Nuevo plante de la CEOE al Ministerio de Trabajo. Los empresarios han manifestado su rechazo a la reforma de las políticas activas de empleo -las destinadas a reactivar a los parados y formar a los ocupados- que propone el departamento de Yolanda Díaz. El asunto no es baladí, pues se trata de una de las reformas clave que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación que dará acceso a España a 150.000 millones de euros de los fondos Next Generation EU en función del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos que, por el momento, están lejos de alcanzarse.
El atasco en esta negociación se suma al ya existente en la mesa para la modernización de las relaciones laborales y en la de las pensiones. Desencuentros paralelos que no implican una ruptura total del diálogo social, pero sí un bloqueo que alarga la agonía de la economía española ante un eventual retraso en la llegada de las ansiadas ayudas europeas. Y es que a pesar de que la vicepresidenta Díaz ha advertido de que la reforma laboral se aprobará este año con o sin acuerdo con los interlocutores sociales, el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a buscar el mayor consenso posible con la patronal y los sindicatos en las reformas más sensibles.
La de las políticas activas de empleo es una de las reformas capitales para la Comisión Europea, que ha advertido a España en numerosas ocasiones sobre la necesidad de corregir las deficiencias de estas estrategias a la hora de reducir la tasa de paro, el desempleo de larga duración o la conexión entre oferta y demanda de empleo. El propio vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis, uno de los principales responsables en materia económica que evalúa el paquete de reformas español para acceder a los fondos, ha incidido en la necesidad de dar un vuelco a las políticas activas, que hasta ahora no han funcionado correctamente y serán cruciales para ayudar a los trabajadores y a las empresas en el proceso de transformación económica que Bruselas quiere poner en marcha con el plan de recuperación.
Con la idea de avanzar en este sentido, Trabajo convocó la mesa que aborda la reforma de las políticas activas de empleo este lunes, pero el resultado fue poco fructífero. Según ha podido saber La Información por fuentes conocedoras del debate mantenido a puerta cerrada con el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, la CEOE se opuso de plano al acuerdo propuesto por el Ministerio por la falta de concreción en la estrategia, la desconexión de las necesidades reales de los desempleados y el escaso peso del sector privado -esta demanda empresarial es un clásico-, con una "mención meramente simbólica" a la colaboración público-privada. La patronal considera que la estrategia planteada, que cuenta con el respaldo de CCOO pero tampoco tiene el visto bueno de la UGT, es continuista con unas políticas que no han sido eficientes para la mejora del mercado laboral.
Otro de los reproches que los representantes empresariales hicieron al secretario de Estado es que la estrategia ha sido pactada con las comunidades autónomas antes que con los interlocutores sociales. La patronal habla de "política de hechos consumados", al haber anunciado Yolanda Díaz el acuerdo en la conferencia sectorial celebrada hace un par de semanas, en la que se acordó el reparto de 2.111 millones de euros entre los distintos gobiernos regionales para su desarrollo. Los empresarios critican que las comunidades autónomas han aceptado el planteamiento del Gobierno por lo que se refiere a las transferencias de fondos y al incremento de funcionarios que supondrá, pero el contenido de la estrategia aún no cuenta con el beneplácito formal de las organizaciones patronales y sindicales.
Las condiciones de la UE
Desde el Ministerio de Trabajo, no obstante, restan importancia al desencuentro con la patronal y confían en alcanzar un acuerdo. Fuentes del diálogo social consultadas por este medio también apuntan a que las conversaciones podrían acabar con la suma de UGT al apoyo de CCOO y ubican la falta de connivencia con los de Pepe Álvarez en meras "estrategias de negociación". Los sindicatos consideran, además, que el retraso en el acuerdo en materia de políticas activas no pone en riesgo la llegada de los fondos europeos y desligan el grueso de las reformas en materia económica de una condicionalidad expresa de las autoridades comunitarias a la hora de valorar los planes de recuperación para empezar a repartir las ayudas.
Pero el reglamento de la Comisión es claro -y estricto- al respecto. Los países miembros deben alinear sus planes con las recomendaciones del Semestre Europeo para acceder al Next Generation EU y la liberación de las transferencias está condicionada al cumplimiento de una serie de hitos y objetivos que reflejen los avances en la aplicación de las reformas comprometidas. España, como el resto de países, debe ceñirse a las que la Comisión ha identificado en sus recomendaciones y no han sido atendidas. A este respecto, la CE ha señalado que las reformas laborales de 2012 y 2013 han desempeñado un papel importante en la recuperación económica y ha pedido que cualquier modificación -como los cambios previstos en la negociación colectiva- solo se adopte tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores.
De ahí que la patronal haya rechazado de plano el primer paquete planteado por el Ministerio de Trabajo para recuperar la prevalencia del convenio sectorial y la ultraactividad y limitar la subcontratación. Recientemente se ha incorporado la reforma de los contratos temporales, que está en discusión y tampoco convence a la CEOE. Cierto es que durante los últimos años, la Comisión ha sacado los colores a España especialmente por el alto grado de segmentación del mercado laboral entre los contratos temporales y los indefinidos y ha puesto el foco en la necesidad de favorecer la transición hacia los fijos mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación. También ha pedido corregir las deficiencias en la cobertura del sistema nacional de asistencia al desempleo y mejorar las políticas activas. Y esos son, a grandes rasgos, los ejes que deben regir las futuras reformas.
No hay acuerdo, por el momento, en ninguna de esas materias. La mesa para la modernización del mercado laboral está en stand by porque el Ministerio de Trabajo ha decidido priorizar la negociación para la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), al ser en estos momentos lo más urgente. "Intentan evitar que unas negociaciones interfieran en otras", indican fuentes del diálogo social. También están atascadas las conversaciones para la reforma de las pensiones, otra de las más importantes, especialmente tras el rechazo de la patronal a la última propuesta de José Luis Escrivá para la cotización de los trabajadores autónomos. Con todas estas mesas abiertas, los interlocutores sociales auguran que no habrá reforma laboral, como pronto, hasta septiembre.
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