El Gobierno está valorando la posibilidad de condicionar las ayudas directas del nuevo paquete de apoyo a la solvencia empresarial al mantenimiento de las plantillas. Según avanzan a La Información fuentes conocedoras de los flecos del plan que se está terminando de perfilar para su aprobación en el Consejo de Ministros de este viernes, los departamentos de Asuntos Económicos y Hacienda, principales involucrados en la fase final del diseño de las transferencias, están estudiando distintas fórmulas para esa suerte de 'cláusula antidespido' que evitaría un ajuste masivo de plantillas durante los meses posteriores a la percepción de las ayudas por parte de las compañías en riesgo de insolvencia. La estrategia gubernamental pasa por acompasar la protección del tejido productivo con la salvaguarda de los puestos de trabajo, de acuerdo con las fuentes consultadas.
La idea está en la línea de la cláusula de compromiso de mantenimiento del empleo que obliga a las empresas que hayan hecho un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a mantener intactas las plantillas durante un plazo de seis meses desde la reanudación de la actividad y a devolver las exoneraciones de cotizaciones sociales de las que se hubieran beneficiado en caso de despido de alguno de los trabajadores afectados por el ERTE. Y encaja en la filosofía del Ministerio de Trabajo, que ha encarecido las extinciones de contratos por voluntad del empresario al considerar injustificado el despido por causas relacionadas con la crisis sanitaria, una medida que ha provocado resoluciones judiciales contradictorias respecto a la consideración de estos despidos como nulos o improcedentes.
Además, la iniciativa cumpliría con las demandas expresadas por el ala de Unidas Podemos en el Gobierno, en concreto, desde la Vicepresidencia de Pablo Iglesias. Los socios de la coalición han puesto sobre la mesa que, para evitar abusos por parte de las empresas y casos de mala utilización de los fondos públicos, las ayudas directas deben quedar condicionadas a ciertos objetivos, siendo el principal el mantenimiento del empleo. En concreto, en el documento de 'observaciones y comentarios generales al Real Decreto- Ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19', plantean obligar a las empresas a mantener entre un 70% y un 80% del empleo en 2021 y 2022, bajo castigo en forma de devolución de las ayudas en caso de incumplimiento.
El porcentaje planteado por Unidas Podemos daría todavía un colchón no menor a las empresas para poder ajustar sus plantillas en hasta un 30% de los puestos de trabajo existentes en el momento de percibir las ayudas. En cualquier caso, no hay nada cerrado. Economía y Hacienda están evaluando cuál sería la fórmula más adecuada para garantizar que las compañías beneficiarias de las transferencias directas del Gobierno para sobrevivir a la crisis Covid no terminan por ejecutar un aluvión de despidos en los próximos meses, pero buscan acompasar esta exigencia con un cierto nivel de permisividad en cuanto a la flexibilidad interna para evitar su ahogamiento. Así lo explican fuentes conocedoras de esta medida en estudio, mientras en los equipos de Nadia Calviño y María Jesús Montero guardan silencio.
Tanto la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno como la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos evitaron este martes concretar el contenido del paquete de 11.000 millones de euros y la proporción que se va a destinar al capítulo de ayudas directas. Ambas responsables gubernamentales se limitaron a negar que la aprobación del nuevo plan se esté retrasando por diferencias internas en el Gobierno y esgrimieron razones de "seguridad jurídica" para justificar la demora. Montero afirmó que no hay "presiones" ni "discusiones" y que se decidió postergar al viernes su valoración en Consejo de Ministros por "cuestiones técnicas", al tratarse de un decreto "complicado en el terreno jurídico". En cualquier caso, afirmó que faltan unos "retoques finales" y que el texto podría sufrir alguna modificación hasta el mismo viernes, ya que el Consejo de Ministros es "soberano" para alterar el contenido de la norma.
Habrá que esperar, por tanto, a finales de semana, para conocer el diseño final del plan de apoyo a la solvencia empresarial y, en su caso, el detalle de la cláusula de mantenimiento del empleo. De incluirse en el real decreto ley, el Gobierno podría abrir un nuevo frente con las patronales CEOE y Cepyme, que durante los últimos meses han criticado en no pocas ocasiones la obligación de mantener las plantillas intactas en los seis meses posteriores al ERTE y la prohibición tácita de los despidos por causa de la pandemia. Sí contentaría, en cambio, a los sindicatos, que han exigido a Calviño que vincule las ayudas al mantenimiento de la actividad y del volumen y calidad de empleo en las empresas que resulten beneficiarias.
Los empresarios representados en la patronal y las asociaciones de trabajadores autónomos defienden que el nuevo fondo debe contemplar al menos 6.000 millones de euros en ayudas directas. Esto es, en transferencias corrientes para que las compañías puedan hacer frente a sus costes tras el desplome de la facturación por las restricciones sanitarias, mientras la restructuración de las deudas financieras contraídas con el ICO con aval del Estado y los mecanismos de recapitalización deben ser instrumentos secundarios en el paquete de rescate que alumbrará el Gobierno transcurrido un año de pandemia. Como potenciales interesados en la nueva norma, los empresarios critican que el Ejecutivo no les ha ofrecido detalles sobre el contenido y el alcance de un plan que llevan meses reclamando.
Los sindicatos, por su parte, ponen el foco en el empleo. En una nota difundida este martes con motivo de la revisión del crecimiento para la economía española por parte de la OCDE, UGT comparte la necesidad de que no solo no se retiren los estímulos, sino de poner en marcha ayudas directas "bien dirigidas" a las empresas. La organización sindical considera "imprescindible" sostener la actividad de las compañías viables, pero también su empleo, para que "cuando se superen las dificultades sanitarias, se pueda relanzar la economía con celeridad e intensidad". El objetivo último es evitar una destrucción masiva de puestos de trabajo que agrave el escenario actual de 4 millones de parados y 900.000 trabajadores hibernados en los expedientes de regulación temporal de empleo.
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