Francia lo ha cambiado todo. La decisión - comunicada mediante una comparecencia televisada - del presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, de subir 100 euros el Salario Mínimo del país vecino (actualmente, en torno a los 1.500 euros) para contener las revueltas callejeras de los 'chalecos amarillos' y frenar el creciente descontento de la sociedad francesa, ha reafirmado al Gobierno de Pedro Sánchez en lo acertado de su decisión de subir un 22% el Salario Mínimo hasta los 900 euros y ha acabado, de paso, con las esperanzas de CEOE de arrancar del Ejecutivo una fórmula más suave que modulara la subida a lo largo de todo 2019 para facilitar su digestión a las empresas.
El Gobierno ya ha comunicado al nuevo presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que no transigirá con ninguna fórmula que dilate o suavice la entrada en vigor el próximo 1 de enero del nuevo Salario Mínimo Interprofesional, y así se lo trasladó este lunes el nuevo presidente de la patronal a las organizaciones miembro de CEOE, según han asegurado a La Información fuentes de la organización empresarial.
La presión de los sectores más afectados por la subida del SMI, que según las estimaciones internas que maneja la patronal podría llegar a alcanzar a cerca de tres millones de trabajadores de forma directa o indirecta, llevó a Juan Rosell a forzar una negociación para explorar la posibilidad de pactar una 'vía suave' de implantación de los 900 euros en las tablas salariales de las empresas.
Básicamente, el diálogo se basaba en dos alternativas. La primera pasaba por repartir la subida a lo largo del año, de modo que solo una parte del alza del 22% planteada por el Gobierno se aplicara el 1 de enero y el resto se repartiera en varios momentos del año, para que ese suelo de los 900 euros no se alcanzara hasta cerca de 2020 y dar tiempo así a las empresas a 'hacer la digestión' de la subida. La segunda alternativa era incluir los complementos salariales en el cálculo de los 900 euros para que el efecto real sobre las cuentas de gastos de personal de las empresas se amortiguara en parte.
El Gobierno ha comunicado a CEOE que ninguna de esas opciones es viable. Según el testimonio de dos de los directivos presentes en la reunión organizada por Antonio Garamendi el pasado lunes para explicar a las organizaciones las últimas novedades del proceso de diálogo social, uno de los argumentos del Gobierno es que después de lo ocurrido en Francia no se pueden permitir retrasar o 'aguar' la subida del Salario Mínimo prometida hace ya un par de meses. La subida entrará en vigor el próximo 1 de enero y a partir de ese mismo día los trabajadores ya podrán exigir cobrar 900 euros como mínimo por su trabajo a jornada completa.
Parar el golpe a las empresas contratistas con el Estado
Fracasado el intento de amortiguar la activación del salario mínimo, CEOE negocia ahora 'in extremis' para tratar al menos de que las empresas contratistas con las Administraciones puedan esquivar el millonario golpe que puede suponer para sus cuentas de resultados el tener que asumir el nuevo suelo salarial establecido sin compensación alguna por parte del sector público.
La intención inicial de la organización empresarial era tratar de que el Gobierno incluyera en el texto del Real Decreto que sustanciará la subida del Salario Mínimo a 900 euros una disposición que garantizara la asunción por parte de las Administraciones Públicas del sobrecoste que esto significará para las empresas.
Según fuentes de CEOE, el Gobierno ha rechazado esta posibilidad y ahora se negocia contrarreloj para buscar una solución que evite que la subida del SMI del Gobierno se haga contra los márgenes de las empresas contratistas, ya muy estrechados tras años de adjudicaciones de contratos al mejor postor.
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