Martes, 19.03.2019 - 03:44 h
Reforma de la financiación autonómica

Cifuentes quiere más poder fiscal y pide a Montoro una porción mayor del IRPF

Madrid rechaza la propuesta de los expertos en financiación autonómica de reducir la competencia entre CCAA y fijar un impuesto mínimo a las herencias

Cifuentes y Montoro

El Gobierno de la Comunidad de Madrid irá a la negociación multilateral para el establecimiento de un nuevo sistema de financiación autonómica con un objetivo claro: garantizarse la gestión de un porcentaje mayor del IRPF. Así se recoge en el documento que fija la posición del Gobierno regional frente a la propuesta de reforma de la financiación autonómica del grupo de expertos reunido por el Ministerio de Hacienda, que fue presentado al Ministerio el miércoles pasado y  al que ha tenido acceso lainformacion.com

En el informe el Ejecutivo madrileño respalda la propuesta de los expertos de dar un mayor peso al Impuesto sobre la Renta en la cesta de ingresos que conforma el núcleo duro del sistema de financiación autonómica, y que actualmente está compuesta por el 50% de la recaudación por IRPF (con capacidad normativa), el 50% de los ingresos líquidos por IVA y el 58% de los impuestos especiales y el 100% del impuesto sobre la electricidad. 

La Comunidad de Madrid evita detallar el porcentaje del IRPF recaudado en Madrid que debería quedarse en las arcas regionales -respecto al 50% actual- pero sí señala que "el mayor peso del IRPF en la cesta de impuestos del sistema también ha de verse en términos positivos, ya que es el impuesto donde el ejercicio de capacidad normativa regional puede alcanzar un efecto de mayor calado", es decir, que dicha cesión recaudatoria debería realizarse con capacidad normativa

La Administración madrileña ha sido, sin duda, la que mayor uso ha hecho de la capacidad normativa que le ha brindado el sistema de financiación autonómica. Y lo ha hecho principalmente para bajar impuestos lo que ha convertido a los contribuyentes de la región en los mejor tratados de todo el territorio nacional. El ejemplo paradigmático surge de la comparación del IRPF que se paga en Madrid o Barcelona. Mientras en la capital la tarifa que se aplica a los contribuyentes oscila entre un mínimo del 19% y un máximo del 43,%, en Barcelona, el mínimo está en el 21,5% y el máximo en el 48%.

Defensa de la competencia fiscal entre territorios

El núcleo duro de la posición madrileña ante la inminente negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, que arrancó el pasado miércoles con la reunión mantenida por Belén Navarro, secretaria general de Financiación Autonómica y Local, con representantes del área de Hacienda -principalmente directores generales de Tributos-, de las catorce comunidades autónomas implicadas en la negociación - todas las de Régimen Común salvo Cataluña-, se completa con la defensa a ultranza de la competencia fiscal entre comunidades autónomas.

La Comunidad de Madrid no parece dispuesta a aceptar que el futuro modelo de financiación autonómica pase por una armonización de los impuestos cuya recaudación está cedida por completo a las comunidades autónomas, singularmente el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La propuesta de los expertos abogaba por avanzar en la convergencia de los impuestos patrimoniales de todas las comunidades autónomas, fijando un mínimo y un máximo de obligado cumplimiento para todas ellas y restringiendo su capacidad para modificar el tratamiento fiscal a los grandes patrimonios, las herencias y las donaciones gratuitas de activos.

El Ejecutivo de Cristina Cifuentes no comparte este planteamiento en absoluto. Respecto al Impuesto de Patrimonio, reitera su conocida posición de que debería desaparecer - como lo ha hecho de facto en la región que bonifica al 100% la cuota de este tributo -y señala que si se decidiera su continuidad debería hacerse respetando el actual perímetro competencial del que disponen las autonomías "sin establecer mínimos de tributación ni armonizaciones que en este impuesto resultan indeseables".

En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones la propuesta de los expertos plantea la armonización de la base imponible y liquidable para todas las comunidades autónomas y la limitación de la capacidad normativa de éstas a la fijación de escalas y tipos del impuestos y al establecimiento, limitado también, de deducciones y bonificaciones en el impuesto. 

La propuesta de la Comunidad de Madrid también plantea dar un paso más en la lealtad institucional. Quiere que el Gobierno del Estado se comprometa a compensar a las comunidades autónomas por el impacto que tengan sobre sus cuentas las leyes aprobadas en el Parlamento Nacional que afecten a sus ingresos o a sus gastos, del mismo modo que ya sucede con los cambios en la regulación fiscal. Una compensación que se produciría incrementando los pagos del Estado a las autonomías y flexibilizando la aplicación de la regla de gasto.

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