El Consejo Económico y Social (CES) se inclina por emitir un dictamen desfavorable sobre el anteproyecto de ley del teletrabajo que les ha sido remitido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social sin incluir las aportaciones de la patronal y los sindicatos, motivo por el cual el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral se está planteando 'tumbar' la iniciativa regulatoria en el informe final que tiene previsto publicar en los próximos días. Así lo revelan a La Información fuentes conocedoras de las deliberaciones preliminares que algunos de los miembros del Consejo están trasladando en las últimas horas de manera informal y que el Pleno deberá poner negro sobre blanco, a más tardar, la semana que viene, porque el Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación administrativa urgente de esta norma.
Las fuentes consultadas matizan que aunque miembros del CES se inclinan por no avalar el proyecto del Ejecutivo, el posicionamiento final no se conocerá hasta la emisión del dictamen, donde se harán las observaciones oportunas respecto al contenido del anteproyecto de ley. No es habitual que el Consejo redacte informes desfavorables, que en cualquier caso no son vinculantes, si bien en esta ocasión "las prisas" podrían jugar en contra del Ministerio de Trabajo. La ministra Yolanda Díaz ha decidido tramitar esta ley por la vía urgente ante las necesidades que ha puesto en evidencia la crisis sanitaria y, para ello, ha prescindido de las aportaciones de los agentes sociales, lo que a ojos del CES implicaría que el proyecto está incompleto porque no ha finalizado el trámite del debate previo, según estas fuentes.
Trabajo ha enviado al Consejo Económico y Social el mismo documento que sacó a consulta pública entre los días 6 y 22 de junio. "No ha cambiado ni una coma", critican fuentes del diálogo social que reprochan al Ministerio no haberles reunido antes de empezar a redactar el anteproyecto de ley. De hecho, el único encuentro mantenido hasta el momento con el departamento de Yolanda Díaz se produjo una vez finalizado el plazo de la consulta pública previa y allí se constataron importantes diferencias entre todas las partes para regular el teletrabajo. Desde el Ministerio insisten en que el asunto "está en el diálogo social" y, en efecto, está previsto que vuelvan a sentarse con los empresarios y los sindicatos para intentar acercar posturas. Eso sí, de momento, no hay fecha oficial para una próxima cita.
"La marca de la casa del Ministerio de Trabajo no es el diálogo social, son las prisas", critican desde la patronal. Coinciden con esta reflexión en el ámbito sindical al asegurar que "las formas no nos gustan", porque aunque estén de acuerdo en que resulta necesario regular el teletrabajo, insisten en que "es necesario que el anteproyecto de ley introduzca los elementos que puedan aportar los agentes sociales". Las fricciones, por tanto, están a ambos lados de la mesa tripartita. Algunos interpretan el "acelerón" de Díaz en esta materia como una "estrategia de negociación", porque efectivamente el dictamen del CES no será vinculante y, en cualquier caso, el anteproyecto de ley todavía puede sufrir modificaciones en la tramitación. Fuentes de Trabajo aseguran que la norma sigue su "tramitación ordinaria" y que "habrá más reuniones" antes de llevar el proyecto al Consejo de Ministros.
En la reunión celebrada la semana pasada el Ministerio de Trabajo dejó claro que tiene la decisión tomada de aprobar el anteproyecto en el Consejo de Ministros en breve para llevarlo al Congreso este mes de julio, según avanzan los interlocutores sociales. Añaden además que la impresión general es que el Gobierno simplemente está esperando las enmiendas de las organizaciones empresariales y sindicales para integrar solo algunas cuestiones menores que encajen con su planteamiento. En cualquier caso, zanjan, el anteproyecto se ha enviado al CES en su estado original y la intención de Yolanda Díaz es que el teletrabajo esté regulado en septiembre, porque además de considerar que el texto encaja con el Acuerdo Marco Europeo, la Covid ha puesto en evidencia la necesidad de urgente regulación que no puede ser aplazada más allá de finales del verano.
Los aspectos más destacados del texto remitido al CES tienen que ver con los gastos y los horarios. Se fija que "el desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado en su totalidad por la empresa, y no podrá suponer, en ningún caso, la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos, directos o indirectos, relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral". Y se recoge el derecho al horario flexible: "La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá alterar el horario de prestación de servicios establecido respetando la normativa sobre tiempo de trabajo y de descanso, salvo, en su caso, en cuanto a los tiempos de disponibilidad obligatoria o los límites que al respecto hubieran podido establecerse en el acuerdo de trabajo a distancia".
La CEOE ha tildado el texto de "desequilibrado, de enfoque errático, apartado de la realidad del tejido productivo y de las necesidades de empresas y trabajadores" y ha pedido directamente la retirada del anteproyecto de ley. Su presidente, Antonio Garamendi, ha defendido públicamente que el teletrabajo no debe ser considerado "un derecho". Además de las discrepancias que existen en torno al reparto de los costes entre la empresa y el trabajador, una de las principales reivindicaciones de los empresarios pasa por llevar esta regulación a la negociación colectiva. Los sindicatos, por su parte, pelean por que el teletrabajo se considere un derecho y se regule mediante una ley que imponga "unos contenidos mínimos a la negociación colectiva, de manera que en esta solo pueda ser mejorado".
