Cerca de dos millones de empleados siguen con sus condiciones en el aire a cuatro días de la fecha de decaimiento de los convenios

Un total de 1.882.339 trabajadores mantienen sus convenios en ultractividad a cuatro días de que venza el plazo fijado por la reforma laboral como límite para que dichos acuerdos sigan vigentes.
Así lo advirtieron este miércoles en una rueda de prensa los secretarios de acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, en una rueda de prensa en la que anticiparon un aumento de la conflictividad laboral y judicial a partir del próximo lunes, 8 de julio, si las patronales y las empresas dejan decaer esos convenios, un total de 1.324.
Hace un año, cuando entró en vigor la reforma, había 1.682 convenios denunciados entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012, que afectaban a 3.548.098 trabajadores. El 53,1% de estos empleados sigue sin renovar su convenio.
Entre los convenios sectoriales pendientes, aparecen los de agua, consultorías, curtidos, elaboración de productos cocinados, servicios de prevención ajena, ETT, helados, tejas y ladrillos y oficinas de farmacias. En el sector público, son sobre todo de ayuntamientos, Paradores y astilleros.
Górriz y Ferrer recordaron que los empresarios que quieran hacer decaer el convenio deberán notificarlo a los trabajadores, la autoridad laboral y fiscal. En ese sentido, anunciaron que los sindicatos propondrán seguir negociando.
“Que nadie piense que va a acabarse con la negociación colectiva”, afirmó Górriz, que sostuvo que el 7 de julio “no es el final de nada” y anticipó que “se van a colapsar los juzgados de lo social”.
En esa línea, denunció que “se ha debilitado la negociación colectiva por la situación de crisis económica y por la aplicación de la reforma laboral”. Apuntó que los convenios se han reducido de unos 5.000 en 2008 a unos 3.000 en 2012, mientras que las personas protegidas han pasado de más de 11 millones a unos 7 millones.
Asimismo, destacó el acuerdo alcanzado el pasado 23 de mayo entre patronal y sindicatos para poder continuar negociando los convenios a partir del 7 de julio, un acuerdo, que según afirmó, “planteaba una enmienda a la reforma laboral”.
Entre otras medidas, dicho acuerdo permite fijar Prórrogas para los puntos en los que no hay acuerdos, pedir una mediación o mantener los convenios vencidos.
Por su parte, Ferrer denunció que “aunque un año podía haber dado el juego necesario para resolver los problemas, los empresarios se instalaron en un sueño de verano”, que según defendió, no abandonaron hasta principios de abril cuando se negoció el acuerdo sobre la ultractividad.
“En todo el periodo transcurrido hasta principios de abril no ha habido predisposición empresarial a negociar y fruto del trabajo sindical fuerte y persistente se produjo el cambio de actitud positivo”, prosiguió.
Por último, pidió la implicación del Gobierno, que, según su punto de vista, “impuso una reforma lesiva para los intereses y derechos de los trabajadores ya que se desequilibra la correlación de fuerzas en la negociación colectiva”.
Por ello, le pidió al Ejecutivo que “se plantee el límite a la ultractividad” para no ser “el responsable” de que se generen efectos negativos en la competitividad y productividad de las empresas.