"No se pueden automatizar las sanciones y, de hacerse, debemos conocer cuáles son las fórmulas y los parámetros que están detrás de esa herramienta". Con esta contundente afirmación, un alto cargo de la CEOE cuestiona el nuevo sistema puesto en marcha por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que habilita a una aplicación informática a extender actas de infracción a las empresas sin intervención directa de un funcionario. La patronal ha pedido explicaciones al Ministerio de Trabajo sobre las "instrucciones humanas" que hay detrás de esta suerte de 'robot inspector' y exige garantías jurídicas ante el riesgo de que se produzcan sesgos que puedan dar lugar a un aluvión de multas indiscriminadas.
La futura vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decidió dar un vuelco a la actividad de la Inspección para activar la denominada "actuación administrativa automatizada", que permite iniciar procedimientos sancionadores a las empresas que cometan fraude a la Seguridad Social sin intervención de los funcionarios en el proceso, siendo 'robots' administrativos los que, tras detectar posibles incumplimientos por parte de las compañías mediante el análisis masivo de datos, pueden extender las actas pertinentes de manera automática. Las modificaciones normativas se aprobaron en Consejo de Ministros el pasado mes de enero y, desde entonces, han suscitado no pocas dudas en la CEOE.
Aunque en el Real Decreto-ley 2/2021, el Ministerio defiende que el nuevo procedimiento no reduce las garantías jurídicas de los administrados, los empresarios ponen en cuarentena esta afirmación. En la patronal consideran que la automatización de las multas "vulnera la seguridad jurídica" al hacer responsable de todo el proceso a un 'robot', desde la detección del posible incumplimiento de la normativa hasta la apertura del acta de infracción a la empresa y la notificación de la propuesta de resolución si el empresario no recurre. La CEOE considera que en este procedimiento pueden producirse sesgos y por eso quiere conocer las 'tripas' del sistema, para al menos saber en base a qué parámetros actúa el algoritmo.
Los argumentos de la patronal pasan, además, por uno de los aspectos más controvertidos del contenido de la regulación acordada en la mesa de diálogo social para los repartidores de plataformas digitales, los conocidos como riders. Las fuentes consultadas en la organización empresarial defienden que si las plataformas de todas las actividades van a estar obligadas a revelar a los sindicatos la parte del algoritmo con el que operan que afecta directamente a las condiciones laborales de sus trabajadores, del mismo modo los empresarios tienen derecho a conocer los parámetros en los que se basa el algoritmo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Las actas de infracción automatizadas, en efecto, van a posibilitar actuaciones masivas y los empresarios temen que esto se traduzca en una avalancha de multas "indiscriminadas". Aunque es cierto que la Inspección lleva años funcionando con herramientas de big data para detectar irregularidades en las empresas y advirtiendo de las mismas a través de cartas informativas, sin necesidad de visitar los centros de trabajo, la diferencia ahora es que los propios algoritmos pueden proponer las sanciones a las compañías, una competencia que hasta ahora era exclusiva de los inspectores y subinspectores. Se trata, en definitiva, de un procedimiento similar a las multas de tráfico de los radares.
¿Qué tipo de multas puede poner el 'robot inspector'? Fuentes de ámbito técnico conocedoras de las posibilidades de aplicación de este novedoso procedimiento en el sistema sancionador de la Inspección explican a La Información que la automatización de las actas de infracción está pensada para atajar el fraude laboral en situaciones específicas como los abusos que se producen en la modalidad de contratación temporal. En este sentido, salta la alarma cuando la aplicación informática detecta, por ejemplo, que una empresa genera un exceso de altas y bajas de contratos injustificadas, una práctica habitual que utilizan algunas compañías para para ahorrarse costes laborales a la que el Gobierno quiere poner coto.
Rechazo de los inspectores
El procedimiento sancionador automatizado, en cualquier caso, no inquieta solamente a los empresarios. La estrategia de Díaz para fortalecer la Inspección con nuevas herramientas que permitan agilizar la detección de ese tipo de fraudes no ha sentado nada bien en el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Su presidenta, Ana Ercoreca, considera que "la automatización de las sanciones rompe con los principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad, neutralidad e imparcialidad de la Inspección" y recuerda que el procedimiento también afecta a los trabajadores, pues el algoritmo puede detectar, por ejemplo, irregularidades en el cobro de prestaciones. Además, rechaza que un robot pueda sustituir a un inspector o subinspector y advierte de que si no se modifica el sistema planteado el sindicato elevará un informe al Consejo de Estado.
Pero desde el Ministerio de Trabajo defienden que la medida va dirigida a la "optimización de recursos humanos y técnicos" y que en ningún caso pretende sustituir a los funcionarios por robots. Es más, aseguran que va acompañada de un plan para incorporar efectivos a la Inspección. Desde el departamento de Díaz aseveran, asimismo, que los cambios en el proceso sancionador para hacerlo automático se producirán "sin reducción de las garantías jurídicas de los ciudadanos" y "sin perjuicio de la posterior intervención en fase de instrucción de personal con funciones inspectoras".
