CiU y ERC rechazan una auditoría sobre la deuda de la Generalitat

Barcelona, 11 abr.- Los dos principales grupos del Parlamento catalán, CiU y ERC, han unido hoy sus votos para rechazar una moción de la CUP en la que se pedía auditar la deuda de la Generalitat, y en la que se consideraban "ilegítimos" algunos conceptos que han provocado el endeudamiento.

En la moción de la CUP se proponía, en concreto, encargar una auditoría pública de la deuda de la Generalitat a fin de determinar su origen, composición, sus responsables políticos y las entidades crediticias principales, pero CiU y ERC han impedido que prosperara.

Esta moción, que era la primera que presentaba la CUP en esta legislatura, ha contado con los votos favorables de ICV-EUiA y de Ciutadans (C's) además de los del grupo proponente, mientras que el PSC y el PP se han abstenido.

Ha defendido la moción el diputado de la CUP Quim Arrufat, quien ha reclamado el derecho de los ciudadanos a conocer las partidas concretas que han generado endeudamiento, los conceptos y su cuantía.

Arrufat ha criticado que la partida que crece más en los presupuestos sea la del pago de deuda y que "paradójicamente sea la más oscura, a pesar de que supone aumentar la dependencia de las entidades financieras, que son las causantes de la crisis".

Después de recordar que la Generalitat paga actualmente en intereses de la deuda 6 millones de euros al día, el diputado de la CUP ha solicitado al Govern que deje de pagar a las entidades financieras o, como mínimo, que renegocie los plazos de pago.

Según Quim Arrufat, es muy negativo que no haya una banca pública en Cataluña y que la UE no permita a los gobiernos de los países europeos políticas monetarias, "por lo que sólo pueden hacer obediencia ciega a los mercados".

En respuesta a la moción, el diputado de CiU Antoni Fernández Teixidó y el diputado del PP Pedro Chumillas han recordado a la CUP que algunos de los datos que pide conocer figuran reflejados en los balances que lleva a cabo la Sindicatura de Cuentas.

ERC y el PSC han coincidido en lamentar que en el texto hubiese un intento de "criminalizar" la deuda, cuando supone un instrumento para poder garantizar las políticas sociales de las administraciones públicas, mientras que Jordi Cañas, de Ciutadans (C's), ha considerado útil que tenga lugar una auditoría sobre la deuda para "hacer una anatomía del desastre".