Coag y upa cuestionan el contenido democrático de las elecciones agrarias propuestas por el ministro arias cañete


La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) cuestionaron este lunes en el Congreso de los Diputados el “contenido democrático” de las elecciones establecidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para designar a los miembros del Consejo Asesor Agrario.
Así lo expresaron en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados los secretarios generales de estas dos organizaciones, Miguel Blanco y Lorenzo Ramos, que comparecieron con motivo de la tramitación del proyecto de ley que regula estas consultas.
De hecho, Blanco advirtió que en el caso de COAG, sus miembros se plantean incluso denunciar ante el Tribunal Supremo esta normativa, de la que expresó también dudas sobre si es o no necesaria, ya que existe una ley, de 2009, que regula la representación agraria.
En la misma línea, Ramos, que también contempla llevar la ley a los tribunales, afirmó que “es de todo punto innecesario modificar la actual regulación” que, según recordó, “tuvo un amplio consenso político y social”.
Asimismo, criticó que el futuro Consejo Asesor Agrario tenga las mismas competencia que e el actual Comité Asesor Agrario, ya que mantiene su carácter consultivo, el mismo calendario de reuniones y la ausencia de obligación del Gobierno para asumir sus informes y dictámenes.
Entre otros aspectos, COAG y UPA denuncian que el hecho de que se trate de una consulta no sometida a la ley electoral general plantea problemas con respecto a la formación de las juntas electorales, el voto por correo, la utilización del censo electoral, las campañas electorales y los gastos y subvenciones relativas a dicha consulta.
Critican también que en ese proceso se elijan organizaciones y no personas. El número de mesas electorales previsto que consideran insuficiente o que no se plantee que votan solo los agricultores y ganaderos profesionales o las personas jurídicas que tienen como objeto exclusivo una actividad agraria.
Además, cuestionan que esa consulta, que debe celebrarse cada cinco años, sirva para determinar el nivel de acceso a las ayudas públicas y el uso del patrimonio agrario.
ASAJA LA VE NECESARIA
Por su parte, el secretario general de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Juan Sánchez-Brunete, pese a cuestionar algún aspecto de la nueva ley, sí la consideró necesaria porque “el sistema no funciona”.
A este respecto, denunció que actualmente solo 3 comunidades autónomas siguen el proceso para determinar la representatividad agraria y que otras tan importantes como Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o Murcia no lo hacen.
“Es necesario ajustar la representatividad”, afirmó Sánchez-Brunete, quien tampoco se mostró contrario a que participen en el proceso electoral agricultores no profesionales. Sí criticó que “todo se ha hecho muy precipitadamente”.

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