¿Hay sentido que una sola empresa ostente el monopolio de ciertas rutas por carretera? La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cree que no en todos los casos y cuestiona la eficacia del actual sistema de concesiones de líneas del autobús y plantea emitir una recomendación para liberalizar los trayectos superiores a 100 kilómetros.
Así, el departamento de promoción de la competencia del regulador de los mercados espera elevar al Consejo del organismo en el segundo trimestre del año un informe sobre el transporte interurbano de viajeros por carretera donde analiza este sistema de concesiones. Según detalló la presidenta de este organismo, Cani Fernández, en su comparecencia esta semana en el Congreso de los Diputados, la intención de este informe es presentar recomendaciones de mejora para este sistema y valorar la propuesta de liberalización europea para largos trayectos.
Fernández, que acudió el miércoles a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Cámara Baja a presentar el plan estratégico de la CNMC, reconoció que este sistema de concesiones actual "no es un sistema que favorezca la competencia". En la actualidad, en España la competencia en el transporte en autobús tiene lugar por la consecución del contrato de explotación de una determinada ruta en el momento en que una Administración pública, estatal o autonómica, la saca a concurso.
Una vez que la empresa logra la explotación de ese recorrido, lo hace en régimen de monopolio. Así, la estructura del sector presenta aún la posibilidad de aumentar la competencia promoviendo que sean varias las empresas de autobuses que den servicio en un mismo trayecto, informa Ep.
No es la primera vez que este sistema de concesiones ha sido cuestionado por parte de la CNMC, que en diciembre de 2019 recomendó aumentar la competencia en el transporte interurbano de viajeros en autobús mediante la revisión del sistema de concesión. Y es que entonces la CNMC inició un análisis para analizar las distintas "experiencias de liberalización" del sector emprendidas en otros países europeos y "su posible aplicación en España", en un proceso que comenzó con una consulta pública y abierta sobre el transporte en autobús.
En su cuestionario, este organismo preguntó sobre si este transporte responde a las necesidades del usuario y cuenta con suficientes servicios y conexiones con otros modos. Asimismo, el 'superregulador" recabó opiniones sobre si "la existencia de varias empresas ofertando sus servicios sobre las mismas líneas mejoraría el atractivo del autobús frente a otros medios de transporte".
