El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) comprueba si los teléfonos de las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera fueron espiados durante el inicio de la crisis energética. Tras revelarse que los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sufrieron intrusiones ilícitas a través del programa Pegasus, el resto de terminales del Consejo de Ministros están siendo sometidos al mismo análisis. Los rastreos de los dispositivos comenzaron este martes y los de las vicepresidentas han sido los primeros, según ha podido saber este periódico. Por tandas, el CNI revisará los teléfonos de los 22 ministros y se espera que a finales de semana estén todos analizados. Hasta ahora se ha conocido que los accesos al móvil de Sánchez se produjeron el 19 y el 31 de mayo, en vísperas de la entrada en vigor de la nueva factura eléctrica.
Las fechas coinciden con semanas intensas, cuando Sánchez meditaba indultar a los líderes del procés y en plena ruptura de relaciones con Marruecos por acoger al líder del Frente Polisario en España, Brahim Ghali. El día antes del primer robo de información, el presidente del Gobierno visitó Ceuta después de que se produjese una llegada masiva de migrantes de forma irregular y en la misma fecha, el 18 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 30 millones de euros para que Marruecos controlase la inmigración. Esta partida estaba contemplada en los presupuestos generales del Estado (PGE) pero no es coincidencia que se aprobase justo cuando tuvo lugar la crisis migratoria.
El segundo acceso fraudulento al terminal del presidente se produjo el mismo día en que Marruecos y España intercambiaron dos duros comunicados que ponían de manifiesto la crisis en la relación entre ambos países. Tras el acceso de Ghali a España, Rabat criticó al Gobierno y afirmó que "no podemos luchar contra el separatismo en casa y fomentarlo en casa del vecino", contraponiendo el movimiento independentista catalán con el saharaui. "Durante la crisis catalana, Marruecos no optó por la neutralidad, sino que fue uno de los primeros en ponerse del lado de la integridad territorial y la unidad nacional de su vecino del norte de forma clara y contundente", insistía el comunicado enviado por el jefe de la diplomacia marroquí. Sánchez respondió que era "inaceptable" que Marruecos atacase las fronteras españolas y recordó a Rabat que no tiene "mayor ni mejor aliado dentro de la Unión Europea que España".
Pero más allá de la crisis diplomática, en materia energética también eran semanas intensas, la llegada de la nueva factura eléctrica, por tramos, copaba el debate sobre los precios del gas y la luz. Ante la amenaza de un encarecimiento histórico, el Ministerio de Transición Ecológica anunció un plan financiado con 1.600 millones de euros para potenciar el autoconsumo, las baterías, la climatización renovable y la rehabilitación energética. En cuanto a la nueva factura, finalmente, entró en vigor el 1 de junio de 2021 y antes de que terminase el mes, el 25 de junio, el Gobierno se veía obligado a aprobar medidas fiscales para reducir los precios que abonaban los consumidores. En concreto, se rebajó el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la luz del 21 al 10%, el impuesto especial sobre la electricidad, al 0,5% y se suspendió el impuesto de generación. Estas rebajas cumplirán un año el próximo mes, después de que el Ejecutivo se haya comprometido a su prórroga por los incrementos de los precios y como respuesta a las consecuencias de la invasión de Ucrania.
En el ámbito internacional, la crisis energética también salpicó a España por el conflicto entre Argelia y Marruecos. Entre otros asuntos, Argelia acusó a Marruecos de utilizar el programa Pegasus contra funcionarios del gobierno argelino. Unos meses después, el gasoducto que atraviesa Marruecos y que servía para trasladar gas argelino desde su origen hasta la península ibérica se cerró, por la ruptura de las relaciones bilaterales y porque no se renovó un contrato con Naturgy y Galp que concluía en octubre de 2021. Pese a las negociaciones e incluso un viaje de la vicepresidenta Teresa Ribera a Argel, se decidió cerrar el gasoducto Magreb-Europa (GME) a finales de octubre. Esto no ha ocasionado problemas de suministro a España pero sí ha dejado con menos alternativas a nuestro país para su aprovisionamiento. En la actualidad, el gas de Argelia llega a nuestro país a través de Medgaz, que bordea la costa argelina hasta Almería.
Los meses de mayo y junio también fueron fundamentales en el ámbito económico porque el Gobierno esperaba la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte de la Comisión Europea. Finalmente, este recibió luz verde el 16 de junio de 2021. Durante ese mes, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defendió a capa y espada la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo para lograr la recuperación económica tras la crisis del coronavirus.
Teléfonos analizados
Según confirmó la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el CNI tendrá acceso a todos los teléfonos móviles del "Ejecutivo actual", es decir, se incluyen incluidos aquellos ministros que no formaban parte del Ejecutivo en mayo de 2021. Por ello, la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, la titular de Política Territorial, la ministra de Educación, Pilar Alegría; la de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez y la de Ciencia, Diana Morant, deberán someter sus terminales al análisis de Inteligencia. También lo deberán hacer el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Sin embargo, el Ejecutivo excluirá de este primer análisis a los antecesores de estos ministros. Esto significa que aunque las carteras de Exteriores, Derechos Sociales o Justicia, y las demás mencionadas, las ocupaban otras personas, en esta primera fase, no se analizarán sus móviles. Tampoco se investigarán los teléfonos de los miembros de los gabinetes de cada ministerio ni de los secretarios de Estado, según confirman fuentes gubernamentales. Rodríguez defendió que la investigación será "permanente y dinámica", porque así es la amenaza. La portavoz del Gobierno aseguró que los resultados de estas investigaciones se comunicarán y si fuera pertinente se trasladarán a la Justicia.
La puesta en conocimiento del ataque a los teléfonos de Sánchez y Robles ha coincidido en el tiempo con la publicación de informaciones que aseguran que más de 60 líderes independentistas fueron espiados con Pegasus, entre ellos el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Sobre quién podría estar detrás del ataque a los miembros del Ejecutivo, el informe del CNI abre la puerta a dos hipótesis: un Estado externo o una empresa. A lo máximo que se podría llegar, admiten, es a saber desde dónde se han descargado la información sustraída.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios