Los sindicatos han amenazado a la patronal con elevar la conflictividad en los centros de trabajo si no acceden a garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores indexando sus nóminas al IPC en el pacto salarial, pero la CEOE no está dispuesta a ceder a lo que consideran un "chantaje". Así lo denuncian fuentes de la cúpula de la organización empresarial que avanzan a La Información que están barajando la posibilidad de convocar una última reunión tras las celebraciones del Primero de Mayo para formalizar el desacuerdo. Si bien se trataría de una ruptura temporal, ya que desde ambos flancos de las negociaciones adelantan que no descartan romper la mesa ahora para retomar las conversaciones más adelante, cuando las tasas de inflación se estabilicen en niveles más moderados.
Ni la patronal ni los sindicatos dan por concluida la negociación salarial, aunque en los dos bandos admiten que las posturas están muy alejadas. Fuentes del diálogo social aseguran que esta misma semana se ha hecho un intento de convocar la mesa, pero no ha fructificado por problemas de agenda en uno de los interlocutores. Los empresarios comentan en privado que tanto en CCOO como en UGT están "muy ocupados" con los preparativos de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, si bien los sindicatos niegan el intento de convocatoria y aseguran que no hay reuniones previstas porque la CEOE no se mueve de su "cerrazón" a incorporar las cláusulas de revisión con el IPC, condición sine qua non para que Pepe Álvarez y Unai Sordo firmen un acuerdo.
Desde la organización empresarial que dirige Antonio Garamendi alegan que la última propuesta sobre la mesa es la suya y que son los negociadores sindicales los que deben hacer un nuevo planteamiento. Recordemos que, el pasado 8 de abril, la patronal rechazó la última propuesta conjunta de CCOO y UGT para modular la cláusula de revisión salarial y distribuir el reparto de la inflación en tres años y contraofertó con subidas anuales de entre el 3% y el 2% hasta 2024 y una revisión con la evolución del IPC al final del periodo. Los sindicatos no han contestado formalmente a esa propuesta y, para la CEOE, la pelota está ahora sobre su tejado. "En este momento, la última propuesta es la nuestra", zanjan desde la patronal.
La intención de los negociadores de CEOE es volver a convocar la mesa una vez pasado el 1 de mayo, para constatar entonces si hay posibilidad de acuerdo o, de lo contrario, optar por el cierre formal de las negociaciones. Esa maniobra permitiría calmar los ánimos tras las reivindicaciones de los sindicatos en las calles, que en este Primero de Mayo van a reivindicar en las manifestaciones convocadas subidas salariales y contención de precios, y retomar la negociación en los próximos meses, con tasas de IPC más reducidas. Todos confían en que el tope al gas que ha logrado el Gobierno en Bruselas va a darle la vuelta a la escalada de la inflación y coinciden en que será más fácil intentar un acuerdo con los precios en niveles más contenidos.
Si finalmente la negociación salta por los aires, tanto la patronal como los sindicatos trasladarán sus propias recomendaciones a las unidades de negociación de los convenios colectivos y el conflicto está garantizado en las más de 4.000 mesas abiertas. CCOO y UGT ya han advertido de que van a tensionar esas negociaciones, hasta el punto de bloquearlas con la exigencia de la cláusula de revisión, y también van a trasladar ese bloqueo a algunas cuestiones donde las empresas tienen la opción de suavizar el despliegue de la nueva reforma laboral, como es el caso de la aplicación de los nuevos contratos fijos-discontinuos o en la prolongación desde seis meses hasta un año de los contratos temporales por circunstancias de la producción.
Fuentes de la patronal denuncian lo que consideran un "chantaje" por parte de las organizaciones sindicales y aseguran que no van a ceder ante esas amenazas. Su planteamiento también pasa por trasladar su propia estrategia a sus equipos negociadores de los convenios, haciendo una recomendación de incremento salarial en base a la previsión de inflación subyacente (más baja que la general porque no incorpora los precios energéticos) y recordando la posibilidad de descuelgue que prevé el Estatuto de los Trabajadores y que permite a la empresa no aplicar las condiciones del convenio colectivo de trabajo en circunstancias excepcionales. Recomendarán, además, no acceder a indexar las subidas salariales a la inflación y para ello se escudan en la postura del Banco de España.
El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos recomienda como receta para salir de la crisis provocada por la guerra en Ucrania y frenar la escalada de la inflación adoptar un pacto de rentas que fuerce a las empresas a moderar sus márgenes y proteger el empleo a cambio de aplicar subidas de sueldos moderadas para los trabajadores. Pide que se eviten fórmulas de indexación automática de los sueldos a la inflación pasada o cláusulas de salvaguarda con el IPC para reducir el riesgo de que se desencadene una realimentación entre los incrementos de los salarios y los de los precios (los temidos efectos de segunda ronda). Y respecto a la cuantía, recomienda a los agentes sociales que se inspiren en la inflación subyacente.
Es prácticamente el mismo pacto de rentas que defendió el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados a principios de marzo. Pedro Sánchez prometió que el plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas del conflicto bélico incorporaría como primer eje un pacto de rentas. Pero, dos meses después, ni está ni se le espera. La intención de Sánchez es incorporar la recomendación de subida salarial que acuerden la patronal y los sindicatos a ese gran acuerdo nacional, y utilizar esa referencia para la subida de sueldos de los funcionarios. Pero, de momento, va a tener que esperar a que sus medidas económicas surtan efecto y la inflación baje hasta niveles que favorezcan un pacto entre agentes sociales.
