La patronal ha dado un golpe de timón en la negociación del teletrabajo. Según ha podido saber La Información por fuentes presentes en la reunión que se desarrolló ayer entre los representantes de CEOE, Cepyme, CCOO, UGT y el Ministerio de Trabajo, los empresarios han puesto sobre la mesa una demanda que ha sorprendido a los interlocutores: que la nueva regulación no se aplique hasta que haya finalizado la pandemia. Según revelan las fuentes consultadas, el equipo negociador de la patronal ha planteado que las empresas que se vean obligadas a extender el teletrabajo a la totalidad de la plantilla van a afrontar grandes dificultades para alcanzar los acuerdos individuales con los trabajadores en un plazo inmediato. Una "problemática formal" que los sindicatos interpretan como un intento de los empresarios de eludir la factura del teletrabajo en plena crisis económica.
Los agentes sociales acudían a la reunión de este martes con sus respectivas anotaciones al borrador remitido hace unos días por el Ministerio de Trabajo. La principal objeción de la patronal tenía que ver con el porcentaje de jornada desempeñada a distancia para considerar que existe una prestación de teletrabajo regular que obligue a firmar un acuerdo específico con el trabajador en el que se apliquen las nuevas normas que se están negociando. El Ministerio había establecido un 20% -es decir, bastaría con teletrabajar un día a la semana- y los empresarios insistieron en elevarlo hasta el 30%, una petición que se va a tener en consideración de cara a la redacción del nuevo borrador, según aseguran fuentes del diálogo social.
Pero no solo eso. La CEOE también esgrimió la incapacidad de las empresas para hacer efectivo el proceso formal del teletrabajo a través de los acuerdos individuales obligatorios en el plazo que fija el borrador del anteproyecto de ley, que es de un mes. Según detallan fuentes presentes en el encuentro, la representación empresarial ha pedido al Ministerio la concesión de un periodo puente que evite que la regulación del trabajo a distancia se implante en plena pandemia de la Covid-19, llegando a solicitar que este asunto no esté regulado hasta que haya una vacuna para el virus y las empresas vuelvan a la normalidad, solventando los próximos meses mediante acuerdos específicos en el seno de las compañías. El planteamiento no convence a los sindicatos, que insisten en que los trabajadores no pueden seguir en las condiciones actuales y necesitan una solución urgente.
El Ministerio, no obstante, se ha abierto a estudiar la problemática planteada por la patronal, tal y como afirman varios de los participantes en la reunión. Una posible solución sería ampliar a más de un mes el plazo para la suscripción del acuerdo del trabajo a distancia, de modo que se dé más margen a las empresas para negociar con los trabajadores. Pero tanto CCOO como UGT esperan que el Gobierno no conceda este periodo puente a la patronal y que en ningún caso deje abierta una grieta para la no aplicación del acuerdo. La interpretación que hacen desde ambos sindicatos es que los empresarios están intentando "a toda costa" que el teletrabajo no se regule mientras dure la pandemia, para esquivar así los costes en los que tendrían que incurrir en un momento económico crítico en muchos sectores.
De hecho, a petición de la patronal, el Gobierno estableció en el último borrador un periodo transitorio de tres años para que los convenios que ya regularan condiciones de prestación de servicios a distancia se adaptasen a la nueva normativa. Sin embargo, fuentes del diálogo social avanzan que finalmente ese plazo va a verse reducido a petición de los sindicatos para que la regulación se aplique cuanto antes en todos los convenios. El Ministerio de Trabajo ha accedido a estudiar la limitación de este periodo hasta un año, si bien la cifra final está aún por determinar (podría fijarse un año y medio y dejar algo de margen a la negociación colectiva).
La intención del Gobierno, pese a las presiones de los empresarios, es tener lista esta regulación cuanto antes y por eso el Consejo de Ministros aprobó su tramitación urgente, aunque se está atascando en el trámite del diálogo social por las discrepancias con la patronal y los sindicatos, transcurridos ya seis meses desde el estallido de la pandemia. La pretensión de Yolanda Díaz era tramitar la nueva norma como proyecto de Ley, pero fuentes del diálogo social apuntan a que la ministra ha cambiado de opinión y parece optar ahora por un Real Decreto Ley que pueda tramitarse con posterioridad como proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados, lo que garantizaría su entrada en vigor inmediata y posteriores retoques en la cámara baja.
Oposición en la CEOE
La patronal quiere ganar tiempo porque en el seno de la CEOE hay una gran oposición al último borrador presentado por el Ministerio. Fuentes de la organización empresarial explican que en el grupo de trabajo previo a la reunión con los representantes gubernamentales, donde están representados los sectores más afectados por el teletrabajo y algunas patronales territoriales, como la catalana Foment del Treball, quedó patente el rechazo generalizado a un texto que consideran "insuficiente e inasumible". Las mismas fuentes también explican que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, está sometido a una importante presión por parte del Gobierno para alcanzar acuerdos en el marco del diálogo social, lo que está implicando un complejo juego de equilibrios dentro y fuera de la CEOE.
En general, los empresarios se muestran reticentes a tener que asumir los costes del teletrabajo. El último borrador rebaja lo que se refiere a los gastos indirectos, aunque sí obliga a las empresas al abono y compensación de todos los "gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral". El Ministerio también ha accedido a otorgar un mayor poder a las empresas para controlar y vigilar que los trabajadores a distancia cumplen con sus tareas, pero respetando su "dignidad" y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad para cumplir con sus obligaciones y deberes. Son avances en las negociaciones que, sin embargo, no terminan de convencer a la patronal.
Los sindicatos, por su parte, han colocado la línea roja –y en este caso no se trata de una diferencia con la patronal, sino con el Gobierno– en el hecho de que la nueva ley excluya al personal laboral de la Administración Pública, que también se rige por el Estatuto de los Trabajadores y que, a juicio tanto de CCOO y UGT como de CEOE y Cepyme deben estar incluidos en este marco. El Ministerio de Trabajo defiende que las condiciones de estos trabajadores deben negociarse en la mesa con Función Pública y el borrador especifica que hasta que no exista una normativa específica para este colectivo, se regirán por lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, mientras que los agentes sociales defienden que hasta que se apruebe su normativa específica se aplique esta ley para que no se queden en el limbo.
Con todo, las partes han quedado en analizar un próximo documento que les va a remitir Trabajo en estos días y, a pesar de los escollos, insisten en que "hay voluntad de alcanzar un acuerdo". "A falta de unos flecos" la negociación avanza de forma "muy favorable y somos muy optimistas en la posibilidad de llegar a un acuerdo", comentaba ayer el secretario de juventud y nuevas realidades del Trabajo de CCOO, Carlos Gutiérrez, al término de la reunión. "Se han producido avances importantes que nos permiten pensar que se puede producir un acuerdo, siempre y cuando contemple al personal laboral al servicio de las administraciones públicas", matizaba el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, mientras ningún representante ni de CEOE ni de Cepyme se ha pronunciado por el momento de manera oficial.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios