La propuesta del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de implantar un 'Ingreso Mínimo Vital Puente' para paliar los efectos de la crisis del coronavirus sobre los colectivos más vulnerables mientras el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones termina de diseñar una suerte de 'renta básica' definitiva ha encendido las alarmas en la CEOE. No solo porque la patronal haya sido excluida de la negociación del diseño de esta prestación temporal, sino porque en el fondo, y a pesar de compartir con el Gobierno la necesidad de que ningún ciudadano quede desatendido económicamente durante esta pandemia, los empresarios nunca han estado de acuerdo con esa figura, entre otros motivos, porque consideran que presionaría al alza los salarios y distorsionaría la negociación colectiva.
Miembros del Comité Ejecutivo de la confederación empresarial trasladan a La Información su rechazo al Ingreso Mínimo Vital (el IMV, como lo ha bautizado el ministro José Luis Escrivá) por varios motivos. El primero, porque "tensionará los salarios al alza y dificultará el reclutamiento" y el segundo, porque "va en la línea contraria a la activación de las políticas pasivas de empleo", es decir, de las prestaciones sociales. En este sentido, la prioridad para los empresarios es que se abonen cuanto antes las prestaciones que corresponden a las personas que han perdido su empleo o se han visto afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo, así como a los autónomos que han solicitado el cese de actividad.
La propuesta de Iglesias hizo estallar el pasado jueves a las patronales CEOE y Cepyme, que emitieron un duro comunicado en el que le acusaron de "manipulación interesada" y "deslealtad al diálogo social". Según pudo saber este medio, apenas horas después Antonio Garamendi y el vicepresidente de Unidas Podemos acercaron posturas, pero eso no significa que los empresarios estén a favor de la implantación de la "renta básica". Lo que preocupa en círculos empresariales, según transmiten en privado dirigentes de la patronal, es que esa prestación tensione al alza las nóminas, como sucede cuando se incrementa el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El economista Javier Santacruz analiza esta acción-reacción y su conclusión es que, al contrario, lo que se producirá es "una depresión de los salarios reales". En conversación telefónica desarrolla esta idea: "Hay que distinguir entre la presión que ejercerá sobre los salarios nominales, que es posible que sea alcista por el efecto que tenga sobre el SMI, y sobre los salarios reales, es decir, sobre el poder adquisitivo real de las familias, que a medio plazo pueden sufrir un empobrecimiento masivo". Mientras, Iglesias ha defendido que la medida, aplicada en plena emergencia social, "contribuirá a mantener la capacidad de consumo y la supervivencia de muchas empresas cuando se levanten las restricciones sanitarias".
La Vicepresidencia de Asuntos Sociales se ha propuesto un ingreso puente que garantice que todos los ciudadanos que hasta ahora han quedado excluidos del paquete de medidas contra la crisis cuenten con al menos 500 euros al mes, ampliables en función de las cargas familiares. El planteamiento de Iglesias es que esa prestación funcione hasta que se dé encaje técnico a la propuesta que iba en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. El ministro Escrivá, por su parte, ha dejado claro que su departamento está trabajando en una renta mínima "estructural y permanente", que complementará otro tipo de rentas autonómicas y ayudas y que estará asociada a un itinerario de inclusión.
Pero para los empresarios el IMV plantea un problema importante, más allá de la presión sobre los sueldos, y es que "devalúa el diálogo social". En palabras de un miembro del Comité Ejecutivo de la CEOE, "la renovación de los convenios que venzan va a costar sangre". Coincide con esta valoración Santacruz, quien augura que la renta básica "va a poner patas arriba la negociación colectiva, sobre todo en todos aquellos convenios de empresas que operen en sectores con baja productividad y menores escalas salariales".
Y no solo eso. Fuentes de la patronal recuerdan que este año caduca el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020 y adelantan que la negociación de un nuevo marco con el Gobierno y los sindicatos no va a ser fácil. "Con las medidas que se están tomando, hay que despedirse de un nuevo acuerdo, salvo que éste forme parte de los nuevos pactos de estado", comenta un empresario. Por el momento, todos los esfuerzos del diálogo social están concentrados en la lucha contra la pandemia del Covid-19 y sus efectos sobre el mercado laboral, pero cuando pase esta crisis el Ejecutivo tendrá que sentarse con los agentes sociales para actualizar el AENC y para tratar otras cuestiones como la derogación de la reforma laboral, y ahí la CEOE va a dar la batalla.
El coronavirus echa por tierra la subida salarial
Hay que recordar que el anterior AENC favoreció un importante impulso de los salarios, aupados también por los sucesivos incrementos del SMI que han tenido lugar en los últimos años. En concreto, según los datos analizados por La Información, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos registrados hasta diciembre de 2019 alcanzó el 2,33%, dejando la media anual en el 2,28%, en línea con las directrices del AENC, que planteaba aumentos de las nóminas en el entorno del 2% más un punto porcentual ligado a la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.
Ahora el coronavirus amenaza con echar por tierra todos los esfuerzos tanto públicos como privados para mejorar los sueldos de los trabajadores. La oleada de ajustes de plantilla, despidos y no renovaciones de contratos va a tener importantes consecuencias sobre las rentas y de ahí que el Gobierno esté trabajando en el diseño de medidas como el IMV. La patronal comparte que ningún ciudadano quede desamparado en esta crisis económica, pero advierte de lo difícil que va a resultar mantener la actividad para muchas empresas durante los próximos meses y considera que es el momento de priorizar el mantenimiento del empleo y no las subidas salariales.
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