La CNMC sigue actuando contra lo que consideran una legislación abusiva en el campo de los pisos turísticos y planea acciones legales contra las medidas que se aprobaron en las Islas Baleares, según confirman fuentes cercanas al proceso. De hecho, esta no será la primera vez que el regulador de la competencia llegue a los juzgados por un tema de este tipo, ya que lo ha hecho en ocasiones anteriores en las que ha considerado que las normas vulneraban el derecho de los consumidores.
La regulación de Baleares es una de las más restrictivas de todo el panorama nacional. Entre sus páginas se incluye la zonificación, es decir, la división del territorio en zonas en las que se puede alquilar una vivienda de esta naturaleza y otras en las que no -normalmente, al igual que ocurre en Canarias, las más turísticas se quedan fuera-. Además, también limita el tiempo máximo que se puede alquilar la misma vivienda a un turista -nunca podrá superar un mes-.
Más allá de las normas propias de la comunidad autónoma, la ciudad de Palma de Mallorca ha puesto sobre la mesa las suyas propias entre las que se incluyen la imposibilidad de arrendar propiedades para uso turístico si están en edificios plurifamiliares. De esta forma, solo se podrán arrendar a través de plataformas al estilo de Airbnb, los chalés o casas unifamiliares dentro de la ciudad.
Pero por lo general la CNMC no tiene una intención beligerante a nivel legal desde el primer momento. Competencia opta por recomendar el cambio de paradigma, tal y como hizo al proponer la unificación de toda la normativa a nivel nacional, con el fin de evitar la confrontación. En el momento en que la vía 'pacífica' se termina, tal y como confirman desde Competencia, es cuando se lleva al terreno legal.
En los últimos tiempos, este organismo ha llevado ante los tribunales la impugnación de siete normativas alrededor de la vivienda turística y ha detectado varios ejemplos de 'malas prácticas' alrededor de este tipo de reglamentos. De ellas, cinco se han llevado a cabo en los últimos dos años: dos en 2017 y tres más durante este año.
El año pasado se impugnaron las de Galicia y Castilla y León y durante este ejercicio, el proceso siguió con las de Madrid -donde se actuó sobre las condiciones de aplicación y la suspensión de licencias en varios distritos -, la modificación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao y la ordenanza reguladora del uso urbanístico de vivienda turística en San Sebastián.
Algunas de ellas se han escudado en la falta de razones de interés general -como la estancia mínima de 5 días en el caso de Madrid-, otras en su naturaleza "excesivamente inclusiva", según la confirma la propia CNMC, -el caso de Galicia que obliga a que exista un interruptor al lado de la cama- y otras que se basan en "supuestas externalidades negativas, pero que no las miden adecuadamente", como el auge de precios del alquiler tradicional.
La realidad del auge de los precios del alquiler
Varios ayuntamientos, como el de Madrid o el de Barcelona, y otras tantas comunidades autónomas, han basado sus normativas en la premisa de que el auge de las viviendas de alquiler turístico creaba una burbuja en el campo del arrendamiento tradicional, el de larga estancia. En este sentido, la CNMC recordó a través de un informe en el mes de agosto que "no existe evidencia concluyente" de que este motivo esté detrás del aumento de precios.
"No existe una relación directa y exclusiva entre la oferta de viviendas turísticas y el precio de las viviendas", señalaban, y ahora ponen sobre la mesa cifras que respaldan esta afirmación. En diversos estudios realizados en varios países del mundo alrededor de esta máxima, se explica que la proliferación de viviendas turísticas apenas supone un aumento de precios de hasta el 2%, por lo que el 98% restante se correspondería con otros factores, entre los que destaca la escasez de oferta.
En este sentido, Competencia ha tenido que enfrentarse a otros actores de la escena pública, como la CNMV, que han defendido a capa y espada la idea de que las plataformas al estilo de Airbnb se encuentran tras el auge de precios. "En determinados núcleos urbanos, el uso vacacional de las viviendas alquiladas también ha repercutido significativamente en el alza de los precios de los alquileres", señalaba hace poco más de un mes la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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