CEOE, contra el estado de alarma de seis meses: "Es una auténtica barbaridad"

"¿Qué queremos, que no haya Semana Santa?". De esta manera tan gráfica ha recalcado el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, su rechazo a la iniciativa del Gobierno de sacar adelante un nuevo 'estado de alarma' que se prolongue por lo menos hasta el 9 de mayo y que dé soporte jurídico tanto al Gobierno del Estado como a los de las comunidades autónomas para adoptar las medidas de restricción de la actividad y de la movilidad que consideren necesarias para contener la propagación del virus. En opinión del presidente de CEOE la reimplantación del estado de alarma puede tener cierto sentido, pero hacerlo por un periodo tan largo "es una auténtica barbaridad".

Garamendi entiende que implantar un estado de excepción para los próximos seis meses es innecesario y traslada un mensaje inquietante a los turistas que potencialmente tuvieran intención de visitar España a medio plazo, de ahí el ejemplo de la Semana Santa. "Parece que el hecho de que a España vinieran 80 millones de turistas es un problema, cuando es todo lo contrario", ha lamentado el presidente de CEOE, que considera que las medidas que se están adoptando para contener el virus en esta segunda oleada están "demonizando" algunos sectores clave para el PIB y el empleo en España como el turismo o la hostelería. CEOE aboga por ir adoptando las medidas a la evolución del virus en periodos más cortos.

CEOE entiende que el activismo gubernamental en el plano jurídico no se corresponde con un impulso similar en las medidas de apoyo al tejido económico. En este sentido ha señalado que mientras el foco se ha situado de forma casi específica en los ERTE, hay otras medidas como los avales del Estado a las líneas de crédito del ICO que empiezan a quedarse cortas. Y lo que es peor desde su punto de vista, no se percibe una especial sensibilidad a las necesidades del tejido productivo. "Se  ha hablado mucho de los 15.000 millones de euros de los ayuntamientos", en referencia a la iniciativa del Ejecutivo para desbloquear la utilización por parte de las corporaciones locales de los superávits que la legislación presupuestaria obliga a preservar. "Pero nosotros no queremos que se hagan aceras con ese dinero, queremos que se quite el IBI a las empresas que lo están pasando mal y que tienen problemas para salir adelante".

Garamendi ha advertido también del riesgo de convertir el 'escudo social' en una carga presupuestaria permanente para las arcas del Estado. "Hay que afrontar los problemas coyunturales como medidas coyunturales. Ojo con convertir esas ayudas en un gasto estructural", ha advertido el presidente de la mayor organización empresarial del país.

El riesgo de convertir los fondos europeos en otro 'Plan E'

A los empresarios les inquieta asimismo el destino que se dé a los fondos europeos que empezarán a llegar a España el próximo año 2021 para alentar la recuperación en el país europeo al que más va a golpear la crisis sanitaria. Casi al mismo tiempo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometía a los presidentes regionales que alrededor de la mitad de los fondos que lleguen a España van a acabar en las comunidades autónomas, a través de programa de políticas sociales, políticas activas de empleo, educación, sanidad o proyectos medioambientales, Antonio Garamendi manifestaba ante un foro formado por algunos de los empresarios más importantes del país su preocupación de que los fondos europeos acabaran no ejecutándose o ejecutándose mal, en una especie de segunda versión del célebre 'Plan E' impulsado en 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para superar el primer embate de la crisis financiera.

"Vamos a estar encima para que nadie se olvide de las empresas", ha asegurado el presidente de CEOE, que también ha manifestado sus dudas por el esquema -aún no del todo aclarado- de gobernanza de la gestión de los fondos europeos y también sobre el modo en que se van a aplicar esos fondos. Garamendi ha advertido de que esos 140.000 millones en préstamos y transferencias a fondo perdido son una oportunidad, pero por sí solos no van a sacar a España de la crisis. "En los próximos meses vamos a tener que hablar de pensiones, de la reforma laboral y de todas esas reformas que Europa lleva años pidiéndonos y que no hemos abordado. Cuidado, porque vamos a tener que hacer los deberes", ha asegurado.

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Marc Puig, ha alertado por su parte de la incoherencia de determinados discursos de promoción del emprendimiento. Puig ha subrayado que las diferencias de productividad de España con los principales países de Europa se explican básicamente por la diferencia de tamaños de las empresas. "En España se anima a la gente a emprender, pero cuando ese emprendimiento es exitoso parece que la perspectiva cambia y ya se ve de forma negativa. Por el contrario deberíamos estimular que las pequeñas empresas quieran y puedan ser medianas y que las medianas quieran o puedan ser grandes. Pero no, cuando una empresa es grande y el empresario aparece en la lista de Forbes parece que ya hay que criticarlo", ha lamentado el presidente del IEF.