El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que transpone la Directiva europea que obliga al establecimiento de un canal de denuncias anónimas por abuso de mercado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según ha comunicado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, se trata de un Real Decreto-ley, denominado "omnibus" que transpone tres directivas europeas y algunos reglamentos.
En concreto, contiene medidas que completan la transposición de la Directiva europea de ejecución sobre el abuso de mercado que obliga a establecer un canal de denuncias anónimas por abuso de mercado en la CNMV, una cuestión "muy técnica pero que tiene muchísimo impacto en la vida de los ciudadanos", ha asegurado Celaá. "Se trata de que, si hay abuso de mercado, valen las denuncias anónimas para proteger a los usuarios", ha explicado la portavoz del Ejecutivo, quien ha recordado que el plazo para transponer esta Directiva venció en julio de 2016.
La CNMV ya puso en marcha en enero, a través de su página web, un canal de comunicación de posibles infracciones de normas de ordenación y disciplina de los mercados de valores para garantizar la protección del informante y la calidad de la información recibida, como respuesta a las obligaciones contempladas en la normativa europea y, en concreto, al Reglamento de Abuso de Mercado Nº596/2014 y su desarrollo y en MiFID II, que estaba pendiente de ser transpuesto en la legislación española.
El Real Decreto aprobado también se refiere a la necesidad de incluir determinadas obligaciones referidas a la relación de comunicación y materia de intercambio de información que tiene que existir entre la CNMV y el Banco de España. Por último, la tercera transposición hace referencia a las nuevas fórmulas de servicios de pago, ya sea por sistema telefónico o Internet. "Son garantías sobre los nuevos sistemas de pago que vienen a beneficiar a los usuarios", ha apuntado Celaá. Asimismo, este Real Decreto-ley "omnibus" incorpora reglamentos que se adaptan a la legislación española, si bien la portavoz no ha dado más detalles al respecto.
Celaá ha subrayado el "trabajo fino y muy profundo" del Ministerio de Economía y Empresa en la elaboración de la nueva ley y ha recordado que el Gobierno tiene 37 directivas sin transponer, de las que muchas están judicializadas o a punto de serlo, lo que puede conllevar altas sanciones para España. Así, ha destacado que el Ejecutivo continúa avanzando el proceso de adaptación del marco de ordenamiento interno español a la normativa europea y a las recomendaciones de los principales organismos internacionales.
En este sentido, ha recordado que en diciembre los países de la UE deberán presentar ante el Ecofin el llamado 'scoreboard' de transposición de directivas. "Íbamos a quedar muy mal y ahora estamos mucho mejor", ha celebrado Celaá.
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