Primero fue la Comisión Europea y ahora ha sido la recién renovada Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que ha puesto en el punto de mira la política de descuentos a grandes clientes aplicada por Correos y denunciada desde hace años por su presunta agresividad y por su supuestamente opaca financiación por la patronal de empresas postales privadas, Asempre. Competencia ha apreciado indicios de que la empresa del Estado ha ido más allá de lo tolerable en las rebajas que ofrece a los grandes clientes - emisores masivos de envíos postales, como bancos, eléctricas o Administraciones Públicas - para adjudicarse sus envíos postales y de que esta práctica se ha modulado para desactivar 'de facto' la capacidad competitiva del resto de las empresas del sector, llegando a ofrecer el servicio incluso por debajo del coste en determinados casos.
Después de un año y medio de investigación, Competencia ha concluido que debe fiscalizar de forma directa la actividad de Correos en este segmento y ha decidido adoptar como medida cautelar que el operador postal publico le remita con regularidad trimestral "las ofertas enviadas y los contratos celebrados con grandes clientes", al objeto de comprobar que éstas no exceden los límites regulados en los descuentos máximos aplicables por el operador a clientes minoristas. Correos ha declinado valorar las medidas cautelares adoptadas por Competencia.
La CNMC considera verosímil, a partir de la información proporcionada por la patronal de empresas postales, Asempre, el relato de que Correos ha ido más allá de los descuentos máximos aplicables a clientes minoristas según las tarifas oficiales validadas por Competencia cuando ha visto que un competidor mejoraba sus ofertas y que esta política ha hecho que las empresas postales competidoras del operador estatal hayan visto reducida su capacidad para competir como consecuencia de ello. De hecho, el expediente incorpora información sobre al menos dos casos en los que Correos habría reducido de forma considerable la agresividad de sus ofertas tras la desaparición del mercado de Unipost, su principal competidor.
Competencia admite que ha acelerado la adopción de medidas cautelares contra Correos porque de aquí al final del verano se negociarán la mayoría de los contratos postales con grandes clientes y que, por tanto, "el retraso de la decisión podría tener un impacto de difícil o imposible reparación" en caso de que de la resolución final del expediente - aún en proceso - se desprendiera que la operativa de Correos es anticompetitiva. "En el caso de que los competidores de Correos no se hicieran con una masa crítica de clientes en la negociación de 2020 podría constituir el punto de inflexión que dificultara su permanencia en el mercado", asegura el expediente.
Correos, en la encrucijada
La resolución de Competencia es el segundo revés que recibe el operador postal público en apenas un mes en relación a su política de captación de grandes clientes. La decisión de la Comisión Europea respecto al conflicto entre Correos y sus competidores a propósito de la retribución recibida del Estado entre 2010 y 2019 por la empresa pública en compensación la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) - que según sus competidores el operador público utiliza para ofrecer precios por debajo de mercado en el segmento abierto a la competencia - ha dejado negro sobre blanco el principio de que Correos no podrá incluir sus servicios a grandes clientes dentro del segmento del SPU.
El asunto no es pacífico ya que desde la compañía se sostiene que hay al menos una parte de ese negocio postal que es encuadrable dentro del SPU, ya que los envíos se realizan también a zonas donde el servicio no es rentable y por tanto debería ser compensado por el Estado. El referencial informa de la Autoridad Fiscal sobre el operador postal ya manifestaba la ineficiencia del modelo de descuentos a grandes clientes de Correos, que según la información recabada por Airef aplicaba descuentos medios de hasta el 53% a los grandes clientes y del 43% a pequeñas empresas al tiempo que aplicaba las tarifas estándar sin ventaja alguna a los particulares.
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