El miedo entre los empresarios a una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es real. El propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha dirigido en público al Gobierno en funciones para pedirle que "se piense muy bien" sus planes en esta materia para 2020. En paralelo y en privado, responsables de la patronal mantienen contactos con el Ministerio de Trabajo en los que expresan su preocupación por el impacto que un eventual incremento tendrá tanto en los convenios que se firmen en 2020 como en la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que deberá abordarse con los sindicatos el próximo año.
Según ha podido saber La Información, se están produciendo reuniones de alto nivel entre los empresarios y el área de Empleo del Ejecutivo en funciones para tratar este y otros asuntos. En la CEOE hay una gran inquietud por lo que pueda pasar con el Ministerio de Trabajo durante la próxima legislatura. Han asumido que su gestión pasará a manos de Unidas Podemos en un eventual gobierno de coalición, tal y como se está manejando en las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y han intensificado su labor de 'lobby' para mitigar las decisiones que un ministerio "comunista" –en boca de un miembro de la cúpula de la patronal– podría adoptar en materia laboral.
Esta semana ha tenido lugar un encuentro con la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, con quien la patronal ha mantenido una muy buena relación desde la llegada al Gobierno del PSOE. Según fuentes conocedoras de las conversaciones que se mantuvieron en esa cita, los empresarios insistieron a la 'número dos' de Magdalena Valerio en su petición de que Podemos no gestione el área de Trabajo. En la CEOE, la eventual salida de ambas, tanto de Valerio como de Valdeolivas, es vista como "un drama de primera magnitud". Aunque llegaron con la intención de derogar la reforma laboral del PP, finalmente se limitaron a las partes "más lesivas" y se abrieron a negociar con los agentes sociales. En definitiva, más vale "malo conocido", resume otro empresario.
En la reunión se habló, sobre todo, del salario mínimo. El empresariado está intranquilo porque teme que en el programa de gobierno que negocian PSOE y UP se pacte una subida excesiva para el año que viene. Hay que recordar que alcanzar los 1.200 euros en 2020 es piedra angular de la ambiciosa agenda social de Iglesias, mientras los socialistas están evitando cuantificarlo y se remiten a su apuesta por alcanzar el 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea al final de la legislatura.
La patronal recuerda los efectos negativos que ya tuvo la subida de este año hasta los 900 euros. Según ha afirmado el propio Garamendi, solo en el sector agrícola ha destruido 70.000 empleos. Incluso el Ministerio de Trabajo ha admitido los efectos negativos en determinadas áreas de la economía, como el campo y las empleadas del hogar. Por eso, los empresarios presionan para que el SMI se mantenga en los niveles actuales, más en un momento de ralentización de la economía y enfriamiento del mercado laboral.
El AENC, en el aire
El principal temor es el impacto que un incremento desmesurado del salario mínimo –como el que, a su juicio, se ha producido en 2019– vaya a tener en los convenios que se negocien en 2020. Hay que recordar que la patronal y los sindicatos ya firmaron que el sueldo mínimo en convenio alcance los 1.000 euros el próximo año. Lo dejaron por escrito en el IV AENC, un acuerdo que precisamente caduca este 2020 y que, por tanto, habrá que renovar. Los empresarios advierten de que las alteraciones en relación al SMI podrían hacer "inviable" la actualización del AENC.
La CEOE, en todo caso, está valorando un escenario en el que el salario mínimo subirá hasta los 1.000 euros en 2020 y los empresarios se preparan para encajar el golpe de esos 100 euros adicionales en sus costes laborales. "No se entendería que el PSOE congele el SMI, y menos si sale adelante la coalición progresista", comentan. Pero que lo contemplen no significa que lo apoyen. De hecho, la patronal ha trasladado en notas internas a sus socios que rechazará cualquier subida del SMI basándose en la evolución plana de la inflación y en las malas perspectivas para la economía española de los principales organismos.
Fuentes del Ministerio de Trabajo aclaran que la ronda oficial de consultas con los agentes sociales todavía no ha comenzado. Valdeolivas avanzó esta misma semana que el Gobierno ha preguntado a la Abogacía del Estado para saber si pueden subir el SMI estando en funciones, en caso de no lograr la investidura de Sánchez antes de que acabe el año. En cuanto despejen las dudas, dijo, contactarán con la patronal y los sindicatos. En cualquier caso, hay que recordar que la consulta con los interlocutores sociales es meramente preceptiva, por lo que el Ejecutivo tiene la última palabra.
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