Ciudadanos aplicará un mismo impuesto de sucesiones en toda españa para fortunas de más de un millón

Ciudadanos aplicaría un impuesto de sucesiones igual en todas las comunidades autónomas, del que dejaría exentos a las herencias de menos de un millón de euros y la vivienda habitual, y reduciría al 20% el impuesto de sociedades, pero eliminando todas las deducciones.
Así lo expuso hoy el economista Luis Garicano coordinador del programa económico del partido, del que hoy se expuso la propuesta fiscal. Garicano partió de que el mayor problema fiscal de España es el desempleo, porque si el paro fuera del 10%, el Estado ya estaría en superávit fiscal. Y también dio importancia a reducir el fraude fiscal, cosa que, dijo, no se ha querido hacer porque los que hacen las normas están vinculados con quienes defraudan. No obstante, también detalló una serie de modificaciones impositivas.
En cuanto al IRPF, se establecerían tres tramos: del 18% para rentas más bajas de 22.500 euros, del 28% para rentas hasta 75.000 y del 42% para rentas a partir de ese umbral. A las primeras rentas, las más bajas, se les descontaría el dinero que se les asignaría por medio del llamado complemento salarial si trabajan y cobran menos del salario mínimos, que ya anunció Ciudadanos hace semanas. Según detalló, la tercera parte de los trabajadores están en esta situación.
Garicano afirmó que el impacto de la reforma en la recaudación sería de en torno al 0,7% del PIB, pero la reactivación económica que supondría, según sus cálculos, subiría un 1%. También se defendió de las críticas de falta de equidad que ha recibido ya su propuesta fiscal asegurando que la justicia se salva precisamente con el complemento salarial, dotado con el doble de montante total que la reducción de impuestos. El IVA, como ya había adelantado el presidente del partido, Albert Rivera, en su introducción a la conferencia de Garicano, se situaría en un 18% el tipo general y el 7% el tipo reducido.
Respecto al impuesto de sociedades, Garicano explicó que el tipo se reduciría del 30 al 20%, pero se eliminarían todas las deducciones que hacen que el tipo efectivo esté en el 18% y él interpreta que se introducen por presiones de allegados a los miembros del Gobierno, que se introducen sin que nadie se dé cuenta. El impuesto de sucesiones, por su parte, se armonizaría en todas las comunidades para que herencias millonarias pasen sin impuestos, y en cambio las clases medias no lo pagarían.
En cuanto a los impuestos especiales, Garicano dijo que primero se fomentaría la competencia entre operadores, para evitar sus “márgenes de beneficio absurdamente altos” y sólo después se introduciría una fiscalidad progresiva en estos gravámenes. Finalmente, apuntó que se eliminarían las diputaciones provinciales y se fusionarían los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, dentro de una reforma administrativa que se detallará más adelante.
FRAUDE FISCAL
Después de Garicano, habló el gestor fiscal Francisco de la Torre, quien esbozó sus medidas para combatir el fraude fiscal: por ejemplo, simplificar la contabilidad de las pymes para mejorar el control, combatir la evasión fiscal haciendo que las sociedades imputen a sus propietarios y pasar el control de las sicav de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la Inspección de Hacienda.
También propuso obligar a los bancos a informar de las operaciones de sus clientes e paraísos fiscales, instaurar el derecho a pagar con tarjeta cualquier importe de más de 10 euros para que quede constancia de los pagos (y a cambio, negociar con los bancos una rebaja de las comisiones de los cajeros), obligar a los beneficiados de la amnistía fiscal de 2012 a abonar el 10% y no el 3%, limitar el sistema de módulos a los empresarios que facturan más del 75% a consumidores finales y poner en marcha un plan de choque para agilizar el cobro de defraudadores fiscales; a su modo de ver, considerarlo un delito es “un fracaso” porque sólo hay 150 presos por este motivo y quedan pendientes de cobro 6.000 millones, porque la deduda queda suspendida en estos casos.
Finalmente, aseguró que, aunque el impacto del complemento salarial y la reducción de recaudación sea del 0,7% del PIB, la reforma de la Administración permitirá incrementarlo un 0,5%, la reforma del impuesto de sociedades otro 0,5% y la lucha contra el fraude un 2%.