La principal organización empresarial del país, CEOE, ha querido dejar negro sobre blanco su posición respecto al proceso de desescalada anunciado por el Gobierno, cuya modulación se antoja como crítica para determinar el modo en que España saldrá de la profunda crisis sanitaria y económica en que la ha sumido el coronavirus. Para ello ha recurrido a los servicios de Deloitte y Esade que junto al Departamento de Asuntos Económicos de CEOE han construido una 'Estrategia para la Recuperación Económica de España tras la crisis del Covid-19' a partir de una premisa clara: cuántas más empresas sobrevivan a la crisis mayor será la capacidad de la economía española para recuperarse.
Un objetivo que, según el documento presentado este lunes por el vicepresidente de CEOE y director del Departamento de Asuntos Económicos de la organización, Íñigo Fernández de Mesa, pasa entre otras cosas por no coartar la capacidad de las empresas para adaptarse a la situación creada por la crisis y por habilitar en este sentido que éstas tengan la posibilidad de despedir por las causas objetivas que establece la ley -suspendida por un decreto del Gobierno en los primeros compases del estado de alarma-, descolgarse de los compromisos salariales adquiridos en el convenio cuando la situación económica era normal o modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de los empleados para adaptarse a un contexto sin precedentes.
En concreto, lo que pide CEOE es, por una parte, volver al escenario anterior al Consejo de Ministros extraordinario del 27 de marzo y "recuperar las causas de extinción de los contratos como medida de salvaguarda de la pervivencia de las empresas y con ello del empleo". En otras palabras, derogar la medida en virtud de la cual a partir de ese día se consideraban no justificados los despidos amparados en causas objetivas, económicas, de organización y por causa de fuerza mayor. El objetivo de esta medida, que fue 'vendida' por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como una prohibición para despedir en tanto se prolongara el estado de alarma por el coronavirus, era canalizar cualquier ajuste de plantilla para adaptarse a la pandemia por la vía del ERTE y penalizar con la indemnización máxima prevista en la ley cualquier despido que no se hiciera por ese canal.
Lo que pide CEOE es que se reinstaure el orden de cosas del Estatuto de los Trabajadores y se permita a las empresas reducir su plantilla cuando su situación aconseje abordar una contención de sus costes salariales. Por otra parte, las empresas quieren también, como ya adelantó La Información, simplificar "los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, movilidad geográfica y descuelgue de convenio", es decir, que puedan disponer medidas de flexibilidad interna con cierta agilidad y de una manera pacífica. Fuentes de CEOE subrayan que esto es necesario para adaptar nuevas realidades como el teletrabajo, pero dentro de la organización esto se ha solicitado sobre todo para tratar de descolgarse de las subidas salariales pactadas para 2020, que en muchos casos les obligan a incrementos de sueldo por encima del 2% en un contexto de desplome total de la facturación.
CEOE entiende que la prioridad en esta situación debe ser mantener con vida la mayor parte del tejido productivo posible para que cuando se supere esta situación la recuperación pueda ser mucho más vigorosa. En palabras del vicepresidente de CEOE, "que no haya empresas que se vean abocadas al cierre y la insolvencia, y luego no se puedan recuperar".
Prorrogar los ERTE y ampliar la líneas de préstamos con aval del ICO
"Las principales interesadas en no despedir son las empresas", ha recalcado Fernández de Mesa, "pero no es posible pensar en que se va a salir de esta crisis con el mismo nivel de actividad que había antes de la misma. La experiencia nos dice que los parones en la crisis son muy bruscos, pero que la actividad se recupera poco a poco". Desde CEOE se entiende que las empresas sólo despedirán cuando reducir el tamaño de su plantilla sea absolutamente necesario para mantener la actividad y que a ese objetivo ayudaría mucho que se prolongarán los ERTE por fuerza mayor en su actual formulación...pero con unas condiciones más flexibles. La principal organización empresarial del país plantea, por ejemplo, que la cobertura de las cotizaciones sociales de los trabajadores cubiertos por esta figura sea del 100% en todos los casos -en la actualidad las empresas con más de 50 trabajadores deben pagar el 25% de las cuotas- y que su regulación permita que las empresas puedan tirar o no de los trabajadores cuya relación laboral está suspendida temporalmente en función de su carga de trabajo. Es decir, que tengan la opción de sacarlos del ERTE cuando crean que tengan carga de trabajo suficiente para necesitar de sus servicios, pero que puedan de nuevo reintegrarlos en el ERTE si finalmente esa carga de trabajo no se concreta.
¿No creen las empresas que un esquema así puede disparar la factura de la crisis para el erario público, que el Gobierno ya sitúa en el entorno de los 35.000 millones de euros? En opinión de CEOE la clave ahí no es el coste de las medidas en 2020 sino su naturaleza temporal. "No importa asumir un coste muy elevado este año, si se trata de medidas que van a desaparecer cuando termine esta situación", ha explicado Fernández de Mesa. "El problema es utilizar esta crisis para implantar medidas que incrementen el gasto estructural", ha deslizado en clara referencia al Ingreso Mínimo Vital que defiende Pablo Iglesias.
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Estrategia para la recuperación de la crisis del Covid-19
La organización empresarial considera también que los 100.000 millones de euros dispuestos por el Gobierno para garantizar liquidez a las empresas a través de las líneas ICO sostenidas con avales públicos van a quedarse cortos. "En Alemania han 'movilizado' el 65% del PIB y no se va a utilizar todo. Creemos que el Gobierno no debe poner límite a esa financiación garantizada y cuando llegue el momento reclamaremos que vaya más allá de los 100.000 millones", ha defendido Fernández de Mesa, que ha lamentado que el ICO esté yendo por detrás de las entidades financieras en la disposición de fondos y que muchas no puedan estar atendiendo a toda la demanda de las empresas por problemas administrativos del ICO o por falta de fondos.
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En el plano sanitario, las empresas también están preocupadas por las condiciones en que los trabajadores van a volver al trabajo presencial. Sus previsiones apuntan a que una recaída en otoño y un regreso a las medidas de confinamiento podrían llevar el desplome de la economía al entorno del 15% con consecuencias devastadoras para el empleo. Por eso, exigen que haya máximo rigor y control en la reincorporación a la actividad de los trabajadores, con la aplicación de test masivos -una alternativa que parece aparcada por el Gobierno- y un sistema de trazabilidad para controlar los casos positivos que se detecten. En ese sentido, piden al Gobierno que permite a las empresas adquirir test para garantizar una vuelta al trabajo en condiciones de seguridad.
La organización empresarial también se ha manifestado a favor de que el Gobierno central suelte las riendas en el proceso de desescalada y que sean las comunidades autónomas y los ayuntamientos "con información más cercana sobre el tejido empresarial y la situación sanitaria de sus territorios" lo que modulen ese proceso.
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