Después de tres semanas de parón en la mesa de diálogo social para la reforma laboral, el Ministerio de Trabajo vuelve a sentarse este miércoles con la patronal y los sindicatos. La CEOE ha aprovechado este 'break' para elaborar un documento de "oposición frontal" a la propuesta de Yolanda Díaz y va a elevarlo a la mesa de manera inminente, según revelan fuentes de las negociaciones a La Información. Pero además, la patronal está trabajando en una contrapropuesta al borrador del Ministerio -que se niegan a negociar en los términos actuales- en la que parten de una valoración del contexto económico actual y de la situación que atraviesa tanto el tejido productivo como el mercado laboral y formulan una serie de medidas que, a su juicio, están más alineadas con las necesidades de las empresas y con las exigencias de Bruselas, donde van a hacer llegar sus propuestas en materia laboral.
Tras cerrar el acuerdo sobre el primer paquete de reformas en materia de pensiones, toca ponerse manos a la obra con la reforma laboral. Las negociaciones habían estado paralizadas por el rechazo de plano de la patronal a las medidas planteadas por Trabajo, según fuentes del diálogo social, aunque desde el Ministerio siempre han esgrimido "problemas de agenda". En cualquier caso, las conversaciones se retoman este miércoles y todo apunta a que la vuelta a la faena va a ser intensa. Los técnicos de la CEOE llevan semanas elaborando tanto el documento de oposición al borrador de Trabajo como su propia propuesta de reforma laboral, recopilando cientos de aportaciones de los distintos sectores empresariales y estudiando al detalle el guion fijado por la UE. Y Antonio Garamendi está valorando el momento para poner ambos papeles sobre la mesa.
Primero elevarán el texto de rechazo al borrador del Ministerio, por considerar que, tal y como está planteado, es "innegociable". Para empezar, porque creen que las medidas incluidas afectarían negativamente al crecimiento económico y al empleo y restarían competitividad y confianza inversora en un momento de grave crisis económica en el que resulta imprescindible aplicar políticas que impulsen la recuperación; y segundo, porque están convencidos de que se alejan de las recomendaciones de la UE, ya que Bruselas ha puesto en valor en no pocas ocasiones la reforma laboral de 2012 y sus efectos en la creación de empleo, como también la necesidad de dotar de herramientas de flexibilidad interna y adaptabilidad a las empresas. Ese es, en resumen, el argumentario que se mueve en la cúpula de la CEOE.
Hay que recordar que Díaz ha llevado a la mesa un borrador en dos bloques: uno para derogar algunos aspectos de la reforma laboral de 2012 en materia de negociación colectiva y otro para limitar las modalidades de contratación temporal. Y sobre el primer paquete, las autoridades europeas han sido claras: los cambios que finalmente se lleven a cabo no deben dar lugar a obstáculos desproporcionados para que las empresas se adapten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad, deben ir precedidos de una evaluación ex-ante que identifique las deficiencias existentes en el sistema actual y tienen que ser negociados con la patronal y los sindicatos.
En el segundo paquete, que restringe considerablemente las posibilidades de las empresas para acudir a la contratación temporal, limitando las causas justificativas a solo dos (por razones organizativas, ante picos de demanda; o productivas, para cubrir bajas), el Ministerio cuenta con el respaldo de la justicia europea, que ha señalado a los contratos de obra y servicio como foco de fraude masivo. Sin embargo, la CEOE considera que no solo va en contra de las necesidades de las empresas, sino también de los trabajadores, especialmente los menos cualificados, que dependen del contrato temporal como puerta de entrada al mercado de trabajo. Fuentes empresariales aseguran que "implica una pérdida de flexibilidad en las relaciones laborales que retraerá la creación de empleo y fomentará los despidos".
'Resetear' las negociaciones
La patronal busca dar un vuelco al contenido del borrador y, de alguna manera, 'resetear' las negociaciones. Y como primer paso en esta segunda ronda de conversaciones va a colocar ese documento de enmienda a la totalidad. Se trata, en realidad, de una continuación de un primer informe redactado el pasado mes de abril. En aquel dosier, que se publicó en exclusiva en estas páginas, la organización empresarial ya manifestó en el preámbulo su "oposición frontal" a la postura de Díaz y advirtió de que solo negociarán reformas dirigidas a eliminar las patologías del mercado laboral, como las altas tasas de desempleo, el paro de larga duración y el juvenil o la excesiva temporalidad, así como a fomentar la flexibilidad del tiempo de trabajo.
Con todo, no se espera que ese posicionamiento de la CEOE suponga la voladura de las negociaciones, sino un punto de inflexión a partir del que, previsiblemente, podrían cambiar las tornas en la mesa de diálogo social. Hasta ahora, la patronal se ha mantenido en el 'no es no' y se ha negado a debatir sobre las medidas que ha puesto negro sobre blanco el Ministerio, con el beneplácito de los sindicatos, según han denunciado las propias organizaciones sindicales; sin embargo, a partir de este momento, la CEOE podría forzar un vuelco en las negociaciones con este argumentario que, por otro lado, es bienvenido por el Ministerio como punto de partida para empezar a construir puentes y desatascar las reformas prioritarias.
Solo después llegará la contrapropuesta empresarial con medidas concretas que la CEOE, tras haber consultado a sus bases, considera necesarias tanto para el tejido productivo como para el mercado de trabajo. El tiempo apremia, porque el Gobierno se ha comprometido con las autoridades comunitarias a tener listo el primer paquete de reforma laboral antes de que acabe el año y desde Trabajo insisten en que, aunque se va a buscar el acuerdo con todas las partes, si alguna no lo apoya, las medidas se aprobarán con consenso bipartito o por la vía unilateral, porque así lo exige Bruselas a cambio de la concesión de fondos. En ese primer documento de oposición, los empresarios ya aseguraron no sentirse "obligados" por los compromisos adquiridos por el Ejecutivo en el Plan de Recuperación, ni por los acuerdos de Gobierno, aunque admitieron que ello no supone "cuestionar su legitimidad para alcanzarlos por los cauces que estimen oportunos".
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