La CEOE firmó la reforma laboral a la que el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a cambio de los fondos de recuperación pandémicos. Durante la negociación consiguió suavizar bastantes de las modificaciones inicialmente planteadas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y logró mantener la columna vertebral de la legislación que introdujo el PP en 2012. Sin embargo, el nuevo marco legislativo todavía incorpora rigideces que la patronal pretende suavizar en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un gran pacto que los empresarios quieren cerrar cuanto antes con los sindicatos CCOO y UGT para paliar el golpe de la nueva normativa laboral, que hasta finales del próximo mes de marzo se encuentra en periodo de vacatio legis, por lo que urge configurar ya ese amortiguador para poder desplegarlo en el seno de la negociación colectiva a partir de la primavera.
Fuentes de la organización empresarial que preside Antonio Garamendi avanzan esta maniobra a La Información. Si la patronal lleva dos años bloqueando la renovación del gran acuerdo bilateral que orienta la negociación colectiva nacional (el anterior AENC caducó en 2020), ahora tiene prisa por cerrarlo. El motivo no es otro que la puesta en marcha de la reforma laboral, ya que en el nuevo marco normativo se incorporan algunos aspectos que, a juicio de la CEOE, podrían imponer importantes restricciones y rigideces a la necesaria flexibilidad empresarial. Y la idea de la patronal es aprovechar el marco del nuevo AENC para suavizarlos. No va a ser tarea fácil, en cualquier caso, pues tienen en frente a los sindicatos, que en el nuevo escenario normativo han conseguido importantes avances en derechos laborales a los que no están dispuestos a renunciar.
Los sindicatos también tienen prisa. En las últimas semanas, los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han estado de gira, vendiendo las bondades de la reforma laboral por todos los rincones del país. Su satisfacción con la normativa pactada en la mesa de diálogo social tripartita tampoco es plena, pero los avances logrados para reequilibrar en parte la balanza de la negociación colectiva les parecen suficientes. En cambio, son conscientes de que hay un aspecto pendiente, que es la subida de los salarios, por la que van a luchar en la negociación del AENC. Desde ambas organizaciones vienen avisando a las patronales de que o se pacta un incremento salarial generalizado en los convenios colectivos o se intensificará la conflictividad en los centros de trabajo. En un contexto inflacionista, además, CCOO y UGT no solo piden una subida de sueldos acorde con la evolución del IPC, sino también la incorporación de una cláusula de revisión salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en estos tiempos tan convulsos.
En esta batalla, los sindicatos cuentan con el respaldo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que está presionando a ambas partes para que acuerden una subida salarial generalizada. Sin embargo, desde distintos ámbitos académicos y empresariales advierten del peligro de ligar los salarios a la inflación, ante la posibilidad de generar un círculo vicioso de efectos de segunda ronda. Precisamente, en una jornada celebrada el viernes en la sede de EY para presentar un informe promovido por el Instituto EY Sagardoy Talento e Innovación, en colaboración con Fedea y BBVA Research, quien fuera secretario de Estado de Empleo en tiempos de la exministra Fátima Báñez, Juan Pablo Riesgo, actual socio responsable de EY Insights, planteó esta problemática durante el coloquio a Rafael Doménech, jefe de Análisis Económico del servicio de estudios de BBVA, quien apuntó que, de momento, existe una "escasa evidencia" de contagio de la inflación a los salarios, pero admitió que se trata de un "riesgo" que no hay que perder de vista a futuro.
La inflación, en el foco
Para Doménech, la negociación colectiva debería tener en cuenta el hecho de que una parte importante del incremento de la inflación se debe al alza de los precios de los productos energéticos que importa España, por las diversas tensiones que se están produciendo en los mercados internacionales, a las que ahora se suma el conflicto bélico abierto por Rusia en Ucrania, por eso recomienda a los negociadores poner el foco en la subyacente y tener en cuenta la heterogeneidad sectorial e incluso empresarial, ya que no todas las actividades se están recuperando de la pandemia al mismo ritmo. Además, en su opinión, resulta fundamental considerar otros factores como la productividad y las vacantes de empleo en cada área concreta de negocio a la hora de cifrar la recomendación para eventuales subidas salariales.
Pero en el AENC no solo se enmarca la recomendación de subida salarial en los convenios, que es uno de los aspectos más destacados de este tipo de acuerdo que firman patronal y sindicatos de manera periódica y plurianual, sino que también se abordan otros ámbitos de la negociación colectiva y se establecen directrices para mejorar tanto la empleabilidad de los trabajadores como la productividad de las empresas. Así, por ejemplo, los agentes sociales pueden abordar otras muchas cuestiones para fijar referencias en negociados como la igualdad laboral, el teletrabajo o la conciliación, entre otros. También se pueden articular reglas sobre vigencia, ultraactividad y procedimientos negociadores de los convenios e instar al Gobierno a llevar a la mesa tripartita y desarrollar modificaciones del Estatuto de los Trabajadores para introducir mejoras pactadas. Y es ahí donde la CEOE quiere sacar tajada en la negociación.
Conviene hacer un paréntesis para recordar que el último AENC, que estuvo vigente entre 2018 y 2020, no solo introdujo la directriz de pactar subidas salariales fijas del 2%, con un variable del 1% ligado a factores como la evolución de la productividad, los resultados de las empresas o el absentismo, sino que las partes negociadoras (CEOE, CCOO y UGT) se comprometieron a establecer un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales (el equivalente al actual SMI de 1.000 euros al mes) y esa promesa ha sido reiteradamente incumplida por los empresarios, según han venido denunciando los sindicatos. También se instaba a las administraciones a tener en cuenta estos criterios salariales en el ámbito de la contratación pública, pero el Estado tampoco ha cumplido en esta materia, tal y como viene criticando la patronal en los últimos años de escalada del SMI.
A parte, aquel acuerdo incorporó una serie de orientaciones en materia laboral ajenas a la negociación de los sueldos, como la promoción de las acciones necesarias para el impulso y la renovación de los convenios colectivos a fin de garantizar su ultraactividad (que ahora recupera legalmente la reforma laboral aprobada a finales de 2021), así como la petición al Gobierno de estudiar cambios en el ET para regular la subcontratación en la dirección de desincentivar la competencia desleal y la precarización de las condiciones laborales y para incorporar medidas destinadas al mantenimiento del empleo, favoreciendo alternativas al despido en la empresa, mediante la adaptación de jornada (en definitiva, el modelo de flexibilidad interna que introduce la nueva reforma). También se incorporaban otros aspectos en relación a la formación profesional, el absentismo, la igualdad y la jubilación, entre otros.
La negociación ya ha empezado. Los contactos preliminares arrancaron a principios de año, pendientes todavía de la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. Cumplido ese hito, tanto la patronal como los sindicatos tienen prisa por cerrar el acuerdo. La CEOE y Cepyme, para favorecer el despliegue de un colchón que amortigüe el impacto de la reforma laboral en las empresas en cuanto finalice la vacatio legis en marzo, y CCOO y UGT, para impulsar cuanto antes una subida salarial generalizada que evite la merma en la capacidad adquisitiva de los trabajadores en un contexto altamente inflacionista. Los equipos jurídicos de las organizaciones están trabajando contrarreloj para elaborar sus propuestas y fuentes de ambos flancos de la negociación avanzan que la primera reunión "con papeles sobre la mesa" se producirá el próximo jueves, 3 de marzo.
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