El balance oficial indica que cerca de 3,5 millones de trabajadores y más de medio millón de empresas se han beneficiado del paraguas habilitado por el Gobierno a través de los ERTE por causa de fuerza mayor. La cobertura no ha resultado barata para las arcas del Estado. La exoneración del pago de cotizaciones asociada al instrumento y el pago de una prestación especial a los trabajadores cubiertos por el mismo han supuesto un coste cercano a los 18.000 millones de euros para el Estado, que ha redundado en favor de los trabajadores protegidos - a los que se ha garantizado una renta en un contexto difícil - y de las empresas cubiertas, que han visto contenidos sus costes en un periodo de facturación cero. Pero en este periodo también ha habido empresas que cumpliendo los requisitos de caída de la facturación o escasez de suministros establecidos por la norma para solicitar un ERTE por causa de fuerza mayor, con todo el arsenal de ayudas públicas asociado al mismo, han decidido no hacerlo por una cuestión de filosofía, de paz social, de responsabilidad, de reputación o de márketing empresarial. Una nómina en la que figuran nombres ilustres como Inditex o Estrella Galicia y también alrededor de la mitad de las empresas familiares del país.
Lo hicieron conscientes de que asumían un coste que muchos de sus competidores decidieron no internalizar y también de que renunciaban a un jugoso ahorro de costes con cargo a las arcas públicas. CEOE entiende que esa demostración de responsabilidad tiene que tener algún tipo de contrapartida por parte del Gobierno y tiene la intención de proponer ante la Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados la creación de algún tipo de incentivo fiscal específico en las leyes del Impuesto de Sociedades y del IRPF para 'recompensar' de alguna manera a las empresas y autónomos que, aún cumpliendo los requisitos solicitados para haber suspendido por completo la actividad de sus trabajadores o haber reducido su jornada de forma sustancial a través de los ERTE con subvención pública, han decidido aguantar el tirón por sus propios medios.
La propuesta está incluida en el capítulo de 'medidas fiscales' de uno de los borradores más avanzados del documento 'Estrategia España para la recuperación de la crisis del Covid-19', al que ha tenido acceso La Información y que contiene un completo catálogo de propuestas transversales y sectoriales que CEOE ha venido trabajando en las últimas semanas con la colaboración de Deloitte y la Escuela de Negocios Esade para su debate en la comisión parlamentaria para la reconstrucción, ante la que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, comparecerá este mismo jueves.
La Estrategia, que según fuentes de CEOE es todavía un documento abierto, que aún se está perfilando y que no ha sido aprobado por sus órganos de gobierno, plantea una serie de propuestas para reconocer desde la Administración el compromiso y la tarea que han desarrollado las empresas en la lucha contra la Covid-19. En ese sentido, no sólo aboga por habilitar algún premio fiscal en Sociedades e IRPF para las empresas que han optado por no sobrecargar la cuenta de gastos del Estado acogiéndose al ERTE por causa de fuerza mayor, sino que también solicita un tratamiento algo más considerado para las que durante la pandemia han realizado donaciones altruistas de material sanitario o dinero en metálico para luchar contra el coronavirus, o han puesto sus instalaciones sin coste alguno para atender a las personas afectadas por la pandemia.
Al contrario de lo que ha sucedido en otros países como Francia, el Gobierno de España no ha habilitado ningún mecanismo fiscal para estimular las donaciones o para reconocer a las empresas que han decidido poner sus infraestructuras o su capacidad logística al servicio de la Administración para la lucha contra el coronavirus, y las ha remitido al régimen ya existente en la Ley de Mecenazgo, uno de los menos generosos de los grandes países de Europa. Este régimen deja fuera, por ejemplo, a los centro sanitarios privados, que según CEOE han jugado un papel clave en este crisis y a los que la ley no reconoce derecho alguno a desgravarse los gastos en los que han incurrido como consecuencia de la lucha contra la pandemia.
El borrador al que ha tenido acceso La Información plantea flexibilizar la aplicación de los incentivos fiscales previstos en la Ley de Mecenazgo para que los hospitales privados puedan al menos desgravarse la factura en la que han incurrido en su contribución en la respuesta sanitaria a la Covid-19 y monetizar las deducciones por este tipo de incentivos para convertirlos en un instrumento de refuerzo de capitalización de las empresas.
Desgravarse las mascarillas y el material del teletrabajo
La organización empresarial propone en realidad una utilización intensiva del marco fiscal para contribuir a la salida de la crisis de las empresas. Insiste en la necesidad de aplazar el pago de impuestos hasta la recta final del año, en tanto se mantengan los efectos de las restricciones sobre la actividad, en la conveniencia de reducir los pagos fraccionados y los anticipos a cuenta para apuntalar la castigada tesorería de las empresas hasta que éstas empiecen a tener ingresos y, a la vez, en la utilización de los impuestos para abaratar determinadas facturas extra derivadas del impacto del coronavirus.
El borrador que CEOE está terminando de perfilar propone una deducción del 15% y libertad total de amortización tanto para el material de protección que las empresas han sido obligadas a adquirir para permitir el retorno al tajo de sus trabajadores en condiciones de seguridad - mascarillas, geles hidroalcohólicos, mamparas de separación...- como para las inversiones que han tenido que realizare para habilitar en tiempo récord la opción del teletrabajo de sus trabajadores en la fase más estricta del confinamiento.
Asimismo, y en pleno debate sobre la mayor o menor procedencia de que las empresas repartan dividendos en un contexto como el que se ha dado este año, la organización empresarial pone sobre la mesa la posibilidad de enfocar el asunto no desde la penalización - como se ha planteado en la regulación de los ERTE - sino desde el incentivo, estableciendo temporalmente durante 2020 y 2021 un tipo reducido del 10% sobre los beneficios no distribuidos de las empresas para estimular su capitalización.
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