Cerco a la norma que impide a los altos funcionarios ser liberados sindicales

"No podrá concederse permiso sindical a funcionarios y funcionarias que estén desempeñando puestos de trabajo de niveles de complemento de destino 29 y 30 o de libre designación, así como al personal laboral que desempeñe puestos de directivo". Este párrafo de la norma que regula la asignación de recursos a para la representación de los trabajadores en el ámbito de las Administraciones Públicas y que prohíbe de forma explícita el acceso a la condición de 'liberado sindical' a los altos funcionarios ha desencadenado una movilización de los funcionarios de élite de la Administración y del sindicato CSIF para reivindicar los mismos derechos laborales que se reconocen al resto de los empleados públicos.

Tanto la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), la plataforma que aglutina a cerca de medio centenar de asociaciones representativas de los cuerpos superiores de la Administración del Estado, como el sindicato CSIF han activado una campaña para forzar a Función Pública, ahora bajo el mando de la ministra de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, a corregir un veto que consideran discriminatorio y que cercena los derechos laborales de un colectivo formado por más de 15.000 funcionarios.

"Lo que no entendemos es que si todos somos funcionarios públicos y estamos sometidos a un mismo régimen laboral, por qué no podemos disfrutar de los mismos derechos sindicales", argumenta Jordi Solé, presidente de Fedeca. El veto de Función Pública a la posibilidad de que los funcionarios encuadrados en la escala directiva de la Administración puedan operar como liberados sindicales y, por tanto, disponer de una dispensa total de su jornada laboral para representar a sus compañeros se concreta en una resolución de la Secretaría General de Función Pública de enero de este año. La norma se trata con los sindicatos mayoritarios, regula el número de liberados sindicales que les corresponden según su representación en cada unidad de la Administración y Fedeca no ha podido impugnarla por no tener representación en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, otra circunstancia que la plataforma que representa a los cuerpos superioes de la Administración lleva tiempo tratando de cambiar.

Ha sido el sindicato CSIF - sí representando en este foro- el que ha tomado la bandera de los altos funcionarios y ha decidido elevar la cuestión a la Comisión de Seguimiento de los acuerdos que se alcanzan en el ámbito de la Administración del Estado. Lo hizo por primera vez el pasado 1 de junio, según confirman fuentes del sindicato, mediante una carta dirigida al subdirector general de Relaciones Laborales del ya extinto Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en la que denunciaban que esa cláusula "impuesta de forma unilateral por la Administración, supone un quebranto a lo establecido en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical ya que impide a determinados colectivos de trabajadores el desarrollo de cualquier tipo de actividad sindical y un grave perjuicio para el norma desarrollo de las actividades propias de las organizaciones sindicales, que no podrán contar con el personal más cualificado y especializado de la Administración".

Con estos argumentos solicitaban una reunión para abordar la resolución del conflicto. El silencio administrativo del Ministerio, en un contexto de reestructuración interna del Gobierno que dio con las competencias de Función Pública bajo el perímetro del Ministerio de Hacienda, ha llevado a CSIF a reiterar su petición de reunión de la Comisión de Seguimiento hace apenas unos días para impedir que el asunto caiga en el olvido.

Fuentas al tanto de las maniobras diplomáticas para desencallar este asunto aseguran que desde el Gobierno se ha reclamado un consenso sindical más amplio para abordar el asunto. CCOO y UGT no rechazan una eventual modificación de la norma, pero tampoco la consideran prioritaria y hasta la fecha no han realizado ningún movimiento para impulsar su cambio. La ofensiva la abanderan Fedeca, que representa a los funcionarios directamente afectados por el veto, y CSIF, que alberga en sus filas a no pocos funcionarios de los cuerpos superiores.

Las objeciones al veto gubernamental no se limitan a que la normativa impida a los funcionarios en los niveles 29 y 30 disponer de una dispensa para ejercer funciones de representación sindical, sino también a que se prohíba hacerlo a los puestos de libre designación. Desde Fedeca se admite que sería comprensible establecer una restricción para impedir la representación sindical al denominado personal de confianza, aquel nombrado de forma directa por altos cargos del Gobierno para desarrollar funciones de asesoramiento y cuya actuación como liberados sindicales podría despertar suspicacias. "Pero tal y como está de extendida la libre designación en la Administración no es posible asimilar puestos de libre designación con 'personal de confianza'", remacha el presidente de Fedeca.