La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba este lunes haber "pasado página" tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. Pese a que la norma no vio la luz aupada por su mayoría deseable, peligró hasta el último minuto y finalmente se convalidó gracias al error de un diputado del PP, con estas palabras cerraba un capítulo para embarcarse de lleno en el relanzamiento de su agenda política para lo que queda de la legislatura. Pero los empresarios podrían ponerle la zancadilla tan pronto como en la primera parada, que es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2022.
En la primera reunión de una negociación que va a ser exprés -el guion previsto por Díaz pasa cerrarla este miércoles para llevarla al Consejo de Ministros la semana que viene- la patronal ya se ha posicionado en contra de esta medida, según revelaron fuentes del diálogo social a La Información al término del encuentro. Este rechazo impediría un acuerdo tripartito de la mesa de diálogo social, lo que supondría un fracaso que perjudicaría notablemente a la vicepresidenta en esta nueva etapa. "Me acosté muy tarde el jueves, me levanté muy temprano el viernes y hoy sigo trabajando", afirmaba este lunes la vicepresidenta, para acto seguido pedir un "acuerdo unánime" para una medida que "mejora la vida de la gente".
En un gesto poco habitual, Díaz quiso presidir la mesa que se abrió este lunes para lanzar un mensaje: el diálogo social continúa. Para la vicepresidenta es vital que las medidas que salen de su departamento nazcan con el respaldo conjunto de los sindicatos y la patronal. Sin embargo, es consciente de las dificultades para atraer a los empresarios, especialmente cuando se trata de subir el salario mínimo. No en vano, la CEOE ya se desmarcó del incremento pactado entre el Gobierno y los sindicatos el pasado mes de septiembre. Por eso, ya desde el inicio de las negociaciones Díaz ha vaticinado que el desenlace podría ser un acuerdo bipartito o tripartito.
La CEOE no está dispuesta a firmar y el Gobierno lo sabe, por eso, como se reveló en estas páginas, el Ministerio les ha hecho una propuesta a medida que pasa por dejar pactada una senda hasta 2023 si se suman al acuerdo y, en ese caso, recortar la subida del próximo año. Así lo confirmaron al término de la reunión mantenida este lunes fuentes de la patronal: "Se nos ha ofrecido subir el SMI en la banda media propuesta por los expertos, redondeada al alza, y solo para el caso en el que entremos al acuerdo, cerrar también la subida de 2023, en ese caso, en la banda baja de la propuesta, aunque sin precisar la cantidad".
La propuesta de Trabajo, en definitiva, consiste en acercar el SMI a los 1.000 euros en 2022 y en función de si los empresarios se suman o no al pacto, modular el incremento de 2023. La complejidad de esta fórmula, no obstante, está en la determinación del salario medio, que los expertos del comité deben actualizar, ya que no hay que olvidar que el Gobierno se ha comprometido a situar el SMI en el 60% del sueldo medio al final de la legislatura, es decir, en 2023. Con todo, Díaz está planteando un incremento de más del doble respecto a la última subida, de 15 euros, aprobada hace solo 5 meses, que fue rechazada de plano por las organizaciones empresariales.
Antonio Garamendi ha convocado este martes a su Comité Ejecutivo para valorar la oferta gubernamental y todo apunta a que será rechazada. Los primeros en poner el grito en el cielo han sido los catalanes de Foment del Treball, por considerar que no es el momento más adecuado para volver a subir el salario mínimo, calentando así un cónclave empresarial que se prevé tenso. El propio Garamendi advertía hace tan solo unos días de que llevar el SMI hasta 1.000 euros en 2022 podría provocar una "contracción importante del empleo", pues aún hay empresas que no se han recuperado de la crisis, sobre todo las más pequeñas, pero dentro de su casa va a tener que lidiar con diferentes posturas y no olvidemos que ya tuvo que enfrentarse a varias organizaciones por la reforma laboral.
"Lo de los 1.000 euros lo veo complicado (...) Hay un problema de solvencia en las empresas, todavía las empresas más pequeñitas están bastante ahogadas. Llevamos dos años muy complicados", comentaba el líder de la patronal en una entrevista. Este posicionamiento, en principio, alejaría cualquier posibilidad de acuerdo, sin embargo, fuentes oficiales de la CEOE evitan adelantar su eventual posicionamiento y se remiten a lo que decida el Comité Ejecutivo este martes. El miércoles lo pondrán sobre la mesa en una nueva reunión con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT.
En cualquier caso, la patronal no tiene derecho de veto. Es más, el Gobierno ni siquiera tiene la obligación de consensuar este asunto con los agentes sociales, ya que la potestad de tomar esta medida corresponde exclusivamente al poder ejecutivo. Y la vicepresidenta lo ha dejado claro al advertir de que "el decreto está ya en el canal administrativo", en referencia a que el texto ya ha llegado a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Aunque fuentes de su departamento aseguran que en ese documento todavía no se recoge una cifra, la propia Díaz ha confirmado que su objetivo es llevar el SMI hasta los 1.000 euros en 2022.
Hoy arrancamos de nuevo la mesa de Diálogo Social para subir el salario mínimo este 2022.
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) February 7, 2022
El Gobierno apuesta por un incremento a 1.000€ en este año, continuando con la senda de subida hasta el 60% del salario medio. pic.twitter.com/m5dEy5S0KX
Fuentes del diálogo social auguran que la subida del SMI saldrá adelante con un pacto bipartito entre el Gobierno y los sindicatos en el que no participará la patronal. Si esto es así, supondría un varapalo para la vicepresidenta en el relanzamiento de su agenda política, tras el fiasco de la negociación con sus socios prioritarios para la reforma laboral, que, según ella misma ha admitido, puso en riesgo una norma que al final salió por la mínima y que de haber fracasado hubiera llevado a su dimisión. Sin embargo, si Yolanda Díaz logra atraer a los empresarios a un nuevo acuerdo en la mesa de diálogo social, sería un triunfo importante en un momento clave de su trayectoria en el que está a punto de poner en marcha su proyecto político propio.
La vicepresidenta sale tocada de la convalidación de la reforma laboral. Pese a haber logrado un hito, lo ha hecho a costa de sacar adelante una de sus medidas estrella con el apoyo del centro-derecha del Parlamento y el rechazo de sus socios habituales, a quienes no ha conseguido convencer de que la norma merecía su voto porque mejora las condiciones de los trabajadores. En la reunión de este lunes tuvo ocasión de comentar con los representantes sindicales y empresariales el "esperpento" de la votación -en boca de fuentes presentes en el encuentro- y de agradecer su papel en el proceso de aprobación de "una de las normas más importantes de la democracia", que admitió que pudo haber caído, porque había riesgos de los que ella advirtió desde el principio: "los números no daban", insistió.
Por eso resulta prioritario para la vicepresidenta sacar adelante la subida del salario mínimo con el respaldo de los sindicatos y la patronal. A finales del año pasado, evitó forzar las negociaciones para arrancar el 'sí' a los empresarios porque estaban en marcha otras conversaciones más relevantes, precisamente, sobre la reforma laboral. Pero ahora Díaz necesita dar empaque a la que va a ser su primera gran medida de esta nueva etapa, pasado el ecuador de la legislatura. Las principales reformas de su departamento ya están en marcha y ahora, sobre la mesa de diálogo social, la medida más relevante es el SMI. Se va a decidir en cuestión de días.
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