La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga a varias entidades financieras por la concesión de créditos ICO-Covid, para averiguar si ha habido actos desleales, como la vinculación a productos como seguros, alarmas o televisores. El organismo ha informado en un comunicado de que continuará realizando los requerimientos de información pertinentes a las entidades financieras que puedan verse afectadas por dichas prácticas, con el objetivo de determinar si sus actuaciones son compatibles con las normas de competencia.
Así, la CNMC continúa las investigaciones que arrancaron durante los meses del confinamiento gracias a la puesta en marcha del buzón de denuncias (covid.competencia@cnmc.es). Con dicha iniciativa, buscó centralizar todas las denuncias y consultas de ciudadanos y empresas referidas a la aplicación de las normas de competencia en el contexto de la pandemia.
Tras más de seis meses de funcionamiento del "buzón Covid", el sector financiero ha sido el que más consultas y denuncias ha generado por las posibles infracciones de la normativa de competencia. En este sentido, a raíz de las primeras consultas recibidas y de varias noticias publicadas en los medios de comunicación, la CNMC inició diligencias previas y realizó una serie de requerimientos de información a diversas entidades financieras.
Tras el análisis de la información recabada, la CNMC ha detectado la existencia de una serie de actuaciones que podrían vulnerar la normativa de competencia. En estos momentos, la Comisión está analizando la vinculación de productos cruzados a la hora de comercializar los préstamos ICO Covid (entre otros, seguros, servicios de alarma o la compra de televisores), la utilización de dichos créditos como mecanismo para restructurar productos financieros preexistentes, así como el pago de gastos iniciales por parte de los beneficiarios de los créditos, con carácter previo al desembolso de los fondos correspondientes a los créditos concedidos.
Por todo ello, la CNMC investiga si dichas actuaciones podrían constituir una conducta desleal que, por falsear la libre competencia, afecte al interés público en un contexto de crisis derivada de la Covid-19 y, por tanto, constituir una infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
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