Ciudadanos presiona al PP para poner fin al mercado de 'ayudas fiscales a la carta'

  • Lanza una iniciativa para auditar los 30.000 millones que el Estado gasta cada año en incentivos fiscales y cuya eficacia Hacienda admite no evaluar
Presupuesto de Beneficios Fiscales
Presupuesto de Beneficios Fiscales

Ayudas al transporte, a la contratación de planes privados de pensiones, a la contratación de personal fijo, a la creación de un negocio propio, a la realización de proyectos de I+D, a la financiación de proyectos culturales...un listado tan amplio y variado que buena parte de los contribuyentes son incapaces de dominar y, por tanto, de disfrutar. Más de 30.000 millones de euros anuales en incentivos fiscales que los sucesivos gobiernos han ido concediendo en función de sus prioridades políticas y, por qué no decirlo, de la capacidad de presión de los colectivos más adeptos a su ideología y que se han consolidado en el sistema fiscal sin que nadie haya hecho el más mínimo esfuerzo por evaluar si cumplieron o no el objetivo para el que fueron creados.

No lo hicieron tras su creación, aunque solo fuera para determinar si habían 'acertado' o no con su puesta en marcha, y tampoco la hicieron cuando el embate de la crisis sobre los ingresos fiscales obligó en su momento al Gabinete Zapatero y posteriormente al Gabinete Rajoy a suprimir alguno de ellos para ganar oxígeno presupuestario. Hoy el Presupuesto de Beneficios Fiscales se ha recortado alrededor de una tercera parte respecto a antes de la crisis - llegó a superar los 45.000 millones y ahora se mueve en torno a los 30.000 -, pero sigue sin tener control alguno, como reconoció la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda al Tribunal de Cuentas (ver 'Mira También') cuanto éste decidió al fin poner el foco en este asunto.

El informe del órgano de supervisión de las cuentas públicas ha sido precisamente el detonante de una iniciativa que Ciudadanos acaba de llevar a la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para poner de una vez por todas control sobre este asunto. ¿Su objetivo? Por una parte, auditar el Presupuesto de Beneficios Fiscales para determinar tanto la eficacia de los incentivos (si cumplen el objetivo para el que se crearon o simplemente abaratan la factura fiscal de un grupo más o menos amplio de contribuyentes) como su eficiencia (si el gasto administrativo que supone su existencia se compensa con la actividad económica adicional que supuestamente generan). 

Por otra, establecer algún tipo de control sobre su aprobación, de modo que deje de ser una suerte de prerrogativa gubernamental que se puede utilizar cuando se considera más oportuno, y se convierta en un instrumento real de política fiscal, para cuya activación se exijan una serie de requisitos. Lo que pretende Ciudadanos, según se recoge en su proposición que viene firmada por los diputados Vicente Ten, Francisco de la Torre y Toni Roldán, es que cada propuesta de activación de un nuevo beneficio fiscal venga acompañada de una memoria que justifique la oportunidad y necesidad de su aprobación, y que detalle el impacto económico esperado, el número de potenciales beneficiarios y el periodo durante el que estará vigente, de modo que se pueda supervisar a posteriori si el incentivo funcionó o no.

Un sistema para controlar 30.000 millones de euros

Nada de eso se hace a día de hoy. En su respuesta a los requerimientos del Tribunal de Cuentas, la Dirección General de Tributos admitió el nulo control que el Gobierno realiza de estos 30.000 millones de euros de recursos públicos, más de 40.000 millones si se tienen en cuenta los incentivos no tributarios existentes en el ordenamiento. El órgano encargado de la regulación de los impuestos en España confesaba al Tribunal de Cuentas que no hay órgano alguno que se encargue de controlar cómo se aplican, que aunque lo hubiera no habría personal suficiente para realizar esa tarea y que a día de hoy Hacienda incluso desconoce la ejecución real de esos incentivos. Es decir, que el Gobierno tiene en funcionamiento 631 incentivos fiscales, cuyo supuesto impacto presupuestario se calcula a los únicos efectos de elaborar los Presupuestos pero cuyo impacto real ni se conoce ni parece que haya interés alguno en conocer

El informe del Tribunal de Cuentas iba aún más allá y cuestionaba también el control que de estos incentivos se hacía en el procedimiento de inspección fiscal que corresponde a la Agencia Tributaria. Un comentario inquietante porque basta con preguntar a algún ex alto cargo del Ministerio de Hacienda para que admita, abierta o veladamente, que una parte de esos incentivos fiscales tienen nombre y apellido, es decir, que se crearon para beneficiar a contribuyentes determinados. Es reseñable que la escasas veces que ha salido a la palestra el debate sobre publicar los nombres de los principales beneficiarios de los incentivos fiscales, las autoridades de Hacienda, de ahora y de antes, hayan rechazado de plano esa posibilidad.

Ciudadanos está determinado a, al menos, intentarlo. Su propuesta plantea desarrollar sistemas de evaluación que permitan medir si los incentivos fiscales creados funcionaron o no, publicar anualmente un informe con el coste real del Presupuesto de Beneficios Fiscales, de modo que cualquiera pueda comparar lo que se presupuestó con lo que efectivamente se ejecutó - esto sería especialmente interesante en el caso de los incentivos fiscales a la I+D - e incrementar la dotación de personal dentro de Hacienda y de la Agencia Tributaria para controlar tanto la aplicación de estos impuestos como su posterior inspección fiscal.

Atención, porque el problema no es solo del Estado. Según ponía de manifiesto el Informe 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2018' del Registro de Asesores Fiscales (REAF) las comunidades autónomas han aprobado ya 732 deduciones, reducciones y otro tipo de incentivos fiscales, cuyo alcance en algunas ocasiones no llega ni a 10.000 euros y cuyo número de beneficios en algunas ocasiones se puede contar también con los dedos de las manos. "Un ejemplo genuino de ineficiencia fiscal", dijeron los autores en la presentación del informe.

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