Chozas de Canales es un pueblo de la comarca de la Sagra toledana, en plena llanura manchega, a apenas 62 kilómetros de Madrid. Precisamente, esta cercanía se convirtió en su principal arma para subirse al carro de la burbuja inmobiliaria hace un decenio. En unos pocos años, un pueblo de 800 vecinos pasó a tener un censo de más de 4.000; de sumar poco más de medio millar de viviendas tradicionales, sus límites se vieron cercados por 1.500 nuevas casas unifamiliares. La burbuja se infló y explotó y desencadenó la mayor crisis económica de la democracia española.
También en Chozas, salvo que mientras en el conjunto del país se habla ahora de recuperación, este pueblo sigue enterrado bajo los cascotes del boom inmobiliario. Cientos de casas vacías y semiderruidas, una tasa de paro por encima del 30% (o más de la mitad, si se atiende a lo que dicen los vecinos en vez de las cifras oficiales), sin apenas servicios y sin industria, con un bar en el centro del pueblo como única constante vital de toda una localidad. Y la sensación de que no hay forma de salir de debajo de los restos de la burbuja. Chozas de Canales, a medio camino entre la A5 (carretera de Extremadura) y la A42 (carretera de Toledo) era un pueblo eminentemente agrícola. A este entorno, de la noche a la mañana, se quiso ponerle el traje de ‘ciudad dormitorio’ del sur de Madrid. Casas que en principio, alrededor del año 2002 se vendían nuevas en unos 40.000 euros, acabaron vendiéndose cuatro o cinco años después a más de 200.000. Ahora, muchos propietarios se conformarían con 30.000 euros... Aunque ni eso.
Todo se vino abajo a partir del año 2007. La burbuja inmobiliaria estalló en toda España, “pero Chozas sigue congelada con el pueblo dentro y sin posibilidad de escape”, explica gráficamente Rafael Rivera, vecino de la localidad y concejal por Ciudadanos. “Aquí solo hay miseria y ruina”, coinciden dos personas tan en las antípodas ideológicas como Iñaki Errazkin, concejal de Chozas Sí Puede, marca de Podemos, y Julián Agudo, que fuera alcalde del PP de la localidad entre los años 2007 y 2010. Explicada a grandes rasgos, la situación que vive este pueblo “da miedo”, como resumen en los corrillos de la plaza principal.
Las 1.500 nuevas viviendas que se construyeron carecen hoy en día de cédula de primera habitabilidad; 344 de ellas fueron declaradas ilegales por el Tribunal Supremo y sus propietarios tienen techo, “pero no tenemos casa porque legalmente no existen, estamos en el limbo, aunque sí pagamos el IBI y la hipoteca”. Decenas de desahucios, de casas abandonadas, a medio construir, ocupaciones, “mafias que realquilan” ruinas…
La ristra de despropósitos es larga: cientos de viviendas que no están conectadas al sistema de agua y desagüe del pueblo; el PAU Z12, paralizado por el ayuntamiento, con Agudo de alcalde, antes de empezar a construirse, pero con personas que ya habían dado la entrada para sus futuras casas, entre 20.000 y 40.000 euros, y que ahora intentan recuperar en los juzgados de Cuenca en un contencioso con la antigua Caja Castilla-La Mancha (CCM); un polígono industrial de 70 naves levantado sin licencia de actividad -con una carretera de acceso hecha sobre la servidumbre de un arroyo y una depuradora que no funciona-, en el que apenas hay tres o cuatro pequeños talleres con actividad; sin apenas transporte público; sin instituto; con un consultorio médico en el que no hay urgencias, ni pediatra, ni siquiera itinerante, pese a que la población infantil es de “unos 700 niños”.
Además, hay una creciente inseguridad en una ‘ciudad sin ley’ en la que por no haber no hay ni policía municipal. El último se fue en 2015 al conseguir plaza en la capital, en Toledo, y el ayuntamiento ha sido incapaz de ocupar la vacante hasta ahora pese a que hay presupuestado dinero para poder tener dos policías. “Nadie quiere venir aquí”, dice Paloma, una vecina, mientras se toma un café a media mañana con una fatalidad propia de una historia del viejo oeste. “Al oeste de la nada”, sentencia el ex regidor, Julián Agudo, que regenta un bar, ‘El piloto’, en pleno centro del pueblo. “Es misión imposible arreglar esto desde el pueblo. El futuro no es malo, es lo siguiente”, asegura.
“En Chozas no hay nada”, repite como un soniquete todo el mundo. Solo abunda una cosa: el paro. En algunas estadísticas Chozas de Canales apareció calificado en 2015 como el municipio con más paro de España con un 71% de desempleo. Las estadísticas oficiales, sin embargo, hablan de que en agosto de 2018 el paro registrado era del 30,98%. Una situación “insostenible”, asegura el único concejal de Podemos en Chozas, un periodista y escritor vasco originario de Mundaka (Bizkaia) que recaló en Chozas en 2013 después de pasar buena parte de su vida en Cádiz. “Más allá de lo que digan las estadísticas oficiales, aquí estamos en una tasa de paro que ronda el 50%. Algo así no lo he visto yo ni en el Campo de Gibraltar, que pasa por ser la zona de España con más paro”.
¿Y de qué vive la gente? “Hay bastantes jubilados y una buena parte de la población activa percibe la renta básica, los 430 euros, y con eso tiran. Con eso y con la economía sumergida, que hay mucha. Te pinto la casa, te hago una chapuza, te arreglo el coche… La gente, alguna gente, utiliza los garajes de sus casas como taller, y por supuesto sin factura y en B”, sentencia Errazkin.
Pero, ¿cómo llegó Chozas de Canales a esta situación? ¿Cómo se creó la burbuja de “miseria y ruina” en la que está atrapado el municipio desde hace una década? “Se empezó a construir sin control ninguno, a diestro y siniestro… Aquí se estableció prácticamente un solo constructor, que hizo la práctica totalidad de las 1.500 nuevas viviendas, y no se evaluó nada: ni impacto ambiental, ni nada de nada, ni el suministro de agua; incluso, no se urbanizó bien, sin arquetas para la luz, el teléfono…”. Rafael Rivera, concejal de Ciudadanos, habla sin dar nombres del “desaguisado”. Pero Errazkin y Agudo sí dan nombres: el constructor Felipe Barbarroja y quien fuera alcalde por el PSOE entre 1983 y 2007, Antonio Antúnez.
Antonio Antúnez fue alcalde socialista de Chozas entre 1983 y 2007, año en que fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación en un tema ajeno a la burbuja inmobiliaria. Expulsado del PSOE, en 2015 volvió a presentarse a las elecciones municipales con una candidatura independiente, ‘Queremos’, que fue la lista más votada. Un pacto de investidura insólito de PP, PSOE y Ciudadanos impidió que Antonio Antúnez volviera a ser alcalde y el bastón de mando recayó en la popular Ana María Baltasar, a la sazón cuñada de Antúnez, que está casado con su hermana. Pero eso es otra historia, aunque esclarecedora, del juego de intereses personales entremezclados y rencillas personales que se viven en un pueblo atrapado por su pasado.
Atrapado, además, por un laberinto de impotencia. Nadie puede deshacerse de las casas de la burbuja; al menos legalmente, pese a que en portales como Idealista o Fotocasa haya al menos 100 casas del pueblo en venta. Y es que los bancos, que fueron quienes dieron los créditos promotores que luego subrogaron en hipotecas a los compradores de unas casas sin licencia, se niegan a suscribir ahora hipotecas para casas que carecen de la licencia de habitabilidad si alguien quiere comprarlas. Lo dicho, la pescadilla que se muerde la cola, ni comprar ni vender. La burbuja congelada. Otro tanto pasa con el polígono, “¿Cómo vamos a trabajar para atraer empresas al pueblo si el polígono es ilegal y no tiene licencia?”, se pregunta Rafael Rivera.
No existe un inventario de las casas cerradas, las habitadas, las ocupadas por las mafias, las ocupadas por personas a las que se la quitó el banco por impago y volvieron a habitarlas con el procedimiento de la patada en la puerta, las que están en manos de los bancos que no pagan el IBI –el ayuntamiento de Chozas tiene un presupuesto de 2,4 millones de euros y 4,85 millones de euros en deudas calificadas de dudoso cobro-, las que están sin terminar… “Y mira que lo hemos intentado desde la oposición numerosas veces”, explican desde Podemos y Ciudadanos.
Lo que sí se ven son los estragos de los excesos. Si uno llega a Chozas por la carretera de Toledo, lo primero que ve es ‘la franja de Gaza’, un apéndice del PAU Z9, el ilegal, el que no existe. Una porción sin urbanizar, con los esqueletos de varios chalets, a medio construir, al aire, llena de desperdicios, bichos e inmundicia, con un descampado donde debería haber un parque y con una valla que impide el paso a una calle que no lleva a ninguna parte. En el Z9 se dieron cuenta de que eran propietarios de viviendas “no existentes legalmente” cuando en abril de 2014 reciben, cada uno de los 344 vecinos, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Toledo en la que se indica que las viviendas y todo el PAU son nulos de pleno derecho y “serán derribadas”.
Los vecinos se organizan, crean la Asociación La Pacheca, recurren la sentencia y piden explicaciones al ayuntamiento, que les dice que sus problemas se solucionarían en el Plan de Ordenación Municipal (POM), que se estaba elaborando. Gracias a sus recursos ante la justicia, esta dictamina que “a pesar de ser el PAU y las casas nulas de pleno derecho, las mismas no se derribarían” y considera al ayuntamiento responsable subsidiario. “Debido a la crisis económica, la situación del PAU se hizo muy difícil al haber muchos vecinos que ya no podían hacer frente a los pagos hipotecarios. Hubo bastantes desahucios y vecinos que se fueron del pueblo o incluso del país y las casas vacías fueron ocupadas”, explica Hortensia Fernández, secretaria de la Asociación de Vecinos La Pacheca.
“El día 10 de cada mes, cuando se cobra el paro, es el de mayor negocio”, cuenta el propietario del bar Transilvania. No hay trabajo, no hay seguridad, no hay servicios ni transportes y el mejor atleta discapacitado intelectual de Castilla la Mancha, Cristián Epitié (Mostoles, 1988), y uno de los mejores de España, tiene que volver cada noche a Chozas, donde vive, desde Toledo, donde entrena, tras una odisea que le lleva desde Toledo a Madrid y de allí a Chozas, donde llega pasadas las 23.30.
Eso sí, el pasado 9 de septiembre la alcaldesa de la localidad inauguró un flamante campo de fútbol de césped artificial que ha costado 300.000 euros. Chozas no tiene equipo local, ya que se disolvió en 2011 después de haber estado alguna temporada hasta en Tercera división. También se lo llevó la crisis. Ahora solo queda la escuela de fútbol municipal… Y un campo de césped artificial de última generación. Chozas de Canales.
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