La Ciudad de la Justicia de Madrid queda en el aire hasta después de las elecciones

La historia interminable de la Ciudad de la Justicia de Madrid cerrará un nuevo capítulo más el 28 de mayo, cuando haya culminado una nueva legislatura sin que se haya visto una sola piedra. Fuentes del entorno del proyecto consultadas por La Información asumen que la negociación abierta con ACS y Acciona, sin publicidad y bajo conversaciones privadas, no se cerrará antes de las elecciones municipales, y por tanto quedará en manos del próximo Gobierno regional que salga de las urnas, y que según las encuestas parece que seguirá en manos de Isabel Díaz Ayuso. 

El cuarto intento del Partido Popular de Madrid por sacar adelante el proyecto de unificación de las sedes judiciales en el barrio de Valdebebas arrancó en enero, cuando tras quedar desierto el concurso público para construir y explotar la Ciudad de la Justicia durante 40 años, el Gobierno de Ayuso optó por iniciar una negociación privada con diez grandes constructoras: Aldesa, FCC, OHLA, Rover Grupo, Sacyr, Dragados, Azvi, Ferrovial, Concesiones de Infraestructura, Iridium (ACS) y Acciona. 

Sólo las dos últimas, dirigidas por Florentino Pérez y José Manuel Entrecanales,  respondieron favorablemente a iniciar conversaciones con el Ejecutivo madrileño de cara a hacerse con los 2.547,3 millones de euros que se dispusieron en la anterior licitación a cambio de levantar las sedes judiciales. Y lo hicieron asociándose en un consorcio y a cambio de nuevas exigencias a la Comunidad de Madrid que no han sido reveladas. 

Los planes de Ayuso pasaban por adjudicar esta obra en el mes de abril, pero tanto fuentes de la Consejería de Presidencia, encargada del proyecto, como del entorno empresarial del mismo dan por sentado que no se resolverá antes de los comicios. Los tiempos del procedimiento administrativo necesario para conceder la obra están en manos de seis funcionarios que componen la Mesa de Contratación de la Consejería, un órgano independiente con plazos propios. "La parte política ha sido pulcra", defienden desde el entorno de la presidenta. 

Estos funcionarios son, según la Comunidad de Madrid, los encargados de valorar la documentación administrativa requerida en los pliegos. En ellos debe constar que las empresas cumplen con la solvencia requerida, que los aspectos técnicos están en línea con los criterios de adjudicación y la propuesta económica. La negociación parte de una oferta inicial presentada por parte de ACS y Acciona, y a partir de ahí se acuerdan modificaciones, tanto en lo financiero como en los requisitos del proyecto. 

Cuarto intento de sacarla adelante

La historia de la Ciudad de la Justicia es, hasta el momento, el cuento de nunca acabar. Planteada como la mayor infraestructura judicial del sur de Europa, tiene el objetivo de agrupar las 28 sedes judiciales de Madrid en un único complejo situado en el PAU de Valdebebas, al norte de la capital. La diseñó Esperanza Aguirre en 2004 y la trató de resucitar Ignacio González en 2015, sin éxito. Tras ser desechada en el breve gobierno de Cristina Cifuentes, volvió a resurgir de la mano de Díaz Ayuso. Las previsiones fijaban en 33.000 personas diarias las que harían uso de los 17 edificios a levantar, que debían estar listos en el segundo semestre de 2027. 

En su último intento, Ayuso lanzó la licitación en pleno mes de agosto, sin más publicidad que la estrictamente necesaria y valorando la concurrencia a arquitectos que acreditasen haber firmado un proyecto valorado en mínimo 150 millones de euros. El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) fue el único ente que recurrió el proyecto, alegando incumplimientos de la nueva Ley de Arquitectura, pero el Tribunal Administrativo de Contratación Pública rechazó el recurso y siguió adelante con la licitación, a la que no se acabó presentando nadie.

La fórmula planteada entonces se basaba en el modelo de concesión, de forma que el sector privado construiría el complejo en cinco años y lo gestionaría y explotaría durante otros 35. La concesionaria sería la encargada de invertir 507,5 millones en el primer momento para levantar los edificios en un plazo de cuatro años, y posteriormente mantenerlos hasta 2062, cuando revertirían al patrimonio regional. 

En este tiempo, la Comunidad de Madrid tendría que abonar 2.547 millones, unos 70 anuales desde que se concluyera y recepcionase la obra; a lo que se sumarían otros 324 millones de la explotación de los inmuebles auxiliares (oficinas, parking público, centro deportivo, cafeterías, escuela infantil o locales) durante todo el período, una cifra que eleva el negocio hasta los 2.872 millones. Pero las constructoras no lo vieron viable por el alza de precios del personal, los materiales y los tipos de interés, y dejaron desierto el concurso. La primera piedra estaba lista para mayo de 2023, hito que nadie considera probable a estas alturas.