El rechazo frontal manifestado por la CEOE a las dos últimas propuestas planteadas por el ala socio-laboral del Gobierno, a saber la propuesta de Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que traía de regalo una subida de las cotizaciones sociales durante la próxima década, y el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización en el Empleo, el vehículo a través del cual se quieren instaurar los ERTE permanentes, ha vuelto a poner en el punto de mira a la principal organización empresarial del país. Muy consciente de ello, su presidente, Antonio Garamendi, se ha apresurado a advertir en público sobre cualquier eventual campaña que pretenda señalar a la CEOE como el freno al impulso reformista que pretende el Gobierno tanto en el sistema de pensiones como en el área de las relaciones laborales. "Siempre estamos dispuestos a hablar de todo, pero no nos pueden obligar a aceptar todo y a cualquier precio", ha subrayado.
En Diego de León, 50, intuyen que en plena recta final para cerrar la reforma laboral y la parte más peliaguda de la reforma de las pensiones la presión para que CEOE dé su aval a estas iniciativas se va a incrementar de forma exponencial, más aún después de que las disposiciones operativas firmadas por el Gobierno de España con la Comisión Europea hayan dejado bien claro la importancia que Bruselas le da a que precisamente esas dos reformas cuenten con el aval del diálogo social, no de un parte del mismo sino del conjunto de los agentes sociales: sindicatos y empresarios.
Entre las organizaciones de CEOE hay un consenso casi total en que hay que poner toda la carne en el asador para evitar que esas reformas erosionen los intereses de las empresas, según confirman a La Información hasta tres portavoces de algunas de las asociaciones con más peso histórico en la patronal, incluso aunque ello implique aceptar un perfil más bajo en la discusión en torno a otras iniciativas regulatorias que también tendrán una incidencia directa en el día a día de las empresas. "Somos muy conscientes de que no se puede dar la batalla al Gobierno en todos los frentes", asegura una de las fuentes consultadas, "y si hemos decidido ser beligerantes con la reforma laboral y la subida de las cotizaciones nos va a tocar ser más condescientes en otras reformas, aunque no nos gusten".
En paralelo a la resolución definitiva de esas dos grandes reformas que Bruselas espera con expectación, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha lanzado también una batería de leyes orientadas al mundo de la empresa, que aspiran a incentivar el emprendimiento, el crecimiento empresarial y la supervivencia de las empresas en problemas o en el peor de los casos su rápida resolución, y que pretende aprobar de aquí a final de año. Hablamos de la reforma concursal, la ley de startups y la ley de creación y crecimiento empresarial, más conocida como 'Crea y Crece'. El 'pack regulatorio' de Calviño incide de forma directa en algunos de los aspectos que han formado parte del tronco argumental de la CEOE en los últimos años y que engloban algunas de sus principales reivindicaciones, como la necesidad de combatir la morosidad, la importancia de la unidad de mercado, la dificultades burocráticas para crear una empresa o las barreras regulatorias al crecimiento empresarial.
Una tramitación más pacífica
Pese a la relevancia de los aspectos que se pretenden regular y la visión decididamente crítica que organizaciones integradas en CEOE han manifestado en torno a estos proyectos, la patronal ha optado por pasar casi de puntillas por estos proyectos y se ha limitado a plantear sus aportaciones en algunos casos de una forma más que parca. Tras años exigiendo que se acabe con el 'síndrome del empleado 50', que presuntamente hace que algunos empresarios eviten la contratación del empleado número 50 para no tener que asumir todo el rosario de obligaciones administrativas, fiscales y laborales que conlleva esa decisión, la CEOE ni siquiera ha incluido la supresión de esas obligaciones en sus aportaciones a la Ley Crea y Crece y ha tenido que ser Cepyme la que saliera hace unos días a recordar que aún subsisten más de un centenar de barreras regulatorias que inhiben el crecimiento de los proyectos empresariales.
Algo similar sucede con la morosidad. CEOE ha reivindicado históricamente la necesidad de poner coto a este problema y ha sido particularmente beligerante con la manga ancha de la que disfrutan las Administraciones Públicas a la hora de recibir una interpretación flexible de los plazos legales de pago a sus proveedores. Organizaciones de CEOE como la patronal de la limpieza, Aspel, una de las más afectadas por este problema, han reivindicado la opción de crear una lista pública de morosos que penalice a los malos pagadores igual que ocurre con los que no atienden sus obligaciones fiscales y desde otros ámbitos también se ha planteado el establecimiento de un régimen sancionador. La organización empresarial, sin embargo, ha decidido no meterse en esa 'batalla'.
La reforma concursal es otro de esos campos en los que la CEOE ha preferido adoptar un perfil bajo. Y el tema no es menor. Una de las grandes batallas de los empresarios ha sido que Hacienda y Seguridad Social asuman el mismo nivel de riesgo que el resto de acreedores de empresas en crisis y acepten quitas en los impuestos o cotizaciones pendientes de pago para favorecer la supervivencia de los proyectos empresariales. La polémica reforma concursal del Gobierno adapta las disposiciones de la directiva europea en muchos puntos, pero no asume una de las más relevantes, la posibilidad de establecer quitas sobre los créditos públicos, uno de los elementos que el consenso de los expertos identifica como críticos a la hora de explicar las reducidísimas tasas de supervivencia empresarial en los procedimientos concursales en España.
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