La cuerda entre el Ministerio de Trabajo y la CEOE se tensa todavía más después de que la patronal de empresarios haya roto la interlocución con la cartera que lidera Yolanda Díaz. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales considera que la enmienda pactada con EH Bildu sobre el control de la Inspección de Trabajo de las causas en los despidos colectivos (ERES) es "tramposa y contraria a la buena fe".
En un duro comunicado, la CEOE considera que la enmienda transaccional es una "traición" al acuerdo alcanzado en la reforma laboral. "En la medida que este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral, y apartado de mutuo acuerdo en aras del consenso, la actuación del Ministerio a través de la enmienda de EH Bildu supone una ruptura de la buena fe negocial (...) actuación que invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable".
Los empresarios españoles recuerdan que este asunto se apartó "de mutuo acuerdo" para alcanzar el consenso en la reforma laboral, por lo que ven en esta modificación "una ruptura de la buena fe negocial". Ambas organizaciones consideran ahora que el Ministerio de Trabajo y Economía Social queda invalidado "como interlocutor fiable", ya que no ha respetado ni defendido los acuerdos.
Intervención en las decisiones empresariales
La enmienda aprobada en la Comisión de Trabajo se trata de una modificación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores relativo al despido colectivo. Con este punto, se constatará que la documentación presentada por la empresa se ajusta a la exigida en función de la causa concreta alegada para despedir. Es decir, la Inspección evaluará y emitirá su conformidad o no sobre las causas alegadas por la empresa para la ejecución del despido colectivo.
Asimismo, la nueva redacción del artículo del Estatuto de Trabajadores establece que tras haberse notificado la comunicación del despido, el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberá ser evacuado en el "improrrogable" plazo de 15 días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al procedimiento.
Los empresarios creen que estos cambios "tienen como fin intervenir las decisiones empresariales" y resulta "contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa", además de contravenir la normativa europea. La Junta Directiva de CEOE tratará estas cuestiones, "dada su urgencia", el próximo 21 de diciembre.
Sin reintroducir la autorización previa
Trabajo y Bildu han acordado un cambio en el Estatuto de los Trabajadores para que la Inspección de Trabajo elabore un informe sobre cada ERE en el que constate la concurrencia de las causas especificadas por la empresa para alegar el despido colectivo. Este cambio, que se incluirá en la ley a través de una modificación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, no supone una recuperación de la autorización administrativa de los ERE previa a la reforma laboral de 2012, sino un mayor papel de la Inspección en el control de estos despidos colectivos.
A mediados del pasado mes de octubre, la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, avanzó en un acto en Sabadell que se estaba ultimando un cambio normativo en este sentido. "Hemos modificado la norma para que la Inspección de Trabajo sea quien controle las causas que dan curso a un expediente", aseguró en esa fecha.
En ese momento, Díaz descartó reintroducir la autorización administrativa de los ERE que existía antes de la reforma laboral del PP y que daba la última palabra sobre estos expedientes a las administraciones autonómicas. La autorización administrativa previa ya se recuperó durante la pandemia para los ERTE por fuerza mayor.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios