El 31 de diciembre de 2017 CEOE registró en su balance una provisión de 12,972 millones de euros para cubrirse frente al potencial impacto sobre sus cuentas de un procedimiento de reintegro de subvenciones abierto unos meses antes por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) -a instancias del Tribunal de Cuentas- por las inconsistencias detectadas en la gestión de una serie de cursos de formación impartidos bajo la responsabilidad de CEOE y Cepyme. La provisión respondía a la cuantía total reclamada por el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y por su propia naturaleza obligaba a CEOE a inmovilizar esa cantidad ante la eventualidad de tener que abonarla a corto plazo.
Llegados a esa tesitura, que obligó a CEOE a 'autoabonarse' un dividendo de 12,32 millones procedente del Instituto Superior de Estudios Empresariales -su filial para la impartición de cursos de formación- para poder hacer frente a las cantidades reclamadas por el SEPE, la Dirección de la organización empresarial, entonces presidida por Juan Rosell, decidió que sería buena idea 'mover' parte de esos recursos en un fondo de inversión al objeto de sacar rentabilidad a un dinero que de otro modo estaría parado a la espera de ser reintegrado en todo o en parte a las arcas del Estado. Las Cuentas Anuales de la organización empresarial correspondientes a 2018 han revelado que la operación no resultó todo lo rentable que los dirigentes de la misma esperaban.
El informe, que lleva la firma del nuevo secretario general de CEOE, José Alberto González Ruíz, admite que los fondos de inversión adquiridos en 2018, por importe global de 8,4 millones de euros, "han generado unas variaciones negativas de valor razonable por valor de 218.000 euros", que la organización ha imputado a la cuenta de 'Ajustes por cambio de valor del patrimonio neto', es decir, que se han cargado contra el patrimonio de CEOE. Pero es que además la organización empresarial ha decidido desprenderse de una parte de los fondos de inversión adquiridos a lo largo de 2018, con una minusvalía acumulada de unos 30.000 euros, lo que eleva las pérdidas derivadas de la operación a unos 250.000 euros.
Según explican fuentes de la patronal, el planteamiento de invertir una parte de esos recursos partió de un planteamiento de máxima cautela: "Era una operación segura", se justifican. Una parte de esos fondos se invirtió en títulos de renta fija "muy conservadores", que de hecho han generado plusvalías durante el año 2018; mientras que otra parte se apostó a títulos de renta variable, que arrojaron las minusvalías antes mencionadas arrastrados por el desfavorable contexto del mercado.
Un 'patinazo' sin consecuencias
Las minusvalías generadas por las inversiones en bolsa de CEOE no han tenido un impacto alguno en la cobertura dotada por la organización empresarial para las eventuales devoluciones que tenga que afrontar por las irregularidades que le imputa el Ministerio de Trabajo. De hecho, la organización empresarial está convencida de que reducirá a la mínima expresión la factura millonaria que se le reclama.
El pasado mes de enero, CEOE y Cepyme decidieron interponer sendos recursos contencioso administrativos contra las cantidades cuyo reintegro reclama el SEPE y la presión ejercida por las organizaciones empresariales a este respecto ha llevado al Ministerio de Trabajo a aceptar el veredicto sobre el particular de una consultora independiente para estimar de nuevo el importe total reclamado por el SEPE por las incidencias e irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión de los fondos para la formación correspondientes al plan de 2010.
El equipo de Magdalena Valerio ha entendido que es procedente revisar el monto total del reintegro solicitado en su día para chequear si determinados gastos que en su día el Tribunal de Cuentas consideró injustificados "son acordes o no a la situación de mercado de aquel momento" y podrían estar en realidad justificados.
Desde CEOE se espera que la intermediación de un independiente pueda servir para calcular un 'justiprecio' que pondere de forma más adecuada la devolución que la organización empresarial debe asumir por las irregularidades que se le imputan a CEOE y también a Cepyme, de cuya responsabilidad en el caso ha decidido hacerse cargo también la organización que preside Antonio Garamendi. Hasta ahora, CEOE ha reintegrado 8.000 euros en 2017 y otros 14.000 euros el año pasado.
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