La negociación para la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha vuelto a dejar en evidencia las diferencias latentes entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Al choque de trenes en el seno del Gobierno se suma la colisión permanente con la patronal por asuntos clave en materia laboral y la presión constante de los sindicatos para arrancar derechos para la clase trabajadora. Un telón de fondo que complica, y mucho, una de las mesas de diálogo prioritarias para la consecución de los hitos que darán acceso a nuevas remesas de los fondos europeos de recuperación: la que debate la reforma del mercado de trabajo.
La mesa de los ERTE ha vuelto a dar sus frutos sobre la bocina, pero en esta ocasión lo que ha retrasado el acuerdo no ha sido tanto el tira y afloja con la patronal y los sindicatos, sino la tensión no disimilada entre los ministerios de Trabajo y Seguridad Social por la diferencia de criterios a la hora de diseñar las condiciones del nuevo esquema de protección de empresas y trabajadores. Fuentes del diálogo social sitúan en ese choque el motivo del retraso en la conquista del sexto acuerdo en materia de ERTE, aunque desde ambos departamentos siempre han defendido que trabajan de manera coordinada en los asuntos que implican competencias compartidas.
El pasado viernes, tras la antepenúltima reunión a tres bandas, la patronal y los sindicatos salieron en tromba a criticar la ausencia reiterada de los responsables de la Seguridad Social en la mesa de negociación y coincidieron en valorar los avances alcanzados en las materias que atañen al Ministerio de Trabajo. Los de Escrivá justifican que el equipo de Díaz había convocado la reunión del viernes sin consensuar la cita y sin consultarles si para entonces tendrían listo el nuevo borrador -un extremo que niega Trabajo- y, al mismo tiempo, había agendado un encuentro entre los ministros y los secretarios de Estado para intentar desatascar la negociación al más alto nivel.
Uno de los asuntos que quedaban pendientes de resolver a última hora -de resolver a nivel interno, entre Díaz y Escrivá- era la vinculación de los ERTE a la formación de los trabajadores, una novedad en esta prórroga que ha resultado un meollo harto complejo. Por un lado, la Seguridad Social tenía que determinar los porcentajes de exoneración de cotizaciones de los que van a poder beneficiarse las empresas en ERTE, en función de si ejecutan o no acciones formativas; mientras, el Ministerio de Trabajo debía articular los aspectos formativos que competen al SEPE e incentivos como los incrementos del crédito para la financiación de actividades formativas.
'Librar' de la formación a las microempresas
Fuentes conocedoras de los vericuetos de las negociaciones ministeriales aseguran que, mientras los de Escrivá habían hecho su trabajo, el equipo de Díaz había demostrado una cierta "incapacidad técnica" para desarrollar su parte. Uno de los principales escollos estuvo en determinar el tamaño empresarial a partir del cual sería necesario activar un plan de formación para optar a mayores descuentos en las cotizaciones sociales. Y finalmente se llegó al consenso de 'librar' a las empresas más pequeñas de este nuevo requisito que operará en los ERTE a partir del 1 de noviembre, una vez transcurrido el 'mes de gracia' que le va a dar el Gobierno a empresas, trabajadores y administraciones para adaptarse al nuevo modelo.
La vicepresidenta Díaz aseguró públicamente en la mañana del lunes, horas antes de cerrar el acuerdo con los agentes sociales, que los ERTE se prorrogarían condicionados a formación para empresas de más de 10 trabajadores, porque "es muy difícil en un tejido empresarial de pequeños autónomos, de pequeños profesionales, de pequeñitas empresas de uno o dos trabajadores, exigirles que despleguemos la formación". Y efectivamente, lo que hace el decreto aprobado por el Consejo de Ministros es, por un lado, otorgar mayores exoneraciones a las empresas de menor tamaño y, por otro, eximir de la responsabilidad de justificar un mínimo de horas de formación a las microempresas, ya que se fijan 30 horas para compañías de 10 a 49 trabajadores y 40 horas para las de mayor tamaño.
De modo que las pequeñas empresas, con plantillas inferiores a los 10 empleados, podrán llevar a cabo acciones formativas o no hacerlo, y podrán beneficiarse de mayores exoneraciones de cotizaciones sociales si lo hacen, pero no tendrán que cumplir con un mínimo de horas de formación obligatoriamente. Así, por iniciativa de la titular de Trabajo, lo que hace el Gobierno es 'perdonar' al grueso de las empresas esa vinculación del ERTE a la formación, ya que en torno al 90% de las compañías inmersas en expedientes de regulación temporal de empleo tienen menos de 10 trabajadores, según datos a los que ha tenido acceso La Información.
El despliegue de la formación en los ERTE pandémicos, que será el proyecto piloto para el nuevo mecanismo de estabilidad en el empleo que pretende desplegar el Gobierno en el marco de la reforma laboral, ha sido uno de los puntos conflictivos en las negociaciones, tanto dentro del Gobierno como en la mesa de diálogo con la patronal y los sindicatos. Los empresarios están preocupados, principalmente, por el coste que pueda suponer para las compañías. Mientras, la fórmula tampoco convencía inicialmente a los sindicatos, que la han acabado aceptando, aunque consideran que se van a dar dificultades en las empresas para implantar los cursos, especialmente en las más pequeñas, y además creen que el Estado no tiene recursos liberados en estos momentos para dedicarlos a esas partidas.
El asunto de la formación no es baladí, porque se pretende introducir en la mesa de diálogo social que debate sobre la modernización del mercado laboral, en el marco de la reforma del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, donde se va a definir el nuevo mecanismo de estabilidad en el empleo. La propia Díaz admitía este martes, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que aprobó la subida del salario mínimo y la prórroga de los ERTE, que el Gobierno todavía no ha definido a nivel interno cómo se van a financiar esas nuevas herramientas de flexibilidad interna, aunque el Ejecutivo sí ha esbozado en los planes transmitidos a Bruselas cómo pretende hacerlo.
Compromisos con Bruselas
Con todo, la titular de Trabajo aseguró que "los trabajos están muy avanzados y vamos a cumplir los plazos" fijados con la Comisión Europea, con quien el Gobierno se ha comprometido a tener lista la reforma laboral antes del 31 de diciembre de 2021. El calendario apremia y las dificultades no son pocas, porque desde Bruselas han insistido en la necesidad de que reformas de gran calado como la laboral o la del sistema de las pensiones deben ser consensuadas en el diálogo social, y la patronal ya ha puesto pie en pared con la primera. Fuentes de la CEOE adelantan incluso que no van a presentar ninguna contrapropuesta a la del Ministerio de Trabajo, aunque aseguran que no van a levantarse de la mesa de negociación.
Los empresarios se han cerrado en banda a una reforma, la planteada por Trabajo, que consideran "regresiva e intervencionista" y "alejada de la realidad del tejido empresarial". Y no parece que vayan a dar su brazo a torcer para un acuerdo si el Ministerio no rebaja sus pretensiones, especialmente en lo que se refiere al coto a la contratación temporal. No sería la primera vez que se bajan del diálogo social, pues ya lo hicieron con los reglamentos de igualdad retributiva y, recientemente, con el SMI. Todo suma y los agentes sociales no ocultan que existe una cierta "contaminación cruzada" entre las distintas mesas paralelas.
Las cicatrices abiertas por los ERTE, con asuntos enquistados como el veto al despido, complican nuevas negociaciones con la CEOE. Mientras, los sindicatos presionan para desmontar la reforma laboral del PP, que también se ha colado en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 como condición de Bildu para dar su apoyo al Gobierno. Todo esto, en un contexto de agotamiento negociador que reconocen todas las partes, enredan la negociación de una de las reformas clave para acceder a una segunda remesa de los fondos Next Generation EU de los que España ya ha recibido los primeros 9.000 millones de euros. Bruselas vigila con lupa los avances en materia laboral para finales de año.
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