursos es poner determinados programas de inversión en manos de empresas y entes públicos para que sean éstas las que se encarguen de la gestión y distribución de los fondos, bajo la coordinación de Moncloa. El máximo responsable gubernamental para los fondos europeos, Manuel de la Rocha, revelaba hace solo unos días en un encuentro organizado por Servimedia la intención del Ejecutivo de encargar la gestión de determinados proyectos a entidades del sector público como Red.Es, el IDAE o incluso a la empresa pública Tragsa.
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